LAS PRETENSIONES del Gobierno de emprender una reforma laboral por decreto, incluyendo varios artículos que fueron eliminados del texto que pasó el primer examen en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, puso en alerta a los gremios empresariales del país.

Tanto Aliadas, ANIF, la ANDI y Fenalco, pusieron en duda que esa determinación, que revivirían esos artículos y que tiene que ver con ampliación de las garantías sindicales a los trabajadores y los costos por despidos, se pueda hacer por decreto.

El gremio de Aliadas, que preside María Claudia Lacouture, señala que “modificarían de manera importante el Código Sustantivo del Trabajo. Se trata de una iniciativa del Gobierno nacional de modificar la ley laboral mediante la expedición de decretos reglamentarios. La Constitución Política, en su artículo 189 (11), faculta al presidente para “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Dicho artículo no faculta al presidente para expedir leyes, sino para reglamentar las existentes y en la medida en que las mismas así lo establezcan”.

Contradicciones

Considera Aliadas en una carta enviada al Gobierno y conocida por EL NUEVO SIGLO, que “resulta absolutamente contradictorio y poco democrático que el Gobierno nacional haya presentado al Congreso su proyecto de reforma laboral para la próxima legislatura, habiendo acordado un texto en el cual se excluyeron los temas que ahora se pretenden regular usando facultades reglamentarias que el ejecutivo claramente no tiene”.

Señala que “la iniciativa gubernamental busca modificar de manera sustancial la ley vigente en materia laboral. Ejemplo de ello es la modificación que se pretende en materia de derechos colectivos tales como la negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos. Aspectos que, por ser de rango legal, no se pueden tramitar vía decreto reglamentario, so pena de resultar inconstitucionales e ilegales, sino que requieren modificación de la ley a través del Congreso de República”.

Considera que “la reforma se justifica en parte argumentando que las recomendaciones y compromisos adquiridos por los gobiernos anteriores frente a la OIT, la OCDE y los TLC con Estados Unidos y Canadá la exigen. No obstante, tal justificación no es válida toda vez que los compromisos mencionados se vienen cumpliendo de manera permanente con planes de trabajo concretos y en algunos casos no resultan vinculantes ni hacen parte de la legislación interna por no darse los elementos propios del bloque de constitucionalidad como aquellos con incidencia comercial que se desprenden de manera indirecta de los TLC”.

Los costos

Por su parte, el centro de pensamiento ANIF, sostuvo que “si bien la reforma pretende ampliar las garantías para los trabajadores, al igual que mejorar sus condiciones laborales y fomentar la formalidad, está lejos de hacerlo bajo ese mecanismo. El aumento en los costos de remuneración de 8,2% para los empresarios despierta importantes preocupaciones”.

Indican que “el nuevo costo derivado de la reforma laboral sería asumido en su totalidad por el empleador, pues eso no implica un incremento en los niveles de productividad ni en el valor agregado que aporta el trabajador. Otros como el aumento del recargo dominical y de las indemnizaciones por despido sin justa causa, son cargas que suman presiones financieras a los empresarios, particularmente a los de menor tamaño”.

Asegura ANIF, que “esta reforma beneficia a una parte de los trabajadores actuales bajo contratos laborales, pero no propende por la creación de nuevos puestos de trabajo ni contribuye con el aumento de la formalidad. Por tanto, es necesario que las discusiones futuras en las instancias restantes en el órgano legislativo contemplen con seriedad todos estos elementos. Es necesario construir una reforma que contribuya a atacar uno de los problemas más críticos de nuestra economía, que nos ubica como uno de los países con la tasa de desempleo más alta de la región y de la OCDE”.

¿Lealtad constitucional?

Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, mencionó que la reforma, tal y como está generará sobrecostos a las empresas y comercios, debido al cambio en el pago de la jornada nocturna y las horas extras, manifestó que el Gobierno no puede expedir decretos reglamentarios que sustituyan la voluntad del legislador.

“Decir que ‘si no lo aprueba el Congreso lo saco por decreto’ o es una muestra de desconocimiento o constituye una violación del deber de lealtad constitucional”, señaló.

Apuntó que, al presentar un proyecto de ley, el Gobierno reconoce que los asuntos que contiene son de reserva de ley. Entonces, “si traslada artículos negados por el Congreso a un decreto reglamentario, desconoce la jerarquía normativa porque asume competencias del legislativo que el mismo gobierno reconoció al presentar el proyecto de ley”.

Por eso, el dirigente gremial expresó que estará atento para llevar al Consejo de Estado, que es el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en tal virtud conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno nacional que no sean de competencia de la Corte Constitucional, las inquietudes constitucionales y legales que puedan surgir.

Ante esto, el viceministro de Trabajo Edwin Palma le hizo una propuesta al presidente de Fenalco: “Le propongo, Dr. Cabal, un debate sobre el contenido de estos textos y la facultad reglamentaria que tiene este y todos los gobiernos, conforme a la Constitución”. Además, le apuntó que “deje de mentirle al país”.

Cabal le respondió: “Complacido acepto un debate sano, democrático y respetuoso sobre el contenido integral del proyecto de reforma laboral y los decretos proyectados por el Gobierno nacional. Los colombianos merecen conocer la verdad del impacto económico y social de esta iniciativa”.

El dirigente gremial anotó que queda atento a la coordinación del día y hora para hacer el debate con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y por supuesto, en un horario de alta audiencia, para que más colombianos conozcan la realidad sobre los efectos negativos de sus propuestas.

Peor el remedio

A su turno, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, se pronunció a través de su cuenta de X, en la que se refirió al proyecto que se encuentra en curso en el Congreso de la República. Aseguró que “es falso que la reforma laboral sea un gran avance para los trabajadores. Se trata de vender esa idea cuando la verdad es que se olvida de la generación de empleo y de reducción de la informalidad”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, dijo que, con la reforma laboral, será peor el remedio que la enfermedad. “El texto que hoy se debate NO resolverá el problema de la informalidad en la ruralidad. Es enorme la responsabilidad de los congresistas de la Comisión Séptima con sus regiones y el país”, comentó el líder gremial.

Además de ello, Bedoya posteó en su pronunciamiento un comunicado de la Sociedad, en donde aseguró que son más de 3 millones de personas las que derivan su sustento del sector agropecuario, que representa actualmente el 13,8% de la población ocupada en Colombia.

También criticó los artículos 34 y 35 y otros sobre el contrato agropecuario, asegurando que tal como se presentan no podrán resolver el problema de informalidad laboral rural.

Incertidumbre por los costos

Las críticas al proyecto no han faltado, pues desde varios gremios industriales y empresariales se ha hablado de los efectos nocivos que tendría sobre el tejido empresarial del país, al generar mayor incertidumbre por un aumento en los costos laborales o los costos operacionales, que a su vez impactaría en la formalización de más trabajos en el país.

El texto cuenta con 92 artículos con puntos fundamentales. De estos, cerca de 51 artículos ya fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Por otro lado, se eliminaron 22 artículos y quedan 25 restantes por aprobar.