Con una tasa de desempleo al cierre del año 2020 del 15,9% (un aumento de 5,4 puntos porcentuales respecto a 2019) y una reducción del PIB del 6,8%, los impactos de la covid-19 han causado efectos profundos en el mercado laboral de Colombia, nunca antes registrados en su historia.

Redoblar los esfuerzos para impulsar una recuperación con trabajo decente es hoy el gran desafío, así lo indica el informe Impacto de la covid-19 sobre el mercado de trabajo colombiano y recomendaciones para la reactivación económica de la OIT.

La pandemia ha afectado mayoritariamente a los grupos más desfavorecidos del mercado laboral: los jóvenes, las mujeres, y los trabajadores temporales (de quienes muchas empresas prescindieron manteniendo solo al personal permanente).

Los trabajadores de la economía informal, incluyendo a los migrantes, han sufrido las mayores pérdidas en sus ingresos laborales. A raíz de las medidas restrictivas en la movilidad, los trabajadores informales vieron limitada su posibilidad de salir al “rebusque” y el cierre de los colegios y otros espacios de cuidado privó, especialmente a las mujeres, de los medios o apoyos para dedicarse a actividades que les aseguraran ingresos económicos. Se estima que durante el mes de abril (en el mayor pico de la pandemia), estos trabajadores tuvieron un 25% de pérdida promedio de sus ingresos.

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Frente a este panorama, el Gobierno colombiano ha tomado un conjunto de medidas para contener el impacto de la pandemia, como se analiza en el Informe, destacando entre otras, la extensión hasta marzo de 2021 del Programa de Apoyo al Empleo Formal, que aumentó el porcentaje subsidiado de 40% a 50% del salario mínimo de las mujeres contratadas, así como del personal en las actividades económicas más rezagadas por el impacto de la crisis: los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

Una política efectiva que la OIT recomienda extender por más tiempo. A su vez, el informe destaca el impacto del Plan de Reactivación elaborado por el Gobierno nacional, que contempla una inversión de $176 billones, financiado en un 50% por recursos privados, con el que se esperan generar más de dos millones de empleos en los sectores de infraestructura, construcción de vivienda, proyectos energéticos, de energía limpia y de transformación digital.