LA FISCALÍA General de la Nación presentó recurso de apelación frente al fallo absolutorio del juez primero del Circuito Especializado de Antioquia, en favor de Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, e investigado por presunto paramilitarismo en relación con la conformación del grupo armado denominado como “los doce apóstoles”, bajo los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El recurso judicial fue presentado ante el Tribunal Superior de Antioquia, bajo la sustentación del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Néstor Millán. Solicitando que se revoque el fallo proferido en primera instancia al considerar que el procesado tiene relación con los hechos mencionados en la investigación”. Sin embargo, en el fallo de primera instancia se explica que la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad de Santiago Uribe en los delitos que el ente investigador mencionaba y que no existía suficiente evidencia para emitir sentencia condenatoria.
De igual manera, el ente acusador advierte que el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia no tomó en cuenta todas las pruebas presentadas por la parte demandante, por lo que “solicita a la magistratura proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia”. Además, el ente también exige, cuando menos, la obligación de señalar en concreto las razones de disenso con lo decidido, para cuyo efecto el discurso no puede ser diferente al de la providencia misma.
Por su parte, la Procuraduría Delegada, presentó la misma solicitud y pidió la revocatoria de la absolución de manera inmediata, luego de señalar que existen evidencias claras que vinculan al señor Santiago Uribe Vélez entre las que se incluyen pruebas documentales y testimoniales con acciones armadas en varios municipios ubicados en el norte del Departamento de Antioquia y que estaban vinculadas a grupos de “exterminio social”.
Al respecto, el funcionario del Ministerio Público explicó que “en primera instancia el juez negó la petición de la Procuraduría y determinó absolver al procesado tras una decisión que como lo demostramos fue fruto de una valoración errónea de la prueba practicada. Con la equivocada determinación, el funcionario judicial se apartó de la veracidad sobre el material probatorio y afectó los derechos de las víctimas determinadas e indeterminadas que por años han esperado justicia en cada uno de los procesos”.
Ahora, la determinación queda en manos del Tribunal Superior de Antioquia y a la espera de conocer sí se procede a revocar el fallo inicial y retomar el proceso o, por el contrario, las investigaciones se cierran en segunda instancia. Los hechos sobre los cuales se investiga a Santiago Uribe se relacionan con un grupo armado financiado por presuntamente ganaderos y otras personas en Antioquia para hacer limpieza social entre 1994 y 1998, en total murieron 533 personas durante la existencia de ese grupo armado.