La decisión del Reino Unido de reimplantar la exigencia de visa a los colombianos no es un hecho aislado. Por el contrario, es una consecuencia de una estrategia de política exterior que lleva más de dos años desenfocada bajo el gobierno Petro, en medio de bandazos, improvisación, clientelismo diplomático y una excesiva ideologización de los intereses geopolíticos estratégicos.
Según se informó, la razón para revocar esa exención de visa, otorgada dos años atrás, fue la creciente migración irregular y, en particular, un alud de peticiones injustificadas de asilo por parte de ciudadanos y familias colombianas. Situación informada en su momento a la Embajada en Londres, pero que no pudo ser controlada, razón por la cual el Gobierno inglés tomó la aludida decisión que, tiempo atrás, también se aplicó a Jordania, Honduras y El Salvador.
Habría que preguntarle a la embajada londinense, la Cancillería y a Migración Colombia qué medidas se tomaron para enfrentar esta anomalía y por qué no funcionaron. Limitarse a señalar que por la culpa de una “pequeña minoría” de compatriotas se perjudicó a la mayoría, no es un argumento suficiente ni serio en un Estado Social de Derecho. Pareciera, al decir de no pocos críticos ayer, que no hubo suficiente diligencia de las autoridades de nuestro país para reaccionar efectivamente. Una falencia que también se ha traído a colación en otras circunstancias externas que toman desprevenida o ante hechos ya de facto a la institucionalidad diplomática y la propia Cancillería.
Hemos reiterado que la política internacional de Colombia, que debe tener rango y vocación estatal, terminó desenfocándose en los últimos dos años. La polémica relación con la dictadura venezolana (que se mantiene pese al fraude electoral y la represión violenta a la oposición), la aún más controvertida postura contra Israel en el conflicto en Oriente Medio, así como los cortocircuitos en la relación con Estados Unidos (nuestro principal socio comercial y político) son algunos temas que evidencian esa insólita y peligrosa desorientación. Una falencia contagiada, además, de una confusa ideología ‘progresista’ y anacrónica que lleva a conceptos radicales e inviables en materia geopolítica, económica, comercial, energética, sanitaria, de inversión, migratoria, tecnológica y ambiental, entre otros dilemas globales.
Ahora, por más graves que sean esos temas, no son los únicos. Por ejemplo, hay muchas designaciones de dirigentes políticos o de personal sin experticia ni cumplimiento de requisitos mínimos en embajadas y consulados.
Y qué decir del lío en que terminó el proceso para la producción de los pasaportes. Tras instrucciones de la Casa de Nariño, el anterior canciller tomó una serie de decisiones controvertidas alrededor de la licitación respectiva, que desembocaron no solo en demandas millonarias a la Nación, sino en un fallo de destitución del ex alto funcionario.
Igualmente, la polarización política ha llevado a que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) se haya convocado muy pocas ocasiones, con el agravante de que la mayoría de expresidentes no asiste por su abierto desacuerdo con el Ejecutivo.
Por otra parte, pese a no ser países clave dentro de la estrategia geopolítica, diplomática ni económica, este Gobierno se ha empeñado en crear embajadas en países como Arabia Saudita, Guyana, República Checa, Barbados, Palestina, Angola, Senegal, Nueva Zelanda, Etiopía y Rumania. Incluso reactivó algunas delegaciones que estaban adscritas a otras dependencias diplomáticas. Tal es el caso de la representación ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el único fin claro de enviar allí al exsenador y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien, tras múltiples controversias con el alto gobierno, se terminó posesionando en febrero pasado y acaba de renunciar para volver como alto consejero de la Casa de Nariño.
Y, como si lo anterior fuera poco, el rifirrafe que armó el propio presidente de la República meses atrás, sobre un presunto complot en el anterior gobierno para comprar por más de once millones de dólares a Israel un software de ciberespionaje (que en realidad lo adquirió Estados Unidos para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Colombia), llevó a que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fuera suspendida del llamado “Grupo Egmont”, que asocia a todas las instancias de este campo en el planeta y permite compartir información sobre transacciones sospechosas, obviamente siempre bajo un manto de confidencialidad.
Visto todo ello, se entiende, lamentablemente, porque en el caso del Reino Unido, en lugar de atacar el problema de fondo, que es el alud de asilos irregulares, la respuesta ayer del gobierno Petro sea la de exigirles visa a los británicos. Una prueba más de la improvisación permanente y la falta de estructura y profundidad en la política internacional colombiana.