Los expertos insisten en que es necesario hacerla. Señalan que el principal problema del sistema actual es que la mayor parte de los subsidios están dirigidos a las personas de mayores ingresos

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Uno de los elementos más importantes del paquete social que se incluyó en la ponencia de la reforma tributaria, que tendrá esta semana su primer debate en las comisiones terceras conjuntas, es la disminución de manera gradual el aporte en salud del actual 12% a 4% para los pensionados que reciben un salario mínimo.

Este proyecto, al que ya se había comprometido desde 2013 el anterior gobierno, acabó por descartarse por su costo fiscal en 2017. Los beneficiados de la reducción en la cotización al régimen contributivo de salud iban a ser 2,1 millones de personas que están pensionados en el país (entre los de los fondos privados, Colpensiones y regímenes especiales) de los más de 6 millones de adultos mayores que se estima están en edad de jubilación. De ese total, la mayoría recibe al mes entre uno y dos salarios mínimos y solo en el Régimen de Prima Media (RPM) se estima que más de 636.000 jubilados devengan un salario mínimo.

La reducción del aporte se realizaría en un plazo de tres años. “Los pensionados en Colombia van a tener a través de esta Ley de Crecimiento Económico el cumplimiento de un sueño, y es la reducción del aporte a salud, que empezará el año entrante con la reducción del 12% al 8%, seguirá en el 8% y llegará al 4% en 2022. Es un proceso gradual, es un proceso efectivo”, dijo el Presidente el pasado martes cuando anunció las propuestas.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda señalan que el primer bajonazo, hasta el 8%, le implicaría al Estado asumir un costo fiscal de unos $400.000 millones, en tanto que la rebaja hasta el 4% supondría que la Nación pague $900.000 millones cada año por asumir este porcentaje adicional.

Además, como cada año hay más pensionados y va aumentando el salario mínimo, el Gobierno calcula que anualmente esta renta le aumentaría aproximadamente en $100.000 millones. No es gratuito que el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmara que esta medida “ha sido reclamada hace mucho tiempo”, pero “tiene un costo fiscal que puede ser importante”.

El directivo planteó que si el país tiene un espacio adicional para gastar en este frente, “el foco debería estar en el 75% de los adultos mayores que hoy no tienen acceso a una pensión contributiva, por ejemplo aumentando sustancialmente la cobertura de los más vulnerables a través del programa Colombia Mayor”.

El presidente de la Asociación Nacional de Pensionados, John Díaz, destacó como un gesto positivo el planteamiento de reducir los aportes para los pensiones, sin embargo, aseguró que dicha propuesta debería ampliarse para lograr mayor cobertura de ciudadanos. “Nos pareció bien que por lo menos el presidente de la República, Iván Duque, retomó el tema, aspiramos que se tenga en cuenta la propuesta que hicimos el pasado 12 de julio en el sentido de que se descuente el 2% cada año a partir de 2020 hasta 2024, para llegar al 4%, pero para quienes tienen 4.9 salarios mínimos”, dijo Díaz, quien además señaló que “los pensionados en los últimos 25 años hemos perdido el 34.87%, sobre todo los que tenemos un poquito más del salario mínimo, porque a nosotros nos aumentan es por el IPC”.

Cifras del sistema actual

En el pasado lunes en el seminario ‘Elementos para una reforma pensional en Colombia’, organizado por Fedesarrollo, expertos entregaron un panorama del estado del sistema actual. De acuerdo con sus intervenciones se hace necesaria una reforma pensional para solucionar los principales problemas que existen.

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, manifestó que actualmente el sistema pensional asegura “un ingreso en la vejez únicamente a 20 de cada 100 colombianos” y si no se realiza una reforma “las proyecciones muestran que este número disminuirá con el tiempo”.

El viceministro señaló que uno de los principales problemas del sistema actual es que otorga “grandes subsidios a grupos poblacionales que no los necesitan”. Por lo tanto un pilar de un nuevo sistema debe ser “la focalización de los subsidios a la población más vulnerable y que más requiere de dichos recursos”.

En materia de gasto, de acuerdo con la presentación, el nivel actual del gasto en beneficios a la población mayor, “aunque es alto, es sostenible”. Sin embargo, “no se puede aumentar de manera significativa”.

Colombia actualmente ocupa el quinto puesto entre los países de América Latina con mayor gasto en pensiones, el cual alcanzó 3,4% del PIB en 2018. El país está 15 puntos porcentuales por debajo del promedio de cobertura en el régimen contributivo y en el total.

El Viceministro reiteró que la discusión de la reforma tiene cuatro puntos inamovibles: no se modificará la edad de pensión, se respetará la pensión de sobreviviencia, se respetarán los derechos adquiridos y, como se señaló anteriormente, se focalizarán los subsidios en las personas más vulnerables.

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, manifestó que el país tiene un sistema de protección a la vejez “dividido en dos regímenes contributivos que compiten entre ellos y dos regímenes solidarios que dejan mucho que desear”. Así mismo, tiene “bajísima cobertura y es muy inequitativo e insostenible en su componente público”.

De acuerdo con Asofondos, si no se reforma el sistema pensional, “para 2055 vamos a contar con más de 14 millones de adultos mayores, si no hacemos nada más de 8 millones sin protección en la vejez”.  

El gremio de las aseguradoras de fondos de pensiones señaló que una reforma pensional debe tener en cuenta estos elementos: unificar el régimen contributivo en uno solo. Adicionalmente, el régimen debe ser de ahorro y capitalización: “el envejecimiento de la población y la informalidad hacen inviable el reparto total o un pilar parcial de reparto puro, pero puede tener un fondo de reserva, que se ahorra”.

Además, consideró que la eliminación gradual de los subsidios a las pensiones altas permitirá ampliar la cobertura de los pilares solidarios y se deben respetar los derechos adquiridos de los pensionados y las expectativas legítimas de quienes están a pocos años de pensionarse.

A su turno, el director de Fedesarrollo indicó el sistema actual “solo cubre al 35% de la población activa y al 25% de las personas en edad de pensión”.

En el mismo sentido de los anteriores expositores, Mejía señaló que la mayor parte de los subsidios a las pensiones recaen en las personas con mayores ingresos. Según Fedesarrollo, el 74% de los subsidios son recibidos por el 40% con mayores ingresos.

La organización señaló que una reforma pensional es necesaria, pero no suficiente, ya que se requieren reformas en el mercado laboral. Así mismo, indicó que “no hay que dejar de lado reformas paramétricas, concertadas y diferidas en el tiempo. Son difíciles políticamente, pero más temprano que tarde tendrán que ser implementadas”.

Otro elemento importante para una reforma, de acuerdo con Fedesarrollo, es que es “fundamental incrementar la competencia en el régimen de ahorro privado y revisar barreras a la entrada, concentración”.

Mesa de concertación

El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones las eventuales propuestas de reforma pensional y laboral pasarán antes por la Mesa de Concertación Laboral.

“Es el momento de aclarar que de plantearse unas reformas pensional y laboral, estas pasarán primero por la Mesa de Concertación. Tampoco se acabará Colpensiones. No se le van a acabar los derechos a los trabajadores y mucho menos se le va a bajar el sueldo mínimo a nadie”, sostuvo la ministra de Trabajo, Alicia Arango. La titular de la cartera laboral fue enfática al afirmar que “al hablar de las reformas pensional y laboral, se genera preocupación por parte de los trabajadores y empleadores, sobre qué se va a presentar. Si este es el Gobierno del Diálogo Social, hay que discutir entre todos qué es lo que necesita este país y ponernos en la realidad de lo que hay. Lo primero, es reconocer cómo es el mundo laboral, qué está pasando y cuáles serían las mejores alternativas”.