Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que regula las normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz, luego de que se conciliaran ayer los textos diferentes aprobados en Senado y Cámara.

El senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, autor de la propuesta, explicó que “hoy según la ley del 90, puede crecer máximo el 100%, es decir, el doble de lo que se cobra hoy. Con esta ley solo se podrá cobrar hasta el IPC más ocho puntos”.

“Eso quiere decir en términos reales, con el IPC del 2018 más el 8%, se podría cobrar hasta un 11% máximo. Eso acaba el hecho de que las personas tengan que endeudarse para pagar el predial o que tengan que vender sus inmuebles para poderlos pagar”, manifestó.

Ramírez dijo que esta medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2020. Esto quiere decir que en 2021, cuando los colombianos vayan a pagar el impuesto correspondiente al año anterior, podrán disfrutar de esta medida.

Se trata del proyecto de ley número 84 de 2017 Cámara – 232 de 2018 Senado, “por medio del cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial”, radicado el 9 de agosto de 2017 por Ramírez acompañado de la bancada uribista en el Congreso.

Según la exposición de motivos del proyecto, “es de conocimiento público el alto incremento que viene presentando la carga tributaria sobre los contribuyentes colombianos, tanto en relación con los impuestos nacionales directos e indirectos como también en los gravámenes territoriales; los impuestos al consumo, las tasas, las contribuciones, los parafiscales, las multas, las sanciones, los intereses casi que impagables, entre otros”.

La justificación de motivos es clara, según la argumentación: el avalúo catastral nacional en 2016 alcanzó los $1.134 billones, “$966 billones de la zona urbana (85%) y $168 billones de la zona rural (14,7%). En 2002 el avalúo catastral nacional alcanzó los $190 billones; lo que significa que a 2016 aumentó un 496%”.

De hecho, otras cifras del proyecto sostienen que “el avalúo catastral de las zonas urbanas pasó de $158 billones, en 2002, a $966 billones en 2016, lo que representa un aumento del 511,4%. Mientras que en zonas rurales el avalúo catastral pasó de $32 billones en 2002 a $168 billones en 2016”.

Para la capital del país y según cálculos de los ponentes “el avalúo catastral en 2016 fue de $485,5 billones y representó el 42,8% del catastro nacional total. El 99% ($480.6 billones) corresponde a zona urbana y el 1% ($4,9 billones) a zona rural”.

De acuerdo con la exposición de motivos, “no hay ninguna relación entre el altísimo aumento de los catastros en Colombia (tanto rurales como urbanos) en los últimos años, con el crecimiento de la inflación, de la capacidad de pago de los poseedores de bienes inmuebles con la expansión urbana entre otras variables”.

Y agrega que en correlación a ello “los altos crecimientos del catastro han desembocado en el incremento desproporcionado de los impuestos prediales, de las contribuciones por valorización, de la renta presuntiva, de variaciones en los estratos socioeconómicos y sus consecuencias en tarifas de servicios públicos, educativos, copagos en salud”.

El representante por Antioquia, Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, aseguró que la iniciativa busca impedir “los abusos que se cometen con los impuestos prediales en una gran cantidad de municipios de Colombia, sobre todo en las ciudades capitales, donde están subiendo los impuestos con incrementos injustificados que están elevando el costo de vida; tanto que a los propietarios los estamos convirtiendo en arrendatarios. El propósito es disminuir la voracidad fiscalista de algunos alcaldes y concejos del país”.

Según el Representante la ley aplicará para todas las ciudades principales y para los pequeños municipios de Colombia, “lo que busca el proyecto es que para los estratos 1 y 2 el impuesto predial, aunque se haga actualización catastral, no pueda crecer más del IPC+4% así el avalúo suba, eso no importa”.

Cuando se le preguntó a Pérez si se socializó el proyecto con los alcaldes, admitió que “es posible que no les guste, pero esperamos que los alcaldes tengan un poco de compasión con los contribuyentes. Por eso este proyecto tiene una duración de cinco años. En ese periodo de tiempo miraremos cómo van las circunstancias y si es necesario volvemos a la norma que en este momento rige la materia que es la Ley 44 de 1990”.