Un análisis realizado por la Auditoría General de la República (AGR) a través de su Observatorio De Política Pública del Control Fiscal, a la contratación pública territorial durante el período 2019 - 2022, arrojó que las regiones se tuvieron que gastar $5,42 billones representados en gastos por coordinación y tramitación de los contratos.
La muestra analizada corresponde a 76.785 contratos y convenios interadministrativos suscritos en el territorio, cuyo valor alcanzó en ese período un monto de $27,1 billones.
La investigación arrojó un estimativo del 20 % como costo promedio de intermediación entre entidades.
Frente a esta cifra, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, manifestó que “este valor es significativo para las finanzas del Estado si se tiene en cuenta que, por poner un ejemplo, supera el presupuesto de inversión del Ministerio de Educación para el año 2022, que fue de un poco más de $4 billones”.
Así mismo, instó a los contralores a fortalecer el control fiscal territorial, dando prioridad a los riesgos inherentes a la contratación interadministrativa.
“La AGR hace un llamado de alerta a las controlarías territoriales y las invita a realizar una exhaustiva vigilancia y control a la contratación interadministrativa, especialmente en la observancia de los principios de la contratación pública de economía, eficiencia, eficacia y celeridad, a la luz de los riesgos identificados y en especial en aquellos departamentos y municipios con mayor recurrencia”, manifestó Erazo Montenegro.
Recursos
Por su parte, el Director de la Oficina de Estudios Especiales de la AGR, Jhonny Marlon Cárdenas, dijo al describir los resultados de la investigación, que aunque la contratación administrativa es legal, pues es un recurso administrativo y jurídico previsto en la normativa existente para la contratación pública, llama la atención que ante la pluralidad de la participación de los oferentes, la contratación interadministrativa puede estar limitando esa participación frente a otros mecanismos como la licitación pública, y agregó: “Al analizar por sectores en dónde se está invirtiendo el recurso que se utiliza con contratación interadministrativa, resulta que los territorios lo están invirtiendo más en sectores como fortalecimiento institucional o gestión pública que en otros sectores muchísimo más necesarios para el progreso nacional, tales como educación, saneamiento básico o salud”.
Cárdenas Arévalo, declaró que respecto al tipo de entidades que participan en este tipo de contratos, tanto entre contratantes como contratistas, se ha encontrado una llamativa figura: los fondos, los cuales son de diferente índole, como fondos de bienestar, para promoción del desarrollo, para la promoción del deporte, entre otros, instituciones que se están utilizando como mecanismo administrativos para facilitar esa contratación y dejan un estela de duda respecto de si están reemplazando o duplicando las funciones del Estado en el Territorio.
- Le puede interesar: FMI pide prudencia al Gobierno con la estabilidad fiscal del país
La Ley 1150 del 2007 que introduce medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993, determina las modalidades y establece como regla general para la contratación la licitación pública.
Modalidades
Sin embargo, la contratación directa durante el período analizado fue de $143,7 billones lo que corresponde al 68,3 % de toda la contratación realizada. De esta cifra, $27,1 billones fueron por contratación interadministrativa; es decir, la contratación directa que la ley determina como modalidad excepcional, se ha convertido en la modalidad más utilizada para la ejecución contractual en el territorio.
El mayor valor ejecutado de la contratación interadministrativa se presentó durante 2021, año en el que se registró un valor de $10,3 billones, duplicando así el uso de la contratación interadministrativa para ejecutar los recursos públicos del territorio, respecto a los años anteriores.
Asimismo, se observó que, aunque normativamente este tipo de convenios se realiza para mejorar la eficiencia en el manejo del erario, ampliar la capacidad técnica o tecnológica de una entidad que debe estar al servicio de los intereses generales y cumplir con los principios de la función pública, en la práctica se utiliza para gastar recursos evadiendo la selección objetiva y engrosando la contratación directa en un 13 %.