El apretón de $25 billones | El Nuevo Siglo
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Domingo, 9 de Septiembre de 2018
Redacción Economía

Cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en las comisiones económicas del Senado y Cámara que en el monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) de $258,9 billones, había un faltante de $25 billones, congresistas, analistas y políticos comenzaron a divagar, de dónde saldrían los recursos para cubrir ese hueco.

Sin embargo, ha sido el propio Gobierno el que ha dado puntadas para dirigir el objetivo hacia el apretón que se le viene encima a los colombianos.

En su exposición de motivos, Carrasquilla adelantó: “El Gobierno propone reducir entre un 7,5% y un 10% los gastos generales, ente ellos la adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios”. Esto con el fin de cumplir con iniciativas sociales tan importantes como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o Familias en Acción, entre otros.

Otra puntada la dio la ministra de Educación, María Victoria Angulo, cuando el pasado jueves anunció que el programa ‘Ser Pilo Paga’, que ha beneficiado a 40.000 estudiantes y cuesta $2 billones será descontinuado.

Asimismo, Minhacienda planteó la necesidad de implementar un programa de renovación del Estado, en desarrollo de la política para reducir el gasto público.

Ajustes

Carrasquilla Barrera recordó a los congresistas que en 2002 la situación fiscal del país era aún más difícil que la actual, lo que obligó al gobierno de ese entonces, del cual él hizo parte, a implementar un programa de ajuste que se aplicó con éxito.

El titular de la cartera de Hacienda aseguró que, gracias a ese programa, denominado PRAP (Programa de Reforma a la Administración Pública), se ajustó el tamaño del Estado, se eliminaron entidades innecesarias y se redujeron gastos suntuarios.

El ministro Carrasquilla aseguró que sería muy beneficioso replicar ese programa, el cual, en el primer año, dijo, podría generar ahorros del orden de los $1.2 billones.

“No fue fácil –recordó el Ministro-, costó muchas horas de trabajo reorganizando, eliminando y fusionando entidades. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero todos tenemos que seguir en esa dirección. Ya tuvimos esa experiencia y el país debe sentirse muy satisfecho y muy confiado en que se puede lograr”, explicó ante la Comisión Séptima del Senado.

Programas

El Ministro se mostró optimista en que el país podrá cubrir el total de los programas que en este momento están desfinanciados, pero aseguró que es necesario recurrir a varias fuentes.

“No será fácil para el Gobierno hacer el ajuste del gasto burocrático y del gasto suntuario, pero tenemos que lograrlo”, expresó.

Carrasquilla Barrera mencionó además que ya se están comenzando a tomar medidas con el fin de ajustar el proyecto de presupuesto del próximo año.

También informó que se está implementando una reforma en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DAN) para que, con base en las directrices del presidente de la República, Iván Duque, al final del cuatrienio se haya logrado reducir en un 50% la evasión y la elusión de impuestos en el país.

Otro elemento que se suma a estas iniciativas es que en las discusiones del Presupuesto, el Gobierno propuso una caída de casi $3.5 billones en el rubro de inversión en varios sectores del país para el próximo año, entre ellos el agro, para cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre sus ingresos y gastos de 2019.

Regla fiscal

Además no se debe descuidar que este año se debe cumplir con la regla fiscal. Para 2018 la meta es del 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), entendido como el total de la economía colombiana, que son cerca de $24 billones y, para 2019, la meta es reducirlo a cerca de 2,2%, un promedio de $18 billones.

Precisamente sobre esta situación, el ministro Carrasquilla expuso que “el proyecto de presupuesto está en el límite de lo que propone la Regla Fiscal, por lo cual, cualquier manejo de la deuda requerirá también un aumento en el recaudo, para no correr el riesgo de superar los topes impuestos”.

Exenciones

Otro elemento que entraría a la hora de ahorrar recursos y que aparentemente comparte el Ministro de Hacienda, al recomendar ser cauteloso con algunas propuestas en el estudio y discusión del Presupuesto, es la eliminación de exenciones tributarias como aquellas que benefician inversiones en activos, las zonas francas o la llamada Ley de Estabilidad Fiscal, dado que significaría un cambio demasiado drástico en las reglas de juego que podría llevar incluso a millonarias demandas.

Otra medida es aumentar el recaudo y en el tema de la tributación, el Ministro aseveró que la directriz del Presidente de la República es clara en el sentido de que las personas naturales que hasta el día de hoy no pagan impuestos no deberán hacerlo con el régimen nuevo o con la reforma tributaria. El objetivo, anunció Carrasquilla, es concentrase en aumentar el recaudo entre las personas de mayores ingresos, algunas de las cuales tienen tasas de tributación extremadamente bajas en comparación con los estándares internacionales.

De otro lado, en el Congreso Nacional de Exportadores, el Ministro de Hacienda afirmó que dentro de las estrategias del Gobierno nacional para aumentar los ingresos fiscales, están las polémicas propuestas de gravar con IVA toda la canasta familiar y aumentar el número de personas que declaran renta, elevando la tarifa para los contribuyentes de altos ingresos, no está incluida la posibilidad de vender parte de las acciones de Ecopetrol que están en poder de la Nación.

“En este momento es bastante imprudente tener esa discusión sobre la mesa. Hay unas discusiones laborales en la empresa. Nadie está discutiendo una privatización, simplemente lo que hay sobre la mesa es la facultad del Gobierno de vender una parte (de su participación). Esa facultad tampoco se está estudiando en este momento, aceptarla o rechazarla”, indicó Carrasquilla.

Explicó que la facultad del Gobierno de vender hasta un 8% del 88,49% de la participación accionaria de la Nación en Ecopetrol fue avalada por el Congreso en el pasado gobierno.