Mañana las comisiones económicas conjuntas debatirán con el propósito de redistribuir esos recursos en los diferentes rubros y carteras

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Tras aprobar un monto por $271,7 billones, hace unos días, la discusión del Presupuesto General de la Nación 2020 entra en su etapa decisiva.

Mañana las comisiones económicas conjuntas debatirán con el propósito de redistribuir esos recursos en los diferentes rubros y carteras. Por cronograma el texto deberá estar aprobado en primer debate a más tardar el 25 de septiembre y en poco menos de un mes las plenarias de Senado y Cámara de Representantes deberán hacer lo propio.

La posibilidad de enajenar activos del Estado para cubrir un déficit de $8.5 billones y los recursos faltantes para solventar los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3 son los dos temas que han centrado la atención de los debates realizados hasta el momento.

Miembros de partidos independientes y de oposición han sido reiterativos en requerir del Gobierno un reporte de las empresas estatales que podrían ser vendidas.

“La aprobación que hizo el Congreso la semana pasada de un presupuesto por $271 billones, con $8.5 desfinanciado, implica claramente la venta de ISA o Ecopetrol, las gallinas de los huevos de oro, esto es vender la casa para pagar el arriendo. Es una irresponsabilidad del Gobierno y del Congreso por haber aprobado ese monto”, le dijo la semana pasada a EL NUEVO SIGLO la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien añadió que la oposición votará en contra del proyecto. “Nosotros vamos a votar negativo. De una vez anuncio ponencia negativa por parte de la oposición. Nosotros tenemos que ser responsables en el manejo de las cuentas del Estado”, sostuvo.

Voces desde el oficialismo, como la del representante Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, han señalado que la enajenación de activos es solo una opción. “Estamos en septiembre, no es posible prever o hacer clarividencia de lo que va a suceder en junio del próximo año. No necesariamente esos $8 billones provienen de alguna previsión de enajenación de activos. Esa pueda ser una de las opciones. Otra puede ser la reformulación del pago de la deuda, de la amortización de la misma, también hay que tener en cuenta el comportamiento de la tasa de cambio”, sostuvo en uno de los debates. El Gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.

Así mismo, desde la bancada de Gobierno han defendido el proyecto. La senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, afirmó que “responde a la realidad económica y a las perspectivas fiscales del país. Este es un presupuesto austero”.

Por departamentos

La semana pasada el Ministerio de Hacienda dio a conocer los recursos que recibirán cada uno de los departamentos del país, durante el próximo año.

El 43% de los recursos de inversión previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), está concentrado en seis regiones: Bogotá ($4,3 billones), Antioquia ($2,7 billones) Valle del Cauca ($2 billones) Bolívar ($1,3 billones) Santander ($1,3 billones) y Nariño ($1,2 billones).

Sin embargo, de acuerdo con el PGN, la región que menos gana recursos frente al año pasado es Bogotá mientras que Vichada, Amazonas, Guaviare y Cauca tienen los mayores crecimientos.

El departamento que tendrá el mayor incremento, comparado con el presupuesto de 2019, es Vichada con un 35%. En total recibirá $146.000 millones, $39.000 millones más que el año pasado.

Le sigue Amazonas, que pasará de tener un presupuesto de $161.000 millones a $195.000 millones, lo que representa un incremento del 21%.

En el tercer lugar se encuentra Guaviare, con recursos que ascienden a los $169.000 millones, con un aumento de $169.000 millones.

Hasta el momento, los senadores y Representantes de los diferentes partidos y regiones han presentado 200 proposiciones al proyecto de ley, en las que piden más recursos para cubrir las necesidades de algunos departamentos. Por esta razón, es posible que en el transcurso del debate del Presupuesto haya algún movimiento en los dineros asignados inicialmente a cada una de las zonas.

Las obras

En el centro del país hay recursos para la primera línea del metro, para Transmilenio por Soacha y para el mejoramiento del aeropuerto El Dorado.

En el Valle hay recursos para avanzar en la jornada única en los colegios, para dragar el puerto de Buenaventura y para el Mío de Cali.

En Antioquia se apartó dinero para el sistema Integrado de Transporte Masivo Envigado, Medellín, Itagüí y para el mantenimiento de varias carreteras en la región.

También hay recursos para terminar la Ruta del Sol III y para mantenimiento de aeropuertos y vías en varias regiones.

Explicación del monto

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que el monto total por $271,7 billones se divide entre los recursos de la Nación por $254 billones y recursos propios de las entidades que conforman el PGN por $17,3 billones. “El incremento total del presupuesto respecto a la vigencia de este 2019 sería de un 9%, pasando de $249 billones a $271 billones”, indicó.

“En términos de la financiación, tenemos un 61% financiado por ingresos corrientes por $159,4 billones, un 27% por ingresos de capital por $71,3 billones, 7% por ingresos de los establecimientos públicos por $17 billones, 4% por los fondos especiales por $11,5 billones y un 1% por la renta parafiscal por $2.2 billones. Esta sería la manera en que quedaría financiado ese presupuesto de $271,7 billones”, recordó el ministro.

Más recursos

Son varias las entidades que han solicitado más recursos dentro del presupuesto. Hace unos días, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, solicitó más recursos para su cartera y sus cuatro entidades adscritas: la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Uspec y el Inpec.

“Nosotros, en conjunto, por todo el sector, habíamos hecho una solicitud por 3,9 billones de pesos como presupuesto general. Recibimos alrededor de $3,14 billones. Es decir, hubo una diferencia entre lo solicitado y lo presupuesto de $820.000 millones. No obstante eso, y entendiendo la situación fiscal del país, hicimos un análisis de las entidades y consideramos que, de ser posible, no necesitaríamos la diferencia de los $820.000 millones sino que con unos $648.000 millones podríamos estar muchísimos más holgados el año entrante”, dijo.

La rama judicial también se ha unido a esta solicitud. Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, señaló en una intervención en el Congreso que más recursos les permitirían aumentar el número de jueces y magistrados para así mejorar el sistema.