Otra historia (III)

El pasado 10 de febrero, en La Habana, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregó su colección final de 14 estudios que comprenden varios centenares de páginas.

Como las voces son múltiples y no hay ningún tipo de consenso ni versión oficial o conjunta, este servidor quiere poner a disposición de los lectores la disertación que hizo durante la plenaria de clausura ante la Mesa de negociación.

( … ) Para tales efectos, estas agrupaciones se han valido de dos tendencias adicionales: violación sistemática del orden humanitario internacional (y de lo establecido en el Estatuto de Roma) y neoinjerencismo, o sea, el apoyo sostenido y escalonado de varios procesos revolucionarios hemisféricos: el cubano, el sandinista y el bolivariano.

En suma, un conflicto de poder entre autoritarismo (con alto egotismo subversivo) y democracia en perfeccionamiento constante; democracia que, mediante una constante autorregulación estratégica, ha superado déficit y disfunciones como las provocadas por agentes estatales que, enajenados, alienados y embargados por conductas aberrantes y desviadas, han incurrido (envueltos en un paroxismo contrainsurgente) en violaciones de derechos humanos alejándose de las legítimas políticas de seguridad y defensa que, con base en la prevención, la transformación, la anticipación y la coordinación interactiva, han venido desarrollando las Fuerzas Armadas.

En definitiva, es apenas comprensible que la ciudadanía reclame de estos grupos que su eventual readaptación al sistema democrático suponga, por lo menos: 

(a) Que se disuelvan como organizaciones armadas;

(b) Que renuncien definitivamente a la violencia como metodología política;

(c) Que diluyan el victimismo exculpatorio y se sometan a la justicia en una modalidad que sea lo suficientemente punitiva como para que no se considere una afrenta a las víctimas y una evasión de la responsabilidad.

(d) Que reparen a las víctimas utilizando para ello sus cuantiosos recursos económicos circulantes en los canales legales e ilegales tanto a escala nacional como transnacional, y

(e) que se comprometan de manera verificable y responsable tanto a no repetir su conducta terrorista como a fortalecer el tejido social e institucional colaborando con la sociedad para desmantelar todos los actores y factores promotores del crimen organizado.

Fin.