MUCHOS SON los problemas que actualmente presentan las tarifas de energía en el país, con incrementos desbordados sobre todo en la región Caribe, fue puesto en evidencia por el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), Daniel Enrique Medina.

En un análisis, el experto dijo que esta es “una problemática sin resolver para autoridades, empresas y usuarios”, y denota que la “institucionalidad, viabilidad financiera, cartera morosa, cultura del no pago, falta de mantenimiento de redes; ausencia de inversiones en reposición de activos y retrasos en los proyectos de generación y transmisión, entre otros factores, son parte de las aristas estudiadas, sin que se haya identificado una hoja de ruta clara para desenredar una situación que cada día adquiere visos más críticos”.

Señala Medina que “vale la pena recordar que las leyes 142 de 1994 y 143 de 1994, definieron el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible, el cual quedó bajó la responsabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”.

La CREG

Desde entonces, la CREG ha fijado las tarifas de energía teniendo en cuenta aspectos como el régimen de regulación o de libertad; el sistema de subsidios, que se otorgan para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante y aspectos concernientes con procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Asegura el presidente del gremio, “aunque el país ha logrado importantes avances en el sistema tarifario durante estos 30 años, también es evidente que el mismo, en especial en la Costa Caribe, no ha logrado superar las barreras propias de las condiciones económicas y sociales de la región, lo cual ha llevado a diferentes gobiernos a acciones que se deben acometer para encontrar una senda en beneficio del sector y de los usuarios”.

Señala en el análisis que, aunque el Gobierno ha expresado su voluntad de disminuir las tarifas de energía eléctrica y las empresas del sector han explicado que los precios resultan de la aplicación de una fórmula que refleja fielmente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, “la realidad es que los precios de la energía se han mantenido altos y, en algunos casos como en la Costa Caribe, se han disparado en temporadas de déficit hídrico como el fenómeno El Niño”.

Indica que según datos de Corficolombiana, entre 2021 y 2024, las tarifas de energía en Colombia se incrementaron, en promedio, un 15,3% anual, siendo el precio más alto de los últimos 23 años; de hecho, en 2022 se registró el repunte más alto de la historia: 28,5% anual.

Estrategias

Aunque el Gobierno ha trazado distintas estrategias para frenar el aumento, es evidente que Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos como México, Ecuador y Brasil, tiene tarifas más altas. En el caso de la Costa Caribe, las tarifas de energía son 18% más altas que en el interior del país, debido al mayor costo de los componentes de pérdidas y de la opción tarifaria.

Con la intervención de Air-e, el Gobierno apuntaba a partir de octubre, a reducir las tarifas de la Costa Caribe entre un 20% y un 25%, lo cual se esperaba que representara un alivio económico para los usuarios de Atlántico, Magdalena y la Guajira, quienes enfrentaron altos costos de electricidad.

A lo anterior se suma que, a las empresas de distribución del sector, se les adeuda cerca de $7 billones representados en $3,4 billones por la opción tarifaria; $2,4 billones por subsidios; $0,2 billones por precio y exposición a bolsa y $1 billón por deuda oficial. Asimismo, las empresas comercializadoras han tenido problemas de flujo de caja, es decir que, al no tener los ingresos suficientes, les ha limitado para pagar sus costos de operación y mantenimiento.

“Desde el año 2022 en Aciem hemos planteado la necesidad urgente de reformar el modelo tarifario del sector eléctrico del país, más allá de la coyuntura de reducir los precios”, sostiene Medina, quien añade que “a nivel de subsidios, se debe dar una mirada distinta al tema y plantear un mínimo vital a través de las energías renovables para instalar paneles solares en los estratos 1, 2 y 3, especialmente”.