La intervención del presidente Gustavo Petro en las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), incluido el marco tarifario, durante tres meses, ya está generando preocupación en las agencias calificadoras de la deuda soberana del país.

Este martes, Adrián Garza, vicepresident senior Credit Officer de Moody’s Investors Service, dijo que “el nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia. Las iniciativas gubernamentales están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación”.

Sostiene Garza que “si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.

El pasado 16 de febrero, el presidente asumió la regulación de los servicios públicos en Colombia, mediante el decreto 0227 firmado por los ministros de Hacienda, Vivienda y Minas y Energía, y por Planeación Nacional. 

Según el documento, Petro cumplirá con labores de regulación de los servicios durante tres meses, hasta el 16 de mayo de 2023, y podrá solicitar apoyos técnicos a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la CREG, así como a otras entidades de cada sector.

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Notas estables

Esta situación se presenta cuando la mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen perfiles crediticios sólidos acordes con calificaciones de grado de inversión bajo y perspectivas de calificación estables.

Sin embargo, un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente para las empresas de distribución de gas natural y agua.

Así lo advierte también la calificadora de riesgos Fitch Ratings. “Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, dice.

Según Fitch, el desajuste actual entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema están elevando los precios de la energía en el mercado, y los precios podrían ser más altos si las inversiones de capital en capacidad de generación no aumentan junto con la creciente demanda.

En ese contexto, precisó que la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio.

Demanda

La entidad pronosticó que la demanda de electricidad de Colombia crecerá en 1.500 gigavatios-hora (aproximadamente un 2%), además del crecimiento de 2.500 gigavatios hora del año pasado. Esto implica que se necesita 1 gigavatio de capacidad adicional anualmente para satisfacer el crecimiento de la demanda sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía, lo que requeriría generación de fuentes renovables no convencionales con factores de capacidad que oscilan entre el 20% y el 25%.

Durante 2022 entraron en operación comercial 25 proyectos con una capacidad efectiva neta de 995 megavatios, de los cuales 580 megavatios correspondieron a las dos primeras unidades del proyecto Ituango a fines del año pasado.

“La independencia del regulador de Colombia de las intervenciones del Gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas. La sólida estructura regulatoria de Colombia ha sido generalmente positiva para los perfiles crediticios de los emisores calificados, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas”, destacó la calificadora.