El Consejo Gremial Nacional, el órgano de Colombia que reúne a las organizaciones empresariales más representativas del país, ha alertado al Gobierno sobre el impacto negativo que tendrá la aplicación del decreto sobre la actividad del sector minero.
Mediante este decreto, el Gobierno busca establecer los criterios para identificar, delimitar y declarar reservas de recursos naturales de carácter temporal con el objetivo de contribuir al ordenamiento minero ambiental. Sin embargo, para los empresarios, esta medida atenta contra la continuidad y el desarrollo de la actividad de este sector y contra el empleo.
El Consejo Gremial ha expresado su inquietud por la aplicación de este decreto, ya que, entre otros, supone un desestímulo para las inversiones y tiene un impacto en las oportunidades de desarrollo y empleo.
Los empresarios han planteado que en este escenario, ningún proyecto, indistintamente del tamaño o mineral que trabajen, podrá recibir autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan.
"La falta de certeza que conlleva esta norma temporal alejará a los inversores", ha sentenciado el consejo en un comunicado emitido este viernes, que ha mostrado su sorpresa ante la decisión del Gobierno, que no tiene en cuenta el impacto en el desarrollo social y económico en las regiones mineras.
En este sentido, ha recordado que no únicamente se verán afectados los proyectos mineros, sino toda la cadena productiva. Son muchos los sectores que utilizan minerales como materias primas y, para continuar su actividad, deberán traer los minerales de lugares más lejanos (o importarlos de otros países), por lo que aumentarán los costes.
COSTOSA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Adicionalmente, los empresarios han lamentado que el potencial de Colombia para usar minerales estratégicos para la transición energética se desperdiciará, restando una oportunidad para el desarrollo socioeconómico y haciendo más costosa la descarbonización de la economía.
Esto tendrá un impacto "inmediato" en el empleo, en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al Gobierno o en el compromiso de contratos nacionales e internacionales de los proyectos.
Por todos estos argumentos, el Consejo Gremial ha hecho un llamamiento al Gobierno para que se adopten los correctivos y aclaraciones que permitan fortalecer y ratificar los principios de estabilidad jurídica, libertad de empresa y respeto de los derechos adquiridos.
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