El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por el no pago de una deuda con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La medida afecta a los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, responsables del cumplimiento de las obligaciones financieras con la empresa prestadora del servicio eléctrico.
La decisión judicial se da en el marco de un proceso ejecutivo promovido por Cens, en el que se determinó que la Nación mantiene una obligación clara y exigible con la filial de EPM. Como resultado, el juzgado decretó el embargo y retención de fondos en cuentas bancarias, ahorros y productos financieros a nombre del Estado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la deuda.
Detalles del fallo judicial
De acuerdo con el documento judicial, el Gobierno Nacional debe cancelar un total de $41.654.551.225 por concepto de capital adeudado, además de $5.258.957.894 en intereses moratorios, calculados a la tasa máxima legal permitida. La obligación continuará generando intereses hasta que se acredite el pago total de la deuda.
El mandamiento de pago también establece que la medida cautelar incluye el embargo de cuentas corrientes, de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el Gobierno.
Ante esta situación, el tribunal notificó a la Administración de Impuestos Nacionales sobre la medida y concedió un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno acredite el pago correspondiente. De no cumplirse, se dará trámite a la notificación formal del mandamiento de pago.
Federico Gutiérrez celebra la decisión y lanza críticas al Gobierno
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el fallo y anunció que el embargo a las cuentas del Gobierno Nacional se debe a la falta de pago de los subsidios de energía que le corresponden a EPM desde el año pasado.
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario local criticó la falta de respuesta del Ejecutivo: “Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”. Además, resaltó que esta decisión sienta un precedente para otras acciones legales contra el Gobierno Nacional.
También mencionó que su administración ha interpuesto demandas por deudas con Afinia y otras filiales de EPM, además de acciones legales por el incumplimiento en el pago de los aportes para la construcción del Metro de la 80 en 2024 y la aprobación de un decreto de presupuesto que aplaza el pago de 2025.
“Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe. No le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, enfatizó en su declaración.
Un precedente en la relación entre el Gobierno y las empresas de servicios públicos
Esta medida judicial podría abrir la puerta a nuevas acciones legales de otras empresas y entidades que enfrenten dificultades similares con el Estado, en busca del cumplimiento de pagos pendientes. Además, genera preocupación por el impacto fiscal que podría representar para el Gobierno Nacional la necesidad de desembolsar estas sumas millonarias de manera inmediata.
El caso también reaviva el debate sobre la gestión de los subsidios a los servicios públicos y el cumplimiento de los compromisos financieros del Ejecutivo con las empresas prestadoras del servicio eléctrico.
Por el momento, el presidente Gustavo Petro no ha emitido una respuesta oficial sobre el fallo judicial. Sin embargo, este embargo representa una situación inédita que podría traer consigo nuevas disputas legales y presiones financieras para el Gobierno.
¿Qué sigue?
Si el Gobierno no cumple con el pago ordenado por el juzgado, podría enfrentar nuevas medidas coercitivas e incluso acciones judiciales adicionales por parte de las entidades afectadas. Mientras tanto, el fallo se convierte en un referente para otros actores que también reclaman deudas pendientes por parte del Estado.