La Contraloría General de la República destacó la importancia de ejecutar de manera eficiente el presupuesto público como motor para fortalecer la economía y generar beneficios tangibles para la sociedad, y ante la no aprobación de la reforma tributaria, instó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales.

La programación y ejecución del presupuesto de la vigencia de 2024 ha estado marcada, desde su inicio, por una serie de sobresaltos que comenzaron con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin los requisitos legales, continuando a lo largo del año con apremiantes necesidades de dineros para su financiamiento, lo que conllevó a congelar recursos por $36 billones.

En lo referente al comportamiento de los ingresos, según la información preliminar a noviembre de 2024 (del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF), se ha registrado un recaudo total neto por $369,74 billones, inferior en 0,3 % al presentado en el mismo periodo de 2023. Además, por concepto de ingresos tributarios sólo se han recaudado $227,41 billones, representando el 72 % del aforo vigente por $315,86 billones.

Ingresos

Este comportamiento poco favorable de los ingresos tributarios se explica principalmente por la fuerte reducción del 18 % (frente al mismo período de 2023) en el impuesto de renta y una caída de los impuestos externos de $2,29 billones.

La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto 2024. Con corte a noviembre alcanza solo el 71,1 %, siendo la más baja de los últimos cinco años y similar a la de 2020, durante la pandemia. Aunque se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), en inversión apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, reflejando un rezago significativo en este rubro clave.

Esta baja ejecución podría llevar a que muchos recursos no sean utilizados al final del año. Según las cifras disponibles a noviembre, las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones ($503.4 billones de presupuesto menos $406,7 billones de compromisos), lo que representa recursos que no se usarían para los programas y proyectos planeados.

Reservas

Además, existe el riesgo de que las reservas presupuestales no utilizadas sean muy altas si la ejecución sigue al ritmo actual. Estas reservas podrían llegar a $33,61 billones, lo que refleja una baja capacidad del Estado para comprometer y ejecutar los recursos de manera eficiente.

La Contraloría General hizo un llamado para que al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno Nacional ejecute el presupuesto basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias.

Órdenes de pago

En este último aspecto, el organismo fiscalizador de las finanzas públicas destaca que hasta la fecha se han registrado órdenes de pago por $24 billones dirigidas a fiducias, patrimonios autónomos y otras figuras relacionadas con contratos fiduciarios. Esto refleja la relevancia de este mecanismo para mostrar ejecución presupuestal, lo que exige garantizar su uso transparente y eficiente para el cumplimiento de los objetivos públicos.

En lo que queda de la vigencia no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario. Esto sugiere que, ante las presiones de liquidez, el Gobierno podría verse obligado a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos.

Acelerar ejecución

La Contraloría General de la República recomendó a las entidades responsables acelerar la ejecución de los recursos presupuestales, especialmente en inversión, y evitar rezagos que limiten el desarrollo de programas clave.

Asimismo, instó a garantizar la transparencia en el uso de mecanismos como las fiducias y patrimonios autónomos, asegurando que estos se alineen con los objetivos presupuestales y generen un impacto real en la ciudadanía. También resaltó la necesidad de optimizar las estrategias de recaudo tributario para mitigar las presiones de liquidez y evitar un aumento en la dependencia del crédito.

Finalmente, la Contraloría General invitó a reflexionar sobre el modelo de ejecución presupuestal, priorizando una gestión eficiente que traduzca los recursos asignados en beneficios concretos para el desarrollo socioeconómico del país.

Descuadre

Por otra parte, en las cifras reportadas por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestal y lo que reflejan muchos investigadores no hay ninguna coincidencia. Mientras la cartera financiera dice que a noviembre de 2024 los compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) llegaron a 80,8 % de recursos asignados (la cifra equivale a $406,7 billones de $503,6 billones que se tenían previstos), la empresa de análisis de datos Dapper, con base en esas cifras, señala que es la más baja desde 2019 como obligaciones y la segunda más baja como compromisos.

Indica que el Gobierno Nacional obligó 71,1 % del Presupuesto General hasta noviembre y estuvo por debajo de lo registrado en 2020, el año de la pandemia, con 71,3 %. En el mismo periodo del año pasado, el Gobierno ya había obligado 79,4 % del PGN.

En cuanto a los compromisos, la ejecución hasta noviembre solo estuvo por detrás de 2020, cuando se había comprometido 78 % de los recursos asignados para ese año. Este año estuvo cinco puntos por debajo de lo que se había comprometido en el mismo periodo del año anterior (85,7 %).

La firma Dapper en su análisis, dice que “el nuevo ministro Diego Guevara tiene un reto entre dinamizar la economía con el Presupuesto General de la Nación y equilibrar las finanzas para cumplir la regla fiscal".

Según el informe del Ministerio de Hacienda, de los $406,7 billones que están comprometidos, hubo obligaciones por $358,2 billones, y de esta cantidad ya se pagó el 98,6 %, es decir, $353 billones. De la totalidad de los pagos, el Minhacienda señaló que $75,7 billones se destinaron a pagar deuda, lo que representó 80,1 % del total anual que está programado.

Contrastes

Sin embargo, datos más actualizados del Portal de Transparencia Económica de la Presidencia de la República muestran un rezago más pronunciado en la ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad, en comparación con los demás ministerios del gabinete.

Esta cartera tiene una ejecución de apenas 3,11 %. De los $1,8 billones que le asignaron para este año, solo tiene obligaciones por $56.013 millones, de los cuales ha pagado $54.169 millones. Estos datos son mucho menores a los compromisos firmados por $1,52 billones.

Este sector arrastra a la baja la ejecución del sector de Igualdad y Equidad, que va en 68,46 %, ya que las otras entidades que conforman este ramo tienen un mayor uso de los recursos. El ICBF, por ejemplo, tiene una ejecución de 79,28 %, seguido por el Instituto Nacional para Sordos (78,85 %) y el Instituto Nacional para Ciegos (75,23 %).

Al Ministerio de la Igualdad le sigue la Presidencia de la República entre los de menos ejecución, con solo 17,32 %. De $3,03 billones asignados, ha obligado solo $717.279 millones a menos de un mes de terminar el año.

En el listado también aparecen el Ministerio del Deporte (25,71 %), el Ministerio del Interior (29,28 %), Ministerio de Ambiente (30,24 %), Ministerio de Agricultura (38,99 %) y Ministerio de Hacienda (45,14 %).

Con mejor ejecución

La cartera que ha aprovechado mejor los recursos que se le han asignado es el Ministerio de Salud, con una ejecución presupuestal de 93,05 %. De $59,62 billones que le correspondieron a la cartera este año, ha obligado $55,48 billones.

Entre los de mejor ejecución, al Minsalud le siguieron el Ministerio de Educación (88,01 %), el Ministerio de las TIC (85,16 %), la Cancillería (76,82 %), el Ministerio de Ciencia (73,73 %), el Ministerio de Justicia (67,71 %) y el Ministerio de Vivienda (65,85 %).