POR FALTA de higiene y control en el proceso de sacrificio de animales, hace 20 años el Gobierno decidió modificar las condiciones para el mercado de la carne en el país, ordenando el cierre de la mayor parte de mataderos municipales.

Sin embargo, con tal decisión que ha generado controversia y preocupación en el sector cárnico colombiano, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para revivir estos mataderos en el país. La medida permitirá la instalación de mataderos municipales en localidades de quinta y sexta categoría, es decir, aquellas con poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes.

Esta decisión fue recibida negativamente por el sector, sobre todo porque son más las desventajas que beneficios en la determinación, ahora teniendo en cuenta que varias regiones ya están exportando el producto a otros países, como es el caso de China, que luego de un detenido análisis y pruebas sanitarias, decidió abrir sus puertas a la carne colombiana.

Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, dijo que el Gobierno busca implementar las “Plantas de Beneficio Animal Categoría de Autoconsumo”, popularmente conocidas como mataderos, con el objetivo declarado de reducir el precio de la carne en el país.

Según Urrea, la medida abre la puerta para que municipios de menor tamaño vuelvan a contar con mataderos, pero plantea inquietudes sobre la capacidad de control y regulación, especialmente en áreas como transporte y condiciones sanitarias.

Además, advirtió sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en los últimos 15 años, donde se ha trabajado en la modernización y regulación de las plantas de beneficio animal.

Preocupación

El decreto también ha generado inquietud sobre la posible reducción de estándares sanitarios y ambientales, dado que, según Urrea, la redacción del documento presenta ambigüedades y deja espacio para diversas interpretaciones. Además, se destaca la falta de claridad en cuanto a la destrucción de decomisos en los propios mataderos, lo que podría generar problemas de salud pública y ambientales.

“Es que llevamos 15 años, precisamente depurando las plantas de beneficio para convertirlas en frigoríficos, plantas modernas que cumplan con todas las especificaciones que requiere el manejo de un producto como la carne y resulta que ahora, después de que ya tenemos prácticamente a puertas todas las plantas, los frigoríficos certificados con sus habilitaciones o sus autorizaciones sanitarias, lista, y resulta que vamos a decirle a estos mataderos que estaban cerrados, señores, ustedes pueden volver a abrir. Eso realmente, me disculpan, no tiene presentación”, dijo.

Sin garantías

El presidente de la Asociación de Frigoríficos argumentó que la medida no garantiza la disminución del precio de la carne, como pretende el presidente Petro y señaló que el aumento en los costos de transporte de animales no vivos a las plantas nacionales tiene un impacto mínimo en el precio final de la carne, lo que hace cuestionable la necesidad de reabrir mataderos.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que con la reglamentación “contribuimos a la agregación de valor de la cadena cárnica en las regiones. Sobre todo, en los municipios más apartados de Colombia podrán tener acceso a carne de calidad sanitaria”.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, aseguró que el Gobierno interpreta la necesidad de ciertos sectores populares de lugares apartados de Colombia, creyendo que flexibilizando las medidas en materia de mataderos municipales van a tener carne a buenos precios, cuando lo que importa verdaderamente es que las personas consuman carne con garantías en materia de sanidad y de inocuidad.

“Cuando se dictó el decreto 1500 que se ha venido aplazando y flexibilizando, se buscaba escoger mataderos de carácter regional que pudieran sacrificar con plena garantía para el consumidor, con buen tratamiento de las carnes, porque así se podría tener este producto con diferentes precios en distintos mercados”, dijo.

Agregó: “Siempre y cuando el ganado que se sacrifique no sea robado y cumpla con las normas sanitarias, como que esté presente un veterinario y haya quien garantice que esas carnes pueden ser consumidas, no habría ningún problema”, sostuvo.

Impacto

Por su parte, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, a través de su cuenta de X, mostró su desacuerdo diciendo que el Decreto 2016 de 2023 emitido por el Gobierno “tiene varias perlas que significan un retroceso en materia de salud pública y podría poner en dificultades los mercados internacionales para la carne colombiana”.

En otro de sus trinos argumentó que la reapertura de estos lugares puede poner en riesgo los mercados de exportación de carne, máximo ahora que se abrió el mercado de China.

Por otra parte, la senadora de Alianza Verde, Andrea Padilla Villarraga, dijo en un análisis que “el decreto que expidió el Gobierno para modificar el sistema de inspección, vigilancia y control (IVC) de la carne y habilitar los mataderos municipales es excesivamente laxo en condiciones sanitarias. Por ejemplo, no les exige a estos lugares conservar la cadena de frío ni cumplir con el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, no los obliga a hacer la inspección oficial permanente por parte del Invima, nada dice del manejo de residuos (vertimientos y emisiones), como tampoco de medidas para reducir el sufrimiento de los animales (por matanzas sin tecnificación)”.

Señala que “en cambio, les deja a los entes territoriales las tareas de IVC, cuando ni siquiera han podido controlar eslabones como el transporte y el expendio ilegal. En suma, estimula la apertura de mataderos chabacanes en municipios categoría 4, 5 y 6 (casi todo el país) y la conversión de mataderos nacionales (tecnificados) a mataderos municipales”.

Indica que “es lamentable, puesto que, si algo se logró con el decreto 1500 de 2007 fue cerrar más de 1000 mataderos que incumplían medidas ambientales y exigencias de inocuidad y salubridad. De esos, 229 eran municipales que fueron clausurados por autoridades ambientales o por el Invima, y que hoy, dramáticamente, podrán reabrirse con el nuevo decreto bajo el brazo y sin mayores restricciones”.

El plan de racionalización

El Ministerio de Salud expidió el Decreto 2016 de 2023, el cual reglamenta el funcionamiento de las plantas de beneficio animal o mataderos municipales de categoría de autoconsumo en municipios de categoría cinco o seis.

Esta norma modifica los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012, y señala que “las plantas de beneficio de categoría autoconsumo deben ser autorizadas por el Invima y ajustarse al plan de racionalización para abastecer la carne y productos cárnicos comestibles al municipio en el cual se encuentra ubicada”.

Según el Ministerio de Agricultura, el plan de racionalización proyecta 148 plantas de categoría nacional, pero hoy solo hay 94 en funcionamiento. Además, plantea 234 plantas de autoconsumo, de las cuales solo hay 89 en funcionamiento. De ese total, 69 realizan procesos de beneficio de animales de la especie bovina, cuatro de porcinos y 16 de ambas especies. El Invima también informó que, de acuerdo con las bases de datos habilitadas, hay 209 plantas de beneficio de autoconsumo inscritas.

La entidad informó que, desde 2007 y con corte a julio de 2023, 125 plantas de beneficio de categoría autoconsumo que se encuentran incluidas en los planes de racionalización de plantas de beneficio animal, se han cerrado.