Así lo reveló el contralor Edgardo Maya quien advirtió que esto es equivalente al 56,6% del PIB.

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La deuda del sector público colombiano alcanzó el 56,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, lo que representa $616,59 billones.

Así lo señaló el contralor Edgardo Maya Villazón al presentar al Congreso de la República el informe sobre el comportamiento de las finanzas públicas del año pasado.

En un paquete, Maya Villazón analizó la situación de las Finanzas del Estado, la deuda pública, la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, y la Auditoría del Balance de la Nación.

Sostiene en jefe del órgano de control que “el desempeño fiscal y financiero del Estado se desarrolló en un entorno económico caracterizado por el débil crecimiento de la economía mundial, el retroceso de la inflación que le permitió al Banco de la República implementar una política monetaria expansionista y un crecimiento económico de 1,8%, que fue el más bajo de los últimos años”.

Largo plazo

La Contraloría General de la República (CGR) sigue insistiendo en el diseño de una estrategia de política económica de largo plazo con el objetivo de diversificar la estructura productiva para superar la dependencia de los sectores tradicionales como el de hidrocarburos, fortaleciendo los sectores agrícola y manufacturero.

En este sentido indicó que “el logro de estos objetivos indudablemente permitirá un mayor crecimiento de la economía colombiana, y por ende el fortalecimiento de las finanzas nacionales y territoriales, la reducción del déficit fiscal y el sostenimiento de la deuda pública”.

Sostuvo además que ante la presión fiscal generada por los menores ingresos del Gobierno nacional y la inflexibilidad del gasto, se hace necesario identificar recursos destinados a Gasto Público Social que demuestren progresividad y eficacia y diferenciarlos del gasto que no cumple con estos requisitos para poder realizar los ajustes pertinentes”.

Entre sus recomendaciones, Maya Villazón dice que “es necesario evitar la mala clasificación de recursos ordinarios como Gasto Público Social, práctica que ha venido siendo observada recurrentemente por parte de la CGR y que ayuda al cumplimiento de lo estipulado en el indicador, pero que no aporta a solucionar de fondo los problemas sociales”.

En un análisis detallado sobre los resultados de 2017, la CGR sostiene que el Sector Público Consolidado –SPC- registró durante el año 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al presentado en 2016 que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB).

En detalle, el Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a un superávit de 1,09% del PIB de los demás integrantes del Sector Público Consolidado.

Maya apuntó también que los superávits se presentaron en los subsectores Seguridad Social, Regalías y Establecimientos Públicos Nacionales, Entidades Territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que se presentó déficit en Empresas No Financieras.

Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0,3 puntos porcentuales en 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia (1,1% adicional como porcentaje de PIB) en comparación con el incremento de los gastos (0,7% adicional como porcentaje de PIB).

En el informe de deuda pública el contralor Maya Villazón reveló que la deuda del Sector Público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB.

Endeudamiento

El endeudamiento público registró un incremento de $29,27 billones respecto al cierre de 2016, sin embargo, como proporción del PIB la deuda pública presentó una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017.

Sostuvo el Contralor que el Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017, haciendo que la medida como porcentaje del PIB (44,9%) alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma.

Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron: 1) operaciones de prepago, y canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo de emisión de TES B por $8 billones; 3) recorte en el Presupuesto General de la Nación por $4 billones; 5) pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con la emisión de bonos globales por US$900 millones; y 6) utilización temporal de los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones.

De otro lado, en el Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, se muestra que el Gobierno nacional contó con una apropiación definitiva de $229,32 billones (25,1% del PIB), 60,576% para funcionamiento, 17,62 % para inversión y 21,81% en servicio de la deuda, con ejecución total del 94,9%, medida por obligaciones.

El 3,7% de la apropiación definitiva ($8,55 billones) quedó constituida como reserva presupuestal para ejecutarse en la vigencia 2018 y se presentaron pérdidas de apropiación por $3,07 billones, equivalentes a 1,3% de ese mismo valor.

Por ser una tarea de control y seguimiento de la CGR, en este informe también se analiza el Gasto Público Social –GPS-, mecanismo para ejecutar política social con presupuesto del Gobierno nacional, como: incluir en el sistema educativo a los niños de las familias de menos recursos, asegurar el acceso universal a la salud de la población sin capacidad de ingreso, mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda u otorgar vivienda a los más desfavorecidos.