POLÉMICA NACIONAL
¿Blindaje al Proceso?
PARECE clara la preocupación que puede tener en este momento la guerrilla de las Farc sobre cómo garantizar política y jurídicamente que los acuerdos logrados en el marco del proceso de paz de La Habana no sufran modificaciones o se caigan. Para ello es indudable su interés en encontrar fórmulas que les garanticen este fin y resultado de ello fue los que los colombianos conocimos estos días sobre la manera en la que, utilizando una norma del derecho internacional humanitario, se convino este procedimiento e incluso se redactó un artículo que busca ser incorporado a un proyecto de reforma que ya se encuentra en estudio en el Congreso de la República y que según el negociador principal de las Farc, Iván Márquez, debe aprobarse de forma literal.
No digo que tal preocupación no sea justificable, pero como ya mencionamos en su oportunidad, casos hemos visto, como que la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra integrantes del denominado Movimiento guerrillero M-19 que fue amnistiado e indultado en el pasado, y que pese a esto se los haya llamado a declaración treinta años después de los hechos del Palacio de Justicia. Eso lleva necesariamente a que las Farc quieran blindar la totalidad de fórmulas y acuerdos a los que han llegado para que en el futuro sea imposible reabrir un proceso en su contra.
Ahora bien, esta receta por lo delicada y espinosa que es, ha levantado una serie de críticas que van desde que en La Habana lo que se hizo es una especie de pequeña Constituyente a espaldas del pueblo colombiano, o que deja al Congreso de la República como una institución incapaz de discutir el texto del acuerdo, o que se ha caído en el error de equiparar la guerrilla a un Estado y que esta obtenga su reconocimiento de fuerza beligerante, que pasa a ser considerada como parte de un tratado internacional, lo que sin duda es un exabrupto jurídico. Siendo éstas unas pocas de las señaladas por analistas y juristas en los distintos medios de comunicación.
Lo cierto de este asunto es, como lo hemos dicho tantas veces, que si no se le cuenta a los colombianos la totalidad de lo que se acuerda en los diálogos de La Habana, las dudas avivan las críticas y merman la confianza del pueblo ante una política de paz que, pese a volverme repetitivo, debe ser de Estado y no de gobierno. Ha dicho el Presidente de la Republica que lo importante del proceso es que la guerrilla está reconociendo el Estado de Derecho. Un trascendental paso, sin duda, siempre que se entienda que la salida al conflicto armado en una democracia solo es posible si se tiene la voluntad de respetar la Constitución, dejar las armas e incorporarse al Estado de Derecho. Pero ello significa aceptar responsabilidades y por sobretodo que la fórmula que se acuerde no sea una afrenta a la Ley, que respete la voluntad del pueblo colombiano y genere un clima de paz y confianza muy distinto a la grave polarización que vivimos.
Por todo lo anterior, el Presidente debe convocar a un acuerdo de los líderes de las fuerzas políticas en el que se informe cuáles son los verdaderos acuerdos y de esta manera construir una salida política, sólida y por tanto duradera a tantos años de conflicto armado y, por otra parte, ser conscientes de que cualquier persona puede dar opiniones y hacer críticas a los distintos momentos de la historia nacional.