LOS TROPIEZOS constantes en la vía al Llano, por el puente Chirajara y los derrumbes, la grave crisis en Rosas (Nariño), los sucesivos cierres en La Línea y los problemas en la conectividad entre Quindío y Valle, mostraron la debilidad del país en sus vías.

Todo esto unido a casi 600 bloqueos de carreteras en lo corrido del año, hizo que el país perdiera alrededor del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir $ 26 billones, por el impacto en los precios del transporte, las pérdidas de maquinaria, incremento en el valor de las obras y el aumento y complicaciones en el valor de los alimentos, de acuerdo con un análisis de la Universidad del Rosario.

Según Colfecar, el corredor que ha registrado mayor número de bloqueos es el de Bogotá-Costa norte, con 202 bloqueos. Y de todos los cierres que se han dado a lo largo del año, el del Paro Minero, realizado en Antioquia, ha sido el más largo, con un bloqueo de 40 días.

Por otra parte, durante gran parte del 2023, algunas vías de diferentes departamentos presentaron graves daños estructurales que dejaron incomunicadas a las regiones y paralizados a miles de transportadores y pasajeros.

En Rosas

La primera vía que causó una grave crisis para el suroccidente del país y puntualmente al departamento de Nariño fue la Panamericana luego del derrumbe que se registró en el municipio Rosas, Cauca, el 9 de enero.

Por otro lado, el 18 de julio del 2023 una avalancha en el sector el Naranjal arrasó con decenas de casas, cobró vidas humanas y taponó la vía hacia el Meta, cuando el puente fue arrasado por un alud. Ante la compleja situación vial desde y hacia ese departamento, dos puentes militares fueron instalados con limitación de uso.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2023, otra importante vía que conduce al oriente del país tuvo una grave afectación por el colapso del puente Los Grillos, lo que generó el cierre indefinido de la transversal Cusiana en el departamento de Boyacá.

Asimismo, el primero de octubre la vía que de Bucaramanga conduce a Barrancabermeja tuvo cierres por un gran deslizamiento de tierra. Ante la situación, la misma comunidad hizo un paso provisional para poder movilizarse y, aunque ya fue habilitada la vía, tiene paso restringido y no se encuentra en óptimas condiciones de tránsito.

Concesiones

Sin embargo, y pese a estas situaciones que han sido críticas para el país, un análisis del Bancolombia, indica que la situación de la infraestructura, a pesar de algunos impases, Colombia puede ver hoy completadas tres generaciones de concesiones mientras que la cuarta generación (4G) acumula un avance del 75%, que incluye 8 de 29 obras terminadas, 11 obras con avance superior al 90% y 14 obras con avance superior al 50%.

Así las cosas, y con base en el cronograma vigente, estarían pendientes de adjudicación Santuario-Caño Alegre, todos los proyectos aeroportuarios, Río Magdalena y los que estaban considerados en la segunda ola de 5G.

En línea con lo anterior, además de otras iniciativas de obra pública, Colombia cuenta con un voluminoso presupuesto garantizado por el Estado. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), las vigencias futuras entre 2024 y 2028 ascenderían a $ 44,9 billones. En 2023 habrían sido $ 4,9 billones y $ 5,8 bn en 2024.

Así, luego de varias olas de proyectos, todo apunta a que lo que vendría en el sector en los próximos años sería una apuesta por la consolidación gradual de un modelo de transporte intermodal moderno que permita reducir la brecha de desarrollo que continúa siendo evidente.

Plan intermodal

Desde 2020, Colombia presentó el Plan Maestro de Transporte Intermodal (Pmti), que aborda un diagnóstico de la situación del transporte intermodal en Colombia en el que se identifican brechas, desafíos y las oportunidades para su desarrollo.

Además, realiza una propuesta de visión estratégica para el transporte intermodal a 2035, basada en los objetivos de sostenibilidad e incluye la definición de una cartera de proyectos prioritarios y un marco institucional y normativo orientado a facilitar la coordinación entre los actores públicos y privados, la asignación de recursos y la evaluación de resultados.

Estos dos elementos son retomados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, en el que se propone un modelo de infraestructura sostenible, resiliente y socialmente inclusivo, que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático, al desarrollo territorial equitativo y a la generación de empleo digno y de calidad.

En plan plurianual de inversiones se destaca la priorización e intervención de terminales y corredores fluviales, ferroviarios y aeroportuarios con el fin de “fortalecer la conectividad territorial, la movilidad sostenible, el acceso universal a los servicios públicos y la gestión integral del riesgo de desastres”.

Así pues, es claro que Colombia necesita seguir invirtiendo en sus infraestructuras y avanzar decididamente en la intermodalidad, al tiempo que garantiza su calidad y sostenibilidad.

Regulaciones

Pero dadas las dimensiones del reto, y algunos antecedentes, el país debe superar las debilidades institucionales y regulatorias. En Colombia este tema es particularmente relevante y se vuelve muchas veces crítico, ya que ralentiza la implementación de los proyectos en todas sus etapas (planificación, ejecución y supervisión).

Es importante que se pueda avanzar diligentemente en licenciamientos ambientales, acuerdos con comunidades y negociaciones de predios, además de otros asuntos o diferencias puntuales entre la ANI y los concesionarios.

“A nuestro modo de ver, los principales son los relacionados con la capacidad institucional, la confianza de los concesionarios actuales y potenciales y la articulación con el sector privado”, sostienen los investigadores del Bancolombia.

El sector de infraestructura en Colombia tiene un gran potencial para contribuir al crecimiento económico y al bienestar social en el mediano y largo plazo. Si bien los avances son notables y los proyectos en curso prometen continuar con esta senda de progreso, también lo son los retos de cara al futuro

El papel de las juntas comunales

Con una inversión cercana a los $ 8 billones, el Gobierno nacional busca desarrollar el programa “Caminos Comunitarios”, una estrategia de inversión que pretende mejorar el acceso en las zonas rurales.

Uno de los ejes de esta estrategia consiste en desarrollar las obras de la mano de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Durante la fase de postulación, a través de cabildos, reuniones y socializaciones, se logró que más de 29.000 organismos de acción comunal identificarán sus necesidades y presentarán de manera concertada los tramos que necesitaban obras de mejoramiento y mantenimiento. En los territorios, las comunidades se han unido alrededor de los proyectos, generando trabajo en equipo, dando oportunidades a quienes no tienen empleo y permitiendo que las mujeres creen emprendimientos alrededor de los mismos.

“Han sido jornadas de largas caminatas, socializaciones, talleres y ferias en las que los representantes de las comunidades han tenido la mejor disposición, se han creado lazos fuertes de trabajo, lo que facilita la integración del Estado con las comunidades campesinas, logrando cumplir el objetivo del programa”, indicaron desde el Invías.

Una postura en la que coincide la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que ha insistido en diferentes espacios en que las pymes especializadas en ingeniería en las regiones están prestas a asociar esfuerzos con las juntas comunales para construir y mejorar las vías terciarias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, señaló que las pymes “son las llamadas a asumir la desafiante tarea de construir y mejorar las vías terciarias que tanto anhela el país. Incluso, podrían hacerlo, como lo ha planteado el Gobierno, en llave con las Juntas de Acción Comunal. Las primeras, bien aportarían su experiencia técnica, mientras que las segundas podrían contribuir en las labores de mantenimiento y rocería”. Y agregó que en Colombia hay 68.623 empresas de ingeniería legalmente constituidas, de las cuales 68.062 están clasificadas en la categoría de pequeñas y medianas.

A pesar de las dificultades que supone la ejecución de este proyecto, desde el Invías destacan que ya han logrado suscribir 651 convenios, distribuidos en 406 municipios de 28 departamentos. Así mismo, se han adjudicado 63 interventorías que acompañarán la ejecución y supervisión de las obras por parte del Instituto.