Por lo pronto, la cautela ambiental parece ganarle a las oportunidades económicas que supone la implementación de la técnica

Como si aplicara el adagio de que “ante la duda, abstente”, el debate sobre la implementación de la fracturación o estimulación hidráulica, también conocida por el término en inglés fracking, empezaron ganándola, al menos temporalmente sus detractores.

Esta práctica, ha explicado la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, “es una técnica que permite romper la roca donde gas y petróleo se encuentran atrapados a gran profundidad. Luego de perforar hasta alcanzar la roca, se inyecta una mezcla de líquidos y arena a alta presión para fracturar la roca y liberar gas o petróleo”.

Contravía

El viernes se conoció una medida cautelar emitida por el magistrado de la Sección Tercera y vicepresidente del Consejo de Estado, Ramiro Pazos, quien concluyó que la autorización en Colombia para la aplicación de la técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana.

“El Consejo de Estado suspendió los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking”, según el auto.

Pero ya el miércoles la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había archivado las solicitudes de licencia ambiental de los proyectos pilotos de fracking en Ape Piranga y Ape Plata, localizados en el Magdalena Medio.

Para la ANLA la información “es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia”, considerando que para tomar una decisión “es muy importante tener un panorama más amplio sobre el adecuado manejo ambiental que se dé durante la realización de esta actividad, de manera que se garantice un adecuado uso de los recursos sin afectaciones al medio ambiente”.

Comisión de expertos

Sin embargo, ese mismo día el Gobierno nacional anunció la conformación de una comisión multidisciplinaria e independiente de expertos, para analizar y formular recomendaciones sobre la fase exploratoria de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

La ministra Suárez ha dicho que implementar el fracking “es una decisión trascendental para Colombia”.

“Yo creo que es bueno oír a la comunidad y a grupos de interés, tener muy clara cuál es la reglamentación que existe y cómo se pueden mitigar riesgos ambientales”, ha precisado, aclarando que a ella le gusta el uso del fracking “con diálogo y con cuidado del agua. Nosotros tenemos que pasar de un debate político a un debate que entienda a las comunidades, con mucho entendimiento técnico y mucha pedagogía acerca de este sistema”.

Hace pocos días la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) publicó un análisis de los beneficios que traería para el país el desarrollo de los yacimientos no convencionales y que evidenciarían que el uso de la técnica del fracking representaría para Colombia una oportunidad de generar ingresos fiscales por $1,5 billones anuales en impuestos, derechos económicos contractuales, dividendos y regalías.

El informe destaca el impulso al desarrollo regional y el efecto positivo que un solo proyecto de yacimientos no convencionales podría representar como la generación de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, la generación de 2.500 millones de dólares por concepto de regalías y un efecto multiplicador en impuestos locales asociados a la cadena de bienes y servicios.

“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal del Gobierno central no está garantizada”, indicó Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, los yacimientos no convencionales son una oportunidad de “generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno nacional y el desarrollo social de los colombianos”.

Tres proyectos

Mientras tanto la Comisión Quinta del Senado ha programado una serie de foros en los que los ponentes de tres proyectos acumulados sobre fracking reunirán información para orientar el informe (o los informes) que presentarán a la célula legislativa.

"Hemos querido debatir este importante tema desde las distintas regiones para que todos los actores involucrados, especialmente la sociedad civil, participen y expongan sus argumentos, ya sea a favor o en contra, de tal manera que podamos alimentar el debate y dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar puntos de encuentro y consensos, con el ánimo de tomar las mejores decisiones que garanticen el desarrollo y la sostenibilidad ambiental", dijo el presidente de la Comisión, el senador José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Los proyectos de ley que se encuentran cursando trámite en la Comisión son el número 058 de 2018 Senado, que busca prohibir el fracking en todo el territorio nacional; el número 071 de 2018 Senado, que busca prohibir del todo el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales sin distingo de la técnica que se utilice; y el número 115 de 2018 Senado, que plantea una moratoria hasta tanto no se cuente con los estudios y la institucionalidad suficiente.

La primera iniciativa la presentó el senador conservador Juan Samy Merheg. La moratoria fue planteada por la senadora Maritza Martínez, de La U.

El proyecto que frena todos los yacimientos no convencionales llegó al Congreso de la mano de la Alianza Colombia Libre de Fracking con las firmas de 100.000 personas que lo respaldan y halló eco en 30 congresistas de la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Polo Democrático, La U, la Lista de la Decencia, Cambio Radical, partido Farc, Partido Conservador y MAIS.

Los grupos de ponentes es coordinado por Nora García (Partido Conservador) y lo integran Didier Lobo (Cambio Radical), Alejandro Corrales (Centro Democrático), Sandra Ortíz (Alianza Verde), Jorge Robledo (Polo), Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Pablo Catatumbo (Farc), Guillermo García (Partido Liberal), y el presidente Name.