La ponencia del magistrado Alejandro Linares que plantea tumbar parte del articulado de la Ley de Financiamiento, tiene no solo preocupado al Gobierno sino a la mayor parte del empresariado del país.

Sin proponérselo, los diferentes gremios han cerrado filas en torno a los beneficios de la ley, ante el peligro de que se caiga por errores de forma en su proceso de ser aprobada por el Congreso.

En la intervención en el congreso de Fenalco, el presidente Iván Duque defendió la carta tributaria y aseguró que el Gobierno entregará las pruebas que fueron solicitadas por los magistrados de la Corte Constitucional. El Jefe de Estado afirmó que la política que tiene su Gobierno es de respeto a las peticiones que son emanadas desde los tribunales.

También indicó que espera que la Corte Constitucional luego de la revisión de la norma, tome la decisión de dar luz verde a la viabilidad de la misma.

“Nosotros siempre, en nuestro talante de respetar los llamados de las cortes, presentaremos todas las argumentaciones, las evidencias… Colombia va a crecer por encima del 3%, estamos viendo la recuperación de muchos sectores que están creciendo, en emprendimiento, energía renovable”, sostuvo Duque.

Y agregó: “Yo creo que los beneficios se están viendo con la dinámica de inversión que ve el país. La Inversión Extranjera Directa (IED) creció más de un 24% en el primer semestre del año y nosotros creemos que todos los beneficios que vienen consigo en la Ley de Financiamiento se deben mantener por el bien del país”.

Las pruebas que solicitó el magistrado se relacionan con el impacto fiscal que podría ocasionar el articulado si entra a regir tal como está. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá exponer a fondo los efectos que tendrá para el país la reciente ley en el corto, mediano y largo plazo.

Infraestructura

Por su parte el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Juan Martín Caicedo, defendió la ley y dijo que los objetivos del Gobierno de financiar al Estado se han cumplido y aunque “en el sector de la infraestructura posiblemente no (se hayan visto las megainversiones), en el sector industrial sí es probable que haya sucedido”.

Caicedo sostuvo que desde el punto de vista técnico, los resultados positivos de esta Ley de Financiamiento sí son posibles y están en marcha, pero será en 2020, momento en el que la mayoría de medidas aprobadas se pone en vigencia, entonces se conocerá el impacto en las políticas fiscales del país.

La ANIF

Por su parte, Sergio Clavijo, presidente de la ANIF, afirmó que el bajo recaudo y la no compensación de estos beneficios harán que en ocho meses haya una nueva reforma tributaria.

“Teniendo en cuenta que los impuestos de modificación y la extensión del IVA, manteniéndolo en el 19% pero extendiéndolo a otros productos como pretendía hacerlo la 1943, creemos que en marzo de 2020 el Gobierno tenga la necesidad de incurrir en incrementar el recaudo”, expresó Clavijo.

Este escenario, según el propio ministro Alberto Carrasquilla, no está contemplado en los próximos cuatro años: “No va a haber absolutamente ninguna afectación de las tasas de tributación, no va a haber digamos una reforma que cambie las reglas tributarias del juego”.

Consejo Gremial

Por su parte el presidente del Consejo Gremial Nacional y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, envió un mensaje a la Corte Constitucional para que antes de tomar cualquier decisión se piense en los impactos que podría haber sobre la economía colombiana.

“Nosotros le hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que realmente evalué el impacto de lo que significaría para las finanzas públicas y también para el estímulo de la economía que la Ley de Financiamiento se declarará inexequible y es por eso desde los gremios de la producción hacemos un llamado a los honorables magistrados con todo el respeto por su independencia, ni más faltaba, para que se tengan esas valoraciones, podría ser un impacto muy negativo para la economía”, sostuvo el agremiado.

En su explicación, el dirigente gremial, manifestó que allí hay unos beneficios tributarios en materia de renta para inversiones en el campo, está el tema del simple, también está todo lo que fue la reforma que no se hizo en su totalidad en el caso del IVA, de tal manera que evidencia que la seguridad jurídica de las inversiones también depende de la seguridad jurídica que de la Ley de Financiamiento, la cual depende en su totalidad de la Corte Constitucional.

Fenalco

Por su parte el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, al término del congreso nacional que se realizó en Neiva, subrayó que sus representados están preocupados por la amenaza de la caída de la Ley de Financiamiento. Por ello, el directivo hizo un llamado para que la Corte Constitucional no retroceda en la decisión de implementar la Ley de Financiamiento, ya que esta legislación traería varios beneficios, no solo para los comerciantes, sino para todos los sectores económicos del país.

Según el Presidente del gremio, si la Corte no aprueba la Ley de Financiamiento, dicha situación se traduciría en un golpe a la confianza de los empresarios.

La ANDI

A su vez, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) llamó a la Corte Constitucional a declarar exequible la norma con la que el Gobierno espera recaudar cada año poco más de $7 billones.

El gremio de los empresarios dijo que de caerse la norma habrá inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando.

“Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la Certidumbre Jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

De igual manera, el gremio precisó que la ley significa un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, contribuye a la competitividad que tanto se había reclamado desde el sector privado y en general fortalece el sector empresarial en Colombia, el cual ya ha realizado una serie de importantes inversiones a la luz del marco normativo que empezó a regir en 2019. También sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión.

“La ley introdujo medidas positivas para impulsar sectores específicos y revitalizar la economía, entre las cuales se resaltan las rentas exentas para Economía Naranja y sector agrícola; régimen simple de tributación para pequeños empresarios; y régimen favorable para megainversiones”, agregó.