Mediante la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, 4.528.624 personas lograron conseguir empleo en los últimos 10 años. Esta red se creó con el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), que en la actualidad cuenta con 178 prestadores autorizados que agrupan a 690 puntos de atención, de los cuales un 38 %, es decir 267, son de las Cajas de Compensación Familiar. Esta es la red más grande del país, en que el 23 % son de la Agencia Pública de Empleo y el restante se dividen entre bolsas de empleo, entes territoriales, agencias privadas con ánimo de lucro y agencias privadas no lucrativas.

De acuerdo con las cifras que maneja la Red, durante este tiempo se han registrado 7.007.658 hojas de vida en las agencias de las Cajas: 53 % son mujeres y 47 % hombres. La edad promedio al registrar la hoja de vida es de 34 años, y se han logrado más de 4 millones de colocaciones entre las que el 62 % corresponden a hombres y 38 % a mujeres.

Señala un informe del mecanismo de protección, que desde 2015 se han reportado 12.323.383 vacantes en el Servicio Público de Empleo La orientación laboral, liderada por las Cajas, es un componente central en la atención a los cesantes, que incluye actividades como la cita inicial de orientación con un profesional especializado, talleres de hoja de vida, pruebas psicotécnicas y talleres de identificación de habilidades, entre otros.

Acompañamiento

Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas, compartió “las Cajas han logrado promover la empleabilidad de grupos poblacionales de difícil acceso, apostando por la implementación de rutas diferenciadas para mujeres, jóvenes, población víctima, migrantes, discapacitados entre otros. Esto nos ha permitido brindar un acompañamiento especializado a cada población y generar espacios de articulación institucional en los territorios”.

Señala la directiva que las Cajas de Compensación Familiar, como eje articulador entre empresarios y trabajadores, han trabajado en la creación y consolidación de este Mecanismo como un ecosistema de gestión del talento en los territorios, mediante el cual lidera la entrega de las prestaciones económicas, capacitación para la reinserción laboral y de trabajadores activos, agencias de gestión y colocación, y desde el 2020, el componente de fomento a las pequeñas y medianas empresas.

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Sobre las prestaciones económicas, conocido como el subsidio al desempleo, es importante destacar la contribución de las Cajas durante la crisis de empleo generada por la pandemia; entre marzo de 2020 y junio de 2022, 193.000 personas se beneficiaron con la continuidad de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y una transferencia de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Subsidios

El año pasado, de acuerdo con información de la Superintendencia Familiar, se entregaron 161.586 subsidios, aportando más de 489 mil millones para la protección de los ingresos de los cesantes.

Respecto a la empleabilidad, las Cajas han sido operadoras de importantes programas impulsados por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, 40.000 primeros empleos que colocó a 54.094 personas en su primer empleo según información del Departamento Nacional de Planeación y Estado Joven que logró beneficiar a 8.098 jóvenes en prácticas del Estado.

Estos programas se realizaron con recursos del Fosfec para promover la empleabilidad de jóvenes sin experiencia laboral. Además, se han consolidado como aliadas estratégicas de instituciones como PNUD, Acdi Voca, Cuso, el DPS, y los gobiernos locales para impulsar la empleabilidad de grupos de difícil acceso al mercado laboral, con el propósito de mejorar la interacción entre la oferta y la demanda laboral.

Si bien el Mecanismo de Protección al Cesante ha tenido un recorrido exitoso, existen grandes retos para continuar avanzando y responder a las necesidades del mercado laboral como las nuevas dinámicas de la digitalización y los paradigmas productivos.

Es necesario avanzar en la discusión sobre el diseño del subsidio al desempleo y la interacción con otras políticas pasivas para incrementar la protección social de quienes pierden su empleo; así como seguir conociendo el funcionamiento del mercado laboral, identificar las necesidades empresariales para conectar la oferta y demanda, apostar al fortalecimiento institucional, del Sistema de información, estructuración de ecosistemas de empleo y desarrollo de competencias para la productividad.