Presidente Duque defendió la iniciativa y destacó los beneficios que ha generado al país. La Corte deberá tomar una decisión respecto a la norma en las próximas semanas

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Gran expectativa se ha generado en el país por la decisión que tomará la Corte Constitucional en las próximas semanas sobre las decenas de demandas a la Ley de Financiamiento (reforma tributaria) aprobada a finales del año pasado.

Esta semana el presidente Iván Duque defendió con vehemencia la norma y aseguró que presentará las pruebas necesarias que solicitó el alto Tribunal para tomar la decisión. “La Ley de Financiamiento ha sido muy beneficiosa para el país. Es la primera vez que una ley hace una reforma fiscal donde le baja la carga a la micro, a la mediana, a la pequeña y a la gran empresa, pero además recauda más cobrándoles a las personas que realmente tienen un ingreso muy por encima del que tienen todos los colombianos, fortalece la DIAN y le da incentivos al emprendimiento en los sectores de tecnología, en el sector creativo, en el sector agropecuario, crea el régimen simple”, dijo el Mandatario.

Duque subrayó que “los beneficios se están viendo con la dinámica de inversión: la inversión directa extranjera que ve el país que creció en más de un 2,4% en el primer semestre del año, y nosotros creemos que todos estos beneficios se deben mantener por el bien de nuestro país”.

“Desde nuestro talante de respetar esos llamados de las cortes, presentaremos todas las argumentaciones y podremos mostrar la evidencia. ¿Cuánto va a crecer América Latina este año? 0,5%. ¿Cuánto va a crecer Colombia? Por encima del 3,0, 3,3, como lo quieran poner. Pero eso es una evidencia clara de los beneficios que esto está trayendo”, remarcó.

Emergencia económica

El representante por Antioquia, Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, coordinador ponente de la iniciativa, señaló que en caso de que sea tumbada la Ley de Financiamiento, la declaración de una emergencia económica por parte del Gobierno sería una posibilidad para enfrentar las consecuencias.

“Ese podría ser uno de los caminos. Yo entendería que qué más emergencia podría haber en un país donde se caiga una estructura sustantiva para lograr crecimiento económico, para lograr un control de la política monetaria, desde el punto de vista de la inflación. Donde se cae la estructura de retención en la fuente. Este año estamos recaudando casi $15 billones más de lo que estaba presupuestado, precisamente por el tema de retención en la fuente”, dijo.

Y añadió que se caerían “elementos sustantivos: el plurifásico del IVA para bebidas azucaradas y cerveza, toda la estructura del régimen simple, todo lo que se había establecido en materia de devoluciones, en materia de normalización, los nuevos instrumentos de la DIAN para poder atacar la evasión que han sido muy útiles. Ante un panorama de esos yo sí creería que habría que pensar en una emergencia económica”.

En relación con algunos de los argumentos esgrimidos para que la ley se declare inconstitucional, afirmó que no considera que haya vicios de trámite ni falta de publicidad. “Retomo las palabras del Ministro de Hacienda: en pleno siglo XXI no creo que publicidad sea únicamente lo que se escriba en un papel, publicidad es también las páginas web, publicidad también es explicarlo en las plenarias. En la plenaria de la Cámara ya llevábamos el 90% de la reforma explicada. Yo me paré 10 horas en el atril y ya cuando se adoptó el texto del Senado, el doctor Barguil vino a la Cámara y explicó las diferencias entre una y otra corporación. Eso es publicidad. Ningún representante podrá salir a decir que le sorprendió y que eso salió aprobado a última hora. A todos se les explicó, puede ser que unos no hayan puesto cuidado, como es usual”, puntualizó.

Alternativas

Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, señaló que la Corte Constitucional tiene tres alternativas para el fallo. “La primera es declarar la exequibilidad total de la ley, continua en el ordenamiento jurídico y no pasa nada más. Dos, declarar la inexequibilidad total de la ley, lo que implicaría que, una vez se declare, tocaría aplicar en materia tributaria lo que existía antes de la promulgación. Y lo tercero es una inexquibilidad parcial en la que la Corte tumbe uno de los artículos especiales que están demandados”, dijo.

Mejía manifestó que actualmente está formulando un concepto solicitado por la Corte Constitucional sobre la posición de la organización sobre la ley, que será entregado antes del 2 de octubre. “Estamos estudiando todas las alternativas, todos los escenarios y haremos el pronunciamiento oficial una vez lo tengamos elaborado”, expresó.

En dicho concepto, según Mejía, la Corte solicitó “análisis respecto a los impuestos que se introdujeron en la Ley de Financiamiento relacionados con personas jurídicas, empresas, y con las personas naturales. Todos los impuestos como el de la venta de vivienda tanto nueva como usada. Es un inventario de todos los impactos fiscales de esos impuestos que quiere recabar la Corte. No solo de Fedesarrollo sino también de otros centros de investigación y universidades y con base en esto seguramente lo que quiere hacer la Corte Constitucional es tomar una decisión basada en la evidencia de los impactos. También solicitan un concepto más técnico frente a una declaratoria de inexequibilidad, ya sea total o parcial”.

Freno a la economía

El miércoles, la ANDI alertó sobre las consecuencias de que la Corte determine que la Ley de Financiamiento es inconstitucional. “Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

A su juicio, la decisión sobre la Ley de Financiamiento que tomará la Corte Constitucional “no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”.

Impacto

De llegar a prosperar alguna de las demandas que existen en curso en la Corte Constitucional contra la Ley de Financiamiento que se aprobó para tapar un hueco de alrededor de $7 billones de los $14 billones que eran necesarios para no reducir el gasto social, las metas que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo públicas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 podrían alterarse.

Carrasquilla proyecta que esa ley, la 1943 de 2018, sea uno de los ejes principales para que la economía crezca a un ritmo de 4% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que ayudará a elevar en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para llegar a crecer 5,4% en 2020.