La Contraloría hizo hoy un fuerte llamado de atención sobre la debilidad institucional del Incoder en el ejercicio de sus funciones de adjudicación de terrenos baldíos.

Pidió de paso subsanar una serie de deficiencias que detectó en el marco de la auditoría regular que se hace a esta entidad y en una actuación especial sobre adjudicación de baldíos en las direcciones territoriales de este instituto en Vichada, Caquetá, Meta, Magdalena y Antioquia en 2012.

Se ha encontrado que, en su gran mayoría, el proceso de adjudicación de baldíos es adelantado por  contratistas y no por funcionarios de la entidad, vulnerando la norma que prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios  que corresponde a empleos donde se ejercen funciones de carácter permanente. 

Se detectó también que hay una alta rotación de personas que adelantan el proceso y por tanto se desempeñan estas funciones sin el suficiente entrenamiento y experiencia. A esto se suma el hecho de poner en riesgo el manejo y la seguridad de la información y de los documentos del proceso de adjudicación.

La CGR considera además que la inspección ocular no garantiza que el proceso de adjudicación se realice en debida forma, toda vez que presenta varias debilidades: por ejemplo, no identifica ni delimita adecuadamente el predio (no se apoya en herramientas tecnológicas como georeferenciadores –GPS;  no se tienen previstos registros  fotográficos o audiovisuales; no se realiza una verificación a fondo de las  condiciones del predio; y no se registran pruebas de la permanencia y explotación del predio por parte del solicitante en un lapso superior a cinco años.

“Todo esto denota falta de rigor en esa etapa del proceso. Sin lugar a equívocos se  puede afirmar que la inspección ocular, en términos generales, consiste en llenar un  formato a manera de check list”, dice un estudio de la CGR sobre la política de baldíos en Colombia.