SI SE PROMULGA la reforma pensional como actualmente está radicada en las comisiones económicas del Congreso, el primer impacto es que se van a incrementar los riesgos de los fondos privados y de paso el financiamiento con el sector bancario en el mediano y largo plazo. Esto por la disponibilidad de recursos.

Así lo advierte la firma calificadora Moody’s en un análisis sobre esta situación. Señalan los expertos que la reforma “reduciría significativamente el potencial de mercado para los administradores de pensiones privadas, quienes deberán enfocarse en el negocio de pensiones voluntarias y administración de activos en general, mientras que Colpensiones se enfoca en su sistema de beneficio definido”.

“Sin duda las normas de pensiones propuestas perjudicarían el financiamiento a largo plazo de los titulares privados y los bancos”, explica Moody’s.

Sin embargo, la concentración de este financiamiento a largo plazo en entidades estatales conducirá a una asignación de activos a largo plazo menos dinámica y también estará sujeta a la interferencia política.

La escala y la capacidad de ganancias de las administradoras de fondos de pensiones privadas se verán afectadas si Chile y Colombia promulgan los cambios propuestos. Luego de un intenso y extenso debate entre los gobiernos y la sociedad civil de ambos países, los cambios al sistema de fondos de pensiones fueron enviados al Congreso para su aprobación en noviembre de 2022 y marzo de 2023, respectivamente.

Los cambios en el sistema de pensiones colombiano pueden limitar sustancialmente el acceso al mercado para los administradores de pensiones privadas.

Cambios

En 2023, el gobierno colombiano propuso una serie de importantes reformas sociales, con una reforma del sistema de pensiones ocupando el tercer lugar después de los cambios en el sistema laboral y de salud que también están en discusión en el Congreso.

De manera similar a Chile, la administración del presidente Petro tiene como objetivo ampliar el alcance del sistema de pensiones y ampliar el papel del estado en su operación. Su objetivo es fortalecer la opción de administrador de pensiones públicas de Colombia, Colpensiones, dirigiendo una mayor parte de las contribuciones de los trabajadores al fondo.

Los cambios de regla propuestos, actualmente en discusión en el Congreso, exigir que las personas que ganen hasta tres salarios mínimos destinen su aporte a una entidad pública. Solo a aquellos empleados que ganen más de esa cantidad se les permitiría usar una opción privada.

En esos términos, alrededor del 87,5% de la población en edad de trabajar de Colombia tendría una pensión con Colpensiones. Si bien esto puede tener implicaciones positivas a largo plazo desde una perspectiva social, el nuevo sistema garantizaría que todas las personas en edad de jubilación tengan un salario mínimo de $ 233.000 (US$ 57) por mes.

Según el gobierno, hoy día solo uno de cada cuatro colombianos recibe una pensión a la edad de jubilación; la reforma reduciría significativamente el potencial de mercado para los administradores de pensiones privadas, quienes deberán enfocarse en el negocio de pensiones voluntarias y administración de activos en general, mientras que Colpensiones se enfoca en su sistema de beneficio definido.

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Transición

El nuevo marco establece que el periodo de transición se extendería hasta fines de 2025, y todas las personas que ya habían cotizado con 1.000 semanas (19,2 años) o más permanecerán en la antigua estructura de pensiones.

Desde una perspectiva de ingresos por comisiones, las nuevas reglas para la gestión y los pagos por desempeño serán establecidas por el gobierno, lo que implica un cambio de la tarifa actual sobre el flujo de aportes vigente.

El sistema propuesto mantendría una contribución del 16% de los ingresos mensuales de un empleado a la pensión. De ese 16%, el empleador aporta el 75% del aporte total de la pensión y el 25% restante proviene del trabajador.

En Colombia, los negocios de pensiones obligatorias de Sura Asset Management (Suam) podrían reducirse a una fracción de su tamaño actual: representaba 87,1% del total de los activos totales bajo administración (AUM) de la empresa en el país a diciembre de 2022. No está claro si las nuevas reglas sobre honorarios sobre activos bajo administración y desempeño liberarán sus actuales inversiones obligatorias, lo que agregaría $ 352 millones adicionales en efectivo para Suam a marzo de 2023. Estas incertidumbres sobre el tamaño de Suam y la capacidad de rentabilidad futura influyeron en la perspectiva negativa de sus calificaciones que se anunció el 13 de junio.

Depósitos de largo plazo

Sostiene en su análisis Moody’s, que desde 2021, los bancos en Colombia deben cumplir con los estándares mínimos de coeficiente de fondeo estable neto. Fue introducido gradualmente hasta este año, cuando el requisito mínimo alcanzó el 100%, en línea con los estándares globales. Esto ha llevado a los bancos a buscar cada vez más depósitos a plazo más largo para reducir los descalces de vencimiento de activos y pasivos.

Si bien el fondeo de los fondos de pensión representa una pequeña porción del anclaje total de los bancos, es particularmente significativo para los depósitos a largo plazo.

Por lo tanto, un cambio en la estructura de los fondos de pensiones podría afectar la disponibilidad de financiamiento a más largo plazo. Como ha sido el caso en Chile, los bancos calificados en Colombia que tienen una cartera de hipotecas más grande o una franquicia de depósito menos desarrollada dependen más del financiamiento institucional local e internacional. Banco Davivienda S.A., tenía alrededor del 25% de su cartera de crédito asignada a hipotecas (contra el promedio del sistema del 15%) en marzo de 2023 y alrededor del 24% de su combinación de financiamiento provino de mercados institucionales.

A Davivienda le sigue Banco GNB Sudameris S.A., que históricamente ha dependido más de los recursos mayoristas en comparación con sus pares colombianos con franquicias de depósitos más grandes, incluidos Bancolombia S.A., y Banco de Bogotá S.A.

Ahorro en fondos privados llegó a $ 381,5 billones

Los fondos privados de pensiones en Colombia han logrado un hito histórico al registrar rendimientos excepcionales en sus fondos de ahorros al cierre del primer semestre de 2023. Las cuatro administradoras principales de los fondos pensionales en el país (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) han alcanzado niveles récord en el ahorro pensional, alcanzando la impresionante cifra de $ 381,5 billones. De este monto, aproximadamente el 70% corresponde a las ganancias que han generado para sus afiliados desde su inicio de operaciones en Colombia.

Durante el primer semestre del año en curso, los trabajadores han sido testigos de ganancias significativas en sus fondos de pensiones, alcanzando un total de $ 31,8 billones. Solo en el mes de junio, los rendimientos llegaron a $ 10 billones, consolidando así un desempeño sobresaliente en el sistema pensional. Estos resultados positivos han sido impulsados por diversos factores, incluyendo las positivas expectativas ante el descenso de la inflación global y las tasas de interés, así como un creciente apetito por los mercados emergentes.

En el caso particular de Colombia, la valorización de la deuda pública ha sido destacable, influenciada por la percepción positiva que tienen los inversionistas sobre el funcionamiento estable de las instituciones democráticas y la solidez de los contrapesos al poder ejecutivo.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que estos logros reafirman la superioridad de los sistemas pensionales de capitalización individual, donde los afiliados han podido experimentar importantes rendimientos a lo largo del tiempo. Al revisar sus extractos trimestrales, los afiliados de las administradoras de los fondos de pensiones pueden constatar el positivo desempeño de sus fondos y la seguridad que brinda el esquema de ahorro y capitalización.