Foro de la UNAL hace propuesta de medidas de política fiscal | El Nuevo Siglo
PARA LOGRAR mejores recursos, el país requiere de una mejor distribución impositiva./ENS
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Martes, 8 de Junio de 2021
Redacción Economía

Impuestos progresivos, actualización del catastro, mayor participación de los entes territoriales y un enfoque en derechos humanos son algunos elementos que no pueden faltar en el diseño de una nueva política fiscal para el país.

Durante la tercera sesión de Diálogos Convergentes, “Pacto fiscal: alternativas para el desarrollo incluyente”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), analistas coincidieron en señalar que el potencial redistributivo del gasto público y de los impuestos se ha desaprovechado.

La economista Ángela Milena Rojas Rivera, docente de la Universidad de Antioquia; Juan Alfredo Pinto Saavedra, economista y exembajador; Juliana Andrea Castellanos Montana, estudiante de Economía; Mario Alejandro Valencia Barrera, director de Cedetrabajo; y Jorge Armando Rodríguez Alarcón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, señalaron las prioridades en las que se debe trabajar en política fiscal.

Una de ellas es que para que una reforma tributaria sea estructural debe fortalecer la tributación progresiva en forma permanente. Entre los instrumentos apropiados y conocidos que permitan impulsar una justicia tributaria se destacan el impuesto a la riqueza, el impuesto sobre la renta, en especial el de personas naturales, y el gravamen a las herencias.

Lo anterior, dada la elevadísima concentración del ingreso y la riqueza en Colombia, los más pudientes, sobre todo quienes se ubican en el 1% superior de la escala de ingresos, deben aportar mucho más de lo que tradicionalmente han aportado.

Recursos

Otro aspecto en el que coincidieron es que efectivamente el país necesita recursos, pero no se trata solo de obtenerlos por medio de diferentes herramientas impositivas, por ejemplo, sino de que se avance eficazmente en su redistribución, uno de los retos que afronta el Estado.

Para la profesora Rojas, los países desarrollados también hicieron cambios estructurales apalancados en el Estado, de ahí la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones. “Es evidente que tenemos un rezago y el mayor indicador es la desigualdad. Por eso se necesitan más recursos, el país tiene que invertir en sí mismo”.

Presentó además dos propuestas centradas en la necesidad de fortalecer el control fiscal para flexibilizar el uso de las herramientas fiscales y profundizar la descentralización fiscal y administrativa con enfoque diferencial y coordinativo.


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Con respecto al control y a la orientación de la política fiscal, señaló que “la solución está en lograr un control efectivo, autónomo e independiente, para tener márgenes de acción que permitan incidir sobre empleo y actividad agregada. Este debe estar basado en la responsabilidad política del Congreso de la República y en una independencia real de la Contraloría y la Procuraduría. Al elevar el estándar de estos órganos de control, el país gana en transparencia de la información fiscal, alertas tempranas y reducción de rentas apropiadas indebidamente, entre otros aspectos”.

Descentralización

En relación con la segunda propuesta, la experta señaló que aunque existen experiencias descentralizadoras, los avances son importantes, pero todavía parciales. “Se tiene una descentralización de delegación y asimétrica, con compleja distribución de competencias, lo que ha hecho que esta sea diversa, heterogénea”.

Para avanzar en esta dinámica, la reforma se debe hacer con enfoque diferencial, con mecanismos de coordinación. “Sabemos que hay zonas diversas, pero se debe apuntar a mejorar la efectividad y eficiencia en el gasto público y la inversión pública que alcanza el 50% de la inversión del Estado”.

Llamó la atención sobre la necesidad de actualizar el catastro: “es necesario fortalecer las bases de tributación subnacionales (municipios) para optimizar la inversión social”.

Para el decano de Ciencias Económicas, al país le urge una política monetaria expansiva que permita reducir lo antes posible las altas cifras de desempleo (que alcanzan el 15 %) y la pobreza monetaria, que afecta al 42% de la población.

En ese sentido, es imperativo incrementar la deuda pública y que el Banco de la República mantenga liquidez en el corto plazo. “La austeridad puede ser necesaria en ciertos momentos, pero no en este”, advierte.