A raíz de las intervenciones del Gobierno en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como Sanitas, la Nueva EPS y la situación de Compensar, podrían terminar en liquidaciones afectando con ello a millones de usuarios

De allí que el centro de estudios Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), advirtió que el sistema de salud podría tener una “caída en dominó”.

La Anif sostuvo que las intervenciones fueron “situaciones que originaron angustia generalizada de los usuarios”.

Mirando el panorama que se ha presentado en el país sobre otras EPS, Anif dice que a largo plazo las intervenciones impactan la atención en salud de los usuarios. “Como lo muestran casos anteriores, es altamente probable que las EPS intervenidas terminen en procesos de liquidación como ha sido el caso de Medimás y Coomeva”, expresaron.

Sobre esto, recordaron que “todas las intervenciones que se han llevado a cabo desde la instauración del sistema de salud actual, ninguna ha terminado de manera exitosa”, lo cual terminaría en una eventual liquidación de esas aseguradoras y que dejaría consecuencias “nefastas” para los usuarios.

Ante esto —señala el comentario de la Anif—, se registra un traslado masivo de usuarios a las EPS que sigan operando, pero esto “impone mayores presiones sobre el sistema en su conjunto”.

Los afiliados

“El cierre de Medimás y Coomeva implicó el traspaso de más de 2,6 millones de afiliados” y de estos “más del 60% fueron recibidos por EPS que actualmente se encuentran en proceso de intervención (Famisanar, Sanitas y Nueva EPS) y en liquidación voluntaria (Compensar)”, argumenta la Asociación y agrega que esto pone en aprietos la condición financiera y administrativa de las EPS receptoras.

Al recibir los afiliados designados por la SuperSalud, las EPS deben dar continuidad a los tratamientos y atender procesos legales vigentes en las entidades liquidadas. Así, las EPS receptoras deben asegurar la prestación de servicio, con el mismo capital físico y humano previo a los nuevos afiliados.

Esto genera retrasos en los ser- vicios, disminución en la calidad de la atención ofrecida y pone en riesgo el acceso y tratamiento de los usuarios por mayores tiempos de espera. Por ejemplo, se evidenció que después de la intervención a Medimás, el tiempo promedio de espera para una cita de medicina general pasó de ser 1,72 a 2,02 días (lo que implica un aumento de 17,44%); mientras que la satisfacción global de los usuarios bajó de 60,9% a 54,1%, de 2017 a 2021.

Coberturas

De este modo, los usuarios buscan desplazarse a otros tipos de coberturas y servicios de salud, tales como planes de medicina prepagada, planes complementarios e incluso medicina particular, lo que se traduce en un aumento del gasto de bolsillo. Eso tiene duras repercusiones en términos de desigualdad en el sistema, donde los mayores perjudicados son las personas de bajos ingresos.

Para evitar que se llegue a un estado más complicado en la prestación de los servicios de salud, el Gobierno deberá atacar los problemas del sistema, que “como hemos mencionado reiteradamente, se centran en la financiación. El pago oportuno de los presupuestos máximos, de la UPC, así como la revisión y actualización de esta última al integrar elementos que reflejen los cambios epidemiológicos y aumento de las frecuencias de uso, son vitales para mantener a flote la salud”.

“Hacemos un llamado para no poner en juego el derecho a la salud de los colombianos y con esto, uno de los mayores logros en términos de equidad del país. Con las intervenciones y las posibles liquidaciones posteriores, existe la posibilidad de que las EPS restantes se sobrecarguen, dando espacio para que nuevas intervenciones por detrimento de la prestación de servicios sigan latentes en el horizonte cercano. Con ello, un efecto dominó que termina por socavar uno de los mejores sistemas de salud del mundo”.