LA DIVISIÓN en el departamento de Antioquia sigue creciendo ante la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón para implementar un impuesto para la seguridad. El mandatario busca la recaudación de por lo menos 1,2 billones de pesos que serían recaudados de los ciudadanos pertenecientes al estrato 4, 5 y 6, además de los clientes comerciales e industriales que desarrollan su actividad económica en esta zona del país.

Rendón plantea que el impuesto sirva para una mejor importante en la infraestructura y la tecnología de la Fuerza Pública, además de tener impacto en regiones aledañas como el Valle de Aburrá. Asimismo, el gobernador adhiere que el departamento necesita de manera urgente una renovación en las instalaciones de las guarniciones militares que ya están en un deterioro notable.

No obstante, la medida no ha sido del todo celebrada por los alcaldes y diputados del departamento, quienes entraron en división ante la medida. Uno de los opositores a este impuesto es el alcalde Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien señala no “estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía a través de la cuenta de los servicios públicos cuando ya la gente paga altas tarifas en el tema de la energía. Hay que tener claridad inclusive jurídicamente si EPM podría cobrar ese tributo a través de la cuenta de servicios públicos”.

Y es que justamente la propuesta de recaudo desde la gobernación es a través de la factura de EPM que vería un sobrecosto entre 14.242 pesos para estrato 4 y un máximo de 17.202 pesos que pagarían en el estrato seis. Asimismo, pequeños comercios pagarían algo más de 36.000 pesos, cerca de 3.6 millones de pesos para los grandes comercios, casi 15 millones para la fábrica de licores de Antioquia y casi 2 millones de aporte para Indeportes.

A pesar de la advertencia de Gutiérrez, el proyecto ha avanzado al primer debate en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Antioquia, pero quedó en suspenso ante una demanda por conflicto de intereses impuesta sobre dos diputados pertenecientes al Partido Centro Democrático.

Esta situación permitirá a la bancada de Rendón seguir sumando votos a favor de la iniciativa que ya cuenta con el respaldo de más de 100 alcaldes de las subregiones antioqueñas. No obstante, además de Medellín y la bancada Creemos que respalda a Gutiérrez, también Fenalco y la Asociación Intergremial de Antioquia han manifestado que la propuesta representaría una nueva carga tributaria.

“Yo espero, en esa tarea de persuasión, seguirle insistiendo, no solo a los diputados que han manifestado alguna prevención con la medida, sino también a los gremios que nosotros necesitamos llenar la tasa de la seguridad, llenar la tasa de la convivencia, llenar la tasa de condiciones dignas para la Fuerza Pública, esa es la tasa que necesitamos llenar, no otras que, de alguna manera, haciendo eco de cifras que no existen, le han querido hacer daño a esta propuesta, que no es cómoda ni fácil de sacar, pero que es absolutamente necesaria”, dijo en su momento Rendón a la hora de presentar la propuesta.

¿Qué se dice desde el Gobierno?

Desde la presidencia la medida tampoco ha sido bien recibida. En la misma vía que Federico Gutiérrez, el presidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales días atrás, respecto a la propuesta que “un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo”. Asimismo, el mandatario señaló que “ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadore (a)s en Antioquia”.

Su trino llegó en respuesta a una noticia en la que desde EPM se veía como inviable la medida, a lo que Petro también aprovechó para cuestionar a Rendón y en el que afirmó que mientras desde la gobernación aumentan los precios de la energía, desde el Gobierno se hará una baja significativa a las tarifas.