DESESTABILIZACIÓN EN VENEZUELA

Se profundiza la crisis

Junto a la escasez de los productos básicos sobrevino la crisis del sector eléctrico en la hermana república de Venezuela, cuyo consumo interno no se alcanza a satisfacer. En virtud de tal circunstancia, el Gobierno se vio en la obligación de decretar como días no laborables en el sector público los miércoles, jueves y viernes de cada semana, unido a la media jornada.

Es decir, en las dependencias oficiales solo trabajan cuatro horas los lunes y martes. También se adoptó un drástico racionamiento de energía en distintas regiones que llega a las cuatro horas diarias, con excepción de Caracas que es la sede del Gobierno central. Del mismo modo, se adelantó la hora oficial en 30 minutos.

A pesar del carácter dramático de la crisis, el Gobierno absurdamente ha resuelto mantener cerrada la frontera que está afectando la economía del fronterizo Estado Táchira, que depende del intercambio de bienes y servicios con Colombia.

Se prefiere sacrificar el dinamismo de la economía de la región por darle crédito a la novela de la guerra económica. Esta medida inocua demuestra lo mal asesorado que se encuentra el Gobierno del vecino país que no interpreta realidades, sino que prefiere obstinarse en un cartabón ideológico para cada problema que ningún bien le hace a su país.

En el entretanto la oposición no encuentra otro camino para superar el proceso de desestabilización en que se encuentra Venezuela que el de activar el referendo revocatorio, pero el Gobierno se da sus mañas para que no se adelante en lo que resta del año. Es la sinsalida, mientras el país profundiza la crisis en todos los frentes.

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Directiva 15 y las ‘’bacrim’’

El Gobierno acaba de expedir la Directiva 15 para aplicar ‘’toda la fuerza del Estado, incluyendo los bombardeos aéreos, contra los grupos armados organizados: los Úsuga, los pelusos y los puntilleros, las tres principales bandas criminales del país por su fuerza, que incluye campamentos, posesión de armas largas y uniformes y presencia en el territorio’’.

En una columna anterior tuvimos oportunidad de reflexionar sobre este tema cuando apenas era una propuesta. Sostuvimos que una decisión de tal naturaleza significa un cambio en la doctrina militar porque implica ampliar el marco de actuación de las Fuerzas Militares, si tenemos en cuenta que la competencia para perseguir el delito la tiene la Policía Nacional.

La participación de las Fuerzas Militares en estas actividades tenía un carácter excepcional como en los casos de flagrancia, de capturas requeridas.

Esta medida implica reconocerle a las ‘’bacrim’’ una capacidad militar superior a la del crimen organizado y, por tanto, de perturbación y de amenaza a la estabilidad institucional.

La inquietud que surge es si al confiarle esa responsabilidad a las Fuerzas Militares se estaría cambiando la naturaleza de delincuentes comunes a los integrantes de las ‘’bacrim’’ por la de actores de la confrontación armada a la luz del articulo 3 común de los Convenios de Ginebra. Estaremos atentos a los desarrollos de esta medida.