Aunque el Gobierno ha dicho que enajenará activos, no se ha concretado una estrategia definitiva para lograr que esos recursos puedan obtenerse a corto plazo y lograr la meta del ajuste fiscal

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Nuevamente el tema de las privatizaciones por parte del Gobierno nacional ha salido a flote cuando se trata de cuadrar el ajuste fiscal para el próximo año. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le comentó al Financial Times que el objetivo es lograr cerca de US$10.000 millones en los próximos cinco años por la venta de bancos y distribuidoras de energía.

Carrasquilla dijo al diario europeo que este es uno de los planes de privatización más ambicioso de América Latina, con el fin de conseguir fondos adicionales para reinvertir en planes sociales y de infraestructura.

Las privatizaciones comenzarán con la venta del 8% de las acciones de la empresa de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que junto con la venta de Transelca, aportaría unos US$3.500 millones. Pero en medio de todo están las ventas del otro 10% de las acciones de Ecopetrol.

En la mira de la privatización también están la Empresa Colombiana de Gas (Ecogas) y los bancos Bancafé e Interbanco, así de varias generadoras e hidroeléctricas.

Sin embargo, y ante la urgencia por conseguir recursos con la enajenación de activos, no se conoce todavía el cronograma sobre las ventas, que ya empiezan a ser criticadas por varios medios y por algunos analistas.

Los recursos

Para los expertos el afán de recursos por parte del Gobierno no coincide con la estrategia de la venta a corto plazo. Por ejemplo si ya se tuviera definida la venta de la participación en ISA ese proceso podría tardar al menos año y medio y cerca de dos años para que finalmente entraran los recursos al fisco, es decir cerca de $6 billones.

El exministro de Haciendas, Juan Camilo Restrepo dijo a EL NUEVO SIGLO que “así el Gobierno tuviera listo el proceso de enajenación de los activos para efectuar su ajuste fiscal, ya no lograrían entrar para la vigencia de 2020. Ese es un proceso demorado que requiere por lo menos de dos años para estar listo y ser incluido en el Presupuesto”.

Señaló el exministro que además hay que tener en cuenta el concepto de la banca de inversión para establecer su valor y además “no hay una fórmula mágica para poder establecer rapidez con la venta de los activos”.

Sostuvo Restrepo que “además el Gobierno debe respetar lo que ha sido tradicional en el manejo financiero de estos recursos y es que si se vende un activo de la nación debe ser reemplazado por otro activo”.

Indicó el hoy analista que “lo que no se puede pretender es vender los activos y coger esa plata para los gastos corrientes o convertirla en plata de bolsillo”.

Esta situación ya fue criticada por el también exministro de Hacienda Guillermo Perry quien en un análisis sostuvo que “el Gobierno está poniendo en riesgo su credibilidad al decir que incluirá dinero de las futuras ventas de activos públicos como ingresos corrientes”.

Este concepto es preocupante pues actualmente Perry es miembro del Comité de Regla Fiscal. Este comité establece las metas anuales bajo la llamada regla fiscal de 2011, cuyo objetivo es promover la confianza en Colombia limitando la capacidad del Gobierno para acumular deuda. Si bien el comité no tiene poder disciplinario, el Ejecutivo nunca ha traspasado los límites de déficit desde que la regla entro en vigencia, y de hacerlo perdería credibilidad.

Las directrices

Frente a estos conceptos, el Ministerio de Hacienda asegura que sigue las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) que datan de la década de 1980, las cuales permiten registrar las privatizaciones usadas para financiar inversiones públicas como ingresos fiscales en la contabilidad.

“No solo estamos convencidos que el programa de enajenación de activos permitirá cumplir con el déficit proyectado en el plan financiero para 2019, sino que ayudará a mantener la inversión social en bienes públicos que ayuden a impulsar el crecimiento económico”, afirma el Ministerio. 

Colombia le apunta a un déficit fiscal de 2,4% del PIB este año, por debajo del límite de 2,7% establecido por Perry y sus colegas bajo la regla. Con el fin de alcanzar esa meta, el Ministerio de Hacienda dijo este año que espera obtener fondos equivalentes a 0,6% del Producto Interno Bruto con la venta de algunos activos del Gobierno.

Por otra parte el FMI espera que Colombia no cumpla la meta fiscal con un déficit de 3% este año y atribuye la diferencia a los métodos contables del Gobierno. “Usar ingresos de privatizaciones como ingresos corrientes no se considera una buena práctica en términos de normas contables, pero tampoco es una violación en términos de información fiscal, en la que los países pueden adoptar diversas prácticas”, dijo el organismo.

Señaló el organismo multilateral que “Colombia tiene oportunidades de mejora en varias áreas de la transparencia fiscal, incluidas sus estadísticas y su presentación de información”.

El ajuste

Carrasquilla no contempla ninguna privatización en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y es consistente con una senda decreciente de déficit fiscal y de deuda pública. En esta estrategia, los ingresos siguen una senda relativamente estable, y mientras que el gasto sigue un ajuste gradual y ordenado, principalmente en intereses y gastos operativos del Gobierno.

En MFMP el Ejecutivo se plantea una meta de déficit fiscal de 2,4% y 2,2% del PIB, respectivamente. “Entre 2018 y 2019 el Gobierno realizará el ajuste más grande en el déficit fiscal desde que existe la Regla Fiscal, de 0,7 puntos porcentuales del PIB. El resultado proyectado para 2019 es consistente con un superávit primario de 0,6% del PIB, el primero desde 2012 y el más alto desde 2008. En 2020 también se obtendrá un superávit primario, de 0,7% del PIB, derivado de la reducción del déficit fiscal a 2,2% del PIB. La obtención de estos superávits primarios es fundamental para lograr estabilizar y posteriormente reducir la deuda pública”, explicó Carrasquilla.

Luego detalló la estrategia fiscal de mediano plazo, la cual “se basa en alcanzar una meta de superávit primario de 1% del PIB a partir de 2021, lo cual asegura una senda decreciente de la deuda pública, alcanzando niveles similares a los observados antes de la caída de los precios del petróleo”.

El jefe de la cartera de Hacienda mencionó que, “la reducción total en el gasto ascenderá a 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2030, mientras los ingresos tributarios estarán sustentados en los efectos positivos que tendrán en el mediano plazo la Ley de Financiamiento y la implementación de la factura electrónica. En particular, la Ley de Financiamiento incrementará el recaudo debido al mayor crecimiento que generará y al fortalecimiento de la DIAN, con lo cual se evidencia que esta Ley tiene un rol fundamental en asegurar una financiación sostenible de las necesidades de gasto de la Nación”. Así, el Gobierno plantea que no es necesaria la realización de reformas tributarias a futuro, lo cual generará seguridad jurídica en el sector empresarial y potenciará el crecimiento económico y la generación de empleo.