COLOMBIA cuenta con una población estudiantil universitaria de aproximadamente 2,4 millones de personas, de las cuales, una parte significativa accede a la educación superior a través de financiamiento. Cada año, miles de jóvenes presentan pruebas de ingreso y buscan acceder a cupos en universidades públicas y privadas, aunque no todos logran matricularse debido a limitaciones de oferta o falta de recursos económicos.

En este contexto, el Icetex ha sido una herramienta de financiamiento clave. Sin embargo, en 2025, el Gobierno nacional tomó la decisión de eliminar el subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos, afectando directamente a más de 327.000 personas entre estudiantes y egresados, quienes enfrentarán un incremento en sus cuotas mensuales y en el monto total de su deuda.

El subsidio cubría una parte de la tasa de interés que pagaban los estudiantes. Actualmente, la tarifa de los créditos educativos del Icetex está compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un spread. Con el subsidio, una parte de este era asumido por el Estado, permitiendo reducir el costo final para los beneficiarios. Sin el apoyo, los estudiantes y egresados deberán asumir el total del interés, lo que representa un importante incremento en cuotas y en el monto total de la deuda para muchos de los créditos. La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de los beneficiarios, quienes alegan que el incremento en los costos de los créditos podría llevar a una mayor deserción y dificultar la situación financiera de quienes ya están endeudados.

Según la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), la eliminación de estos subsidios impacta a aproximadamente a 327.000 personas, de las cuales 125.000 son estudiantes activos y 184.000 son egresados en periodo de amortización. Para estos últimos, las cuotas mensuales aumentarán, dificultando la capacidad de pago y generando preocupación en sectores académicos y financieros.

El recorte del subsidio afectará en mayor medida a los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos y medios que dependen de estos créditos para completar sus estudios. Sin este apoyo estatal, los intereses de los préstamos aumentarán, encareciendo la educación superior y, en muchos casos, haciendo inviable la permanencia en la universidad.