LA REBAJA en el valor del SOAT, que benefició a miles de conductores en el país, principalmente a los motociclistas, y la congelación de las tarifas de decenas de peajes en el país durante este año, le va a pasar factura al fisco.
Esta situación que fue advertida en su momento por gremios y analistas al Gobierno, ahora fue tomada con preocupación por varias carteras, entre ellas el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte.
Precisamente, la última advertencia la dio a conocer ayer la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y el Ministerio de Transporte, respecto a que las dos medidas de alivio relacionadas con el SOAT y a los peajes que dejaron un déficit que han tenido que pagar, de algún modo, los mismos conductores.
La primera medida establecía rebajas en el costo del SOAT para algunos motociclistas en el país, la cual anunció el Gobierno Nacional.
Dicho descuento, a la hora de comprar el SOAT, provocó que el déficit que ya existía para este tipo de seguro para vehículos automotores aumentará. Según La Adres, el déficit podría llegar a $ 1,2 billones. Esto significa que lo que no pagan unos, lo terminarán pagando otros.
En este sentido, los conductores que no estaban dentro del beneficio de dicha medida y que han tenido que comprar el SOAT a su precio regular, están adquiriendo un seguro más costoso.
Sin duda esas dos medidas han sido contraproducentes para los conductores de todo el país, pese a que esos alivios ya se acabaron.
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Peajes
Por otro lado, la medida que señala el congelamiento de tarifas de peajes, que hace algunos días venció, dejó un déficit de $ 800.000 millones en las arcas del Estado, según informó el Ministerio de Transporte.
Así las cosas, se anunció un posible aumento en las tarifas de los peajes desde agosto, esto teniendo en cuenta los peajes de Villavicencio, Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá y Neiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los precios de los peajes aumentan dependiendo de la concesión que administra la vía.
Esta situación se suma a las advertencias que en mayo pasado emitió la Procuraduría General que respaldó los análisis financieros realizados por Fedesarrollo sobre los peajes, los cuales indican que la falta de ajuste en las tarifas, que para este año correspondía a un incremento de más del 13% “generará un detrimento para los concesionarios de un billón de pesos para el 2023 y, además, un déficit fiscal que podría conllevar a una obligación adicional para el Estado y todos los colombianos, de cubrir dichos recursos hasta alcanzar un nivel de cerca de $ 13,8 billones al año 2040”.
De acuerdo con la legislación nacional, los cobros en los peajes de Colombia forman parte aquellos rubros que se ajustan cada año con base en el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, actualmente, se encuentra en el 13,12%.
Esta medida no cobija a los peajes departamentales o municipales, es decir, aquellos que están a cargo de las gobernaciones y/o alcaldías en diferentes regiones, ya que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas. Según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), actualmente son 27 los que están bajo esta categoría y en todos estos se dará el aumento normal que estipula la ley.
Por otra parte, la decisión del Gobierno nacional de no incrementar las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), generó preocupación en la Procuraduría General, ya que, en su concepto, se vendría una “inminente lluvia de demandas” contra el Estado.
Según el Ministerio Público, esta determinación, establecida en el Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, representa un riesgo para “los muchos proyectos de infraestructura de transporte vial que podrían ponerse en riesgo”.