La educación como un derecho universal es una idea que surge con la constitución de los estados nación, las ideas liberales y la ilustración. Antes de ello, leer y escribir no era una prioridad de las monarquías o los sistemas de gobierno. El privilegio era para familias acomodadas en todos los rincones del mundo. Uno de los grandes aportes del surgimiento del yo, del romanticismo y de la idea moderna de libertad, nos trae también la educación como un principio universal.

Se suele hablar de la educación como un derecho, y si duda lo es, pero no se puede olvidar que los derechos incluyen deberes. En este caso el más relevante es asistir a las clases, y dar lo mejor como estudiantes, familia y educadores en el proceso de formación, para que el derecho sea de calidad. Esto es central, la calidad, pues si bien, por ejemplo, el agua es un derecho, de nada nos sirve si está contaminada, pues el daño sería mayor.

Una mala educación puede ser peor que no enseñar, de ahí la necesidad de dejar de hablar solo de un derecho, sino garantizar que el mismo sea de calidad: en infraestructuras, educadores, contenidos, materiales, acompañamiento, seguimiento y evaluación.

Situación global

Según cifras de la Unesco, que promueve la educación como un derecho fundamental dentro del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el año pasado, más de 80 millones de niños en edad escolar en todo el mundo no estaban escolarizados, millones incluso llegan a adultos siendo analfabetas. La situación empeoró frente a las cifras de 2019, es decir, la pandemia de covid incrementó la crisis en el acceso a la educación.

Se calcula que 260 millones de niños en edad escolar primaria abandonaron la escuela como resultado de la pandemia. Según las cifras de la Unesco, el 9% de los niños y jóvenes del mundo en edad escolar no están escolarizados.

Se asume que todos los países ofrecen educación universal pero solo 155 de los 210 en el mundo la garantizan al menos en los primeros años de escolaridad. Eso da la cifra escandalosa que al menos 55 naciones no ofrecen la condición mínima de alfabetizarse.

Entre tanto, 99 países garantizan los 12 años de educación escolar base gratuita, eso quiere decir que la mitad de los países del mundo no logran ofrecer lo que conocemos en Colombia como educación media y media vocacional. Por otra parte 106 países han ratificado la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera escolar y 105 ratifican el derecho a la educación libre de discriminación en sus constituciones políticas.

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Cuando se revisan las cifras de acceso a la educación superior con recursos financiados por el Estado, la situación es más crítica. En Europa, 14 países ofrecen educación gratuita; en la mayoría por los costos, se mantiene el sistema colombiano de universidades estatales financiadas en un 90% con recursos públicos y universidades que se financian con fondos privados o el estudiante debe pagar el 90% del conto real de la matrícula.

Pero en más de un centenar no existe el modelo de asignar recursos públicos para la educación superior.

Los retos y las tareas son enormes para proporcionar educación gratuita y obligatoria para todos, en el caso de la educación escolar. Se deben eliminar las desigualdades y disparidades, pues mientras el 4% de los jóvenes más pobres completan la escuela secundaria en los países de bajos ingresos, el 36% de los más ricos lo hace. En los de ingresos medianos bajos, la brecha es aún mayor: mientras que solo el 14% de los jóvenes más pobres completan la escuela secundaria superior, el 72% de los más ricos lo hace.

Los migrantes

Las emigraciones y los problemas globales de desplazamiento son otro motivo de preocupación. Según la Acnur, alrededor de 4 millones de refugiados de 5 a 17 años no asistieron a la escuela en 2018 y las cifras incrementan con los conflictos en Afganistán, Etiopía, Venezuela, Nigeria o Myanmar. Eso hace que sociedades que podrían ofrecer educación universal desplazan ciudadanos sin las capacidades de poder formarse. Los Estados deben alcanzar un equilibrio entre la libertad educativa y la necesidad de garantizar, a todos, una educación de calidad. Es decir, permitir la educación privada sin abandonar la calidad y el acceso en la población más vulnerable.

Otro aspecto a revisar es la financiación de la educación. La Agenda de Educación 2030 exige que los Estados dediquen a la educación, como mínimo, entre el 4 y 6 por ciento del PIB y/o al menos del 15 al 20 por ciento del gasto público.

Por último, e igual de relevante, las exigencias de calidad y la valoración de la profesión docente, pues dos tercios de los 617 millones de niños y adolescentes que se estima que no pueden leer una oración simple o manejar un cálculo matemático básico están en el aula. Fortalecer los procesos de formación docente de calidad y que sean multiplicadores de conocimiento y formación es una tarea pendiente de orden global.

La educación universal o financiada no puede ser la única opción del derecho, invertir en calidad, recursos, materiales y formas de mantenerse son prioridades dentro del sistema educativo.

*Especialista en Educación