“Una visión revolucionaria para el próximo debate electoral”
La decisión de la Cámara de Representantes, respecto de la propuesta de la senadora Vivian Morales, es una prueba elocuente de que la Carta Política de 1991 es una hoja de papel. El divorcio que existe entre la realidad y la teoría es abismal. La declaración de que Colombia es un estado Social de Derecho, en el cual la soberanía radica en el pueblo, vox populi, vox Dei, es un discurso mentiroso. Los mecanismos de participación democrática están subordinados al permiso del Congreso, es decir, ¡el pueblo es súbdito de la clase dominante! No es soberano, no es quien decide.
Razón tiene Ricaurte Losada Valderrama, líder de un movimiento político de “Transformación Liberal”, que promueve una reforma que se ajuste a la verdad y depure “Los errores de la Carta del 91”. La obra que el profesor editó, haciendo un juicioso análisis de las inconsistencias de la reforma imbuida con la papeleta del “bon bon bum”, es una propuesta que, siguiendo el principio “pacta sunt servanda” y atendiendo a la contradicción entre la realidad y la teoría, es convincente.
Que la democracia proclamada en la Constitución deje de ser una ilusión y promesa incumplida y sea una verdad verdadera, empezando por la planeación y la intervención estatal al servicio de todos y, principalmente, de las clases populares. Ello es una necesidad inaplazable, pues de esta característica política deriva la paz; ese fue el sentido de la organización de los mecanismos de participación que en la práctica han sido un engaño al pueblo. El plebiscito, los referendos y los intentos de revocatoria de los mandatos regionales y municipales, vividos, es la prueba. Esos son antecedentes del urgente refrescamiento de la democracia.
Losada Valderrama denuncia las contradicciones de la Carta: en tanto que se predica un Estado Social de Derecho, la organización económica del patrimonio público es la posición del neoliberalismo que impera irreductiblemente. A punto tal que el patrimonio público se ha feriado entre el sector privado y la única fuente de ingresos fiscales que queda son los impuestos. Para confirmar basta observar la insistencia del Distrito Capital en vender la ETB, o la venta abusiva de Isagen, o la privatización de Ecopetrol
Al Estado, sostiene el catedrático de derecho público, hay que devolverle lo que le han usurpado a través del proceso indiscriminado de privatización de su hacienda y de sus funciones naturales. “La Constitución es un híbrido de disímiles tendencias ideológicas y no responde de manera adecuada a las necesidades de la Nación; con ella se embriagó al pueblo con democracia formal, casi inoperante, alejándolo más de la real y efectiva, es decir, de la democracia económica y social”. Es la conclusión de esta propuesta política.
Lo interesante de la iniciativa radica en que esa novedosa percepción del problema profundo del sistema, analizada a la luz de la sorpresa que vivió el país de La Galia, anuncia una visión “revolucionaria” para el próximo debate electoral.