LA EXPEDICIÓN del decreto 044 de 2024, elaborado por los ministerios de Ambiente y de Minas, cuya normativa establece criterios “para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental”, puso en alerta al Consejo Gremial Nacional (CGN) que expresó su preocupación, ya que afectaría la minería en Colombia.

Con la expedición del decreto, según la agremiación, se generaría un “desestímulo a la inversión en las regiones, con un impacto en las oportunidades de empleo y su desarrollo”.

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“En este escenario ningún proyecto, indistintamente del tamaño y mineral podrá recibir autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan. Esto, sin contar con sustentos técnicos y socioeconómicos adecuados. La falta de certeza que conlleva esta norma temporal alejará a los inversionistas”, cuestiona el Consejo Gremial.

Implicaciones

Para la entidad, es sorpresivo que no se tengan en cuenta las implicaciones en el desarrollo económico de las regiones con el proyecto.

“No solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen.

Advierten, además que, si todos estos sectores quieren continuar su actividad normal, “tendrían que traer los minerales de lugares más lejanos o importarlos de otros países”.

Otra de las razones por la que cuestionan el decreto, obedece a qué hay una interpretación incorrecta de un fallo del Consejo de Estado.

“En ningún momento sugieren que las áreas protegidas se declaren desconociendo los lineamientos que la Constitución Política ha establecido para ello, como lo son el rigor científico, la participación ciudadana y la reserva de ley”, puntualizan los empresarios.

Señala el CGN que “sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen. Son muchos los sectores que utilizan minerales como materia prima, basta citar el sector de la construcción, varios sectores industriales, la infraestructura de saneamiento básico, la agricultura”.

Aseguran que “si los sectores que dependen en su mayoría de la producción nacional quieren continuar su actividad tendrían que traer los minerales de lugares más lejanos o importarlos de otros países, en los casos en que la actividad puede asumir estos costos. Adicionalmente, el potencial del país de usar minerales estratégicos para la transición energética justa se desperdiciaría, restando una oportunidad para el desarrollo social y económico regional y haciendo más costosa la descarbonización de la economía”.

Explican los empresarios que adicionalmente, “esto tendrá un impacto inmediato en el empleo, en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al gobierno, en la continuidad de programas sociales locales y en el cumplimiento de compromisos contractuales nacionales e internacionales de los proyectos, de suministro de minerales”.

Medidas

Precisamente, esta semana la Procuraduría General de la Nación, dijo que por considerar que es necesario que se defina la legalidad del Decreto 1374 de 2013 que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras, pidió al Consejo de Estado una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del Decreto 044 de 2024, expedido con el mismo fundamento legal.

Para el ente de control, es pertinente que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, se abstengan de emitir resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su pronunciamiento sobre el alcance, efectos y límites del Decreto 1374 de 2013, que fue el primer intento para establecer parámetros que permitieran señalar reservas de recursos naturales de carácter temporal, y así evitar efectos ilusorios del fallo.

El Ministerio Público refirió que, en caso de que el Consejo de Estado llegara a declarar nulo el decreto origen, se estaría ante un acto vigente semejante al anulado y serían engañosos los efectos jurídicos de esta decisión; y si, por el contrario, se declara ajustado a la legalidad, será valioso determinar si se ajusta o no al orden jurídico y se comprenderá mejor la forma en que el gobierno nacional debe implementarlo y ejecutarlo.