Una de las decisiones más complicadas para el presidente Iván Duque será escoger la persona que reemplace en el cargo de Superintendente de Industria y Comercio (SIC) a Pablo Felipe Robledo, uno de los mejores funcionarios que está a tres días de dejar su cargo.

Aunque ya han llegado varias hojas de vida a la Presidencia, no será fácil para el Mandatario suplir uno de los cargos que entre 2010 y 2018 le complicó la vida a varios sectores que quisieron pasarse de la raya para lograr mejores precios por sus productos y de funcionarios corruptos que antepusieron sus obligaciones ante el soborno y la corrupción.

En su última rendición de cuentas, el superintendente Robledo, expuso que entre sus principales logros entre 2010 y 2018 están el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria a partir de la gestión de diferentes leyes como la Ley 1340 de 2009 (Ley de Competencia); Ley 1438 de 2011 (Ley sobre control de precios de medicamentos); Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Datos Personales). Pero fueron los descubrimientos de varios carteles lo que hizo que los colombianos conocieran de su labor.

Lea también: Hospital Militar, en medio de irregularidades

Sanciones

Fiel reflejo de la evolución sancionatoria, lo constituye el hecho de que la Superindustria en 2009 impuso sanciones por $8.000 millones y al cierre de 2017 sanciones que ascendieron a más de $320 mil millones ($328.471 millones).

‘El Súper’ logró la consolidación de la política pública de protección de la libre competencia económica y de los consumidores. Con ello puso en operación el Grupo Élite contra la Colusión en Licitaciones Públicas: En 2017, gracias a la asignación de una partida presupuestal de $6 mil millones, se fortaleció el antes denominado Grupo Interdisciplinario de Colusiones.

Fue así que durante 2017 se concluyó la instrucción de 12 investigaciones que involucraban procesos de contratación pública cuyo presupuesto, en suma, ascendió a $1.220 millones, producto de las cuales se impusieron sanciones a 11 agentes de mercado y 23 personas naturales por un monto cercano a los $29 mil millones. Esta sanción se da por la cartelización empresarial en la licitación pública adelantada por la Secretaría Distrital de Movilidad, en 2007 para la prestación de los servicios de patios y grúas.

Los carteles

Entre las investigaciones y sanciones más sonadas en la gestión del Superintendente están:

‘El Cartel de los Cuadernos’, en el que fueron involucradas Colombiana Kimberly, Carvajal Educación y Scribe Colombia. Según la SIC estas empresas se asociaron para modificar los precios de los cuadernos en el país. Este mecanismo se basa prácticamente en que dos o más empresas se unen para crear un precio que los favorezca a ellos y evite que sus competidores puedan igualarlos. Las empresas involucradas tuvieron que pagar $58 mil millones.

Asimismo, está ‘El Cartel de los Pañales’, en que la SIC formuló pliego de cargos en contra de las empresas Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda, y Drypers por la presunta cartelización que desarrollaron desde 1998 hasta 2013, cuando varias empresas decidieron delatar el cartel. La multa para este proceso fue de $60 mil millones.

Otra investigación fue ‘El Cartel de la Contratación’ que afectó las finanzas del Distrito Capital, y fue el primero del que se tuvo conocimiento y que más daño ha causado a las finanzas públicas. Este delito se dio durante la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas y se produjo con la repartición de contratos de obras y servicios que requería la ciudad en ese entonces, el detrimento se calculó en $2.2 billones. Por la conformación de este cartel hay varios detenidos entre ellos, el exalcalde Moreno Rojas, los hermanos Nule, el contratista Julio Gómez, entre otros.

Por si le interesa: ¿Nuevo fraude en el sistema de salud?

Está también ‘El Cartel del Azúcar’. Las investigaciones señalaron que desde 2013 se detectó que ingenios azucareros se asociaron con otros países para evitar que llegara azúcar importada a Colombia, lo que afectaba la oferta y haría que el precio a los consumidores mantuviera alto. Decisiones de la Superindustria señalan que Asocaña, el gremio que reúne a los industriales del sector, fue multada junto con 14 empresas, entre las que figuraron Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca y Manuelita,  por valor superior a los $324.441 millones.

Medicamentos

En este mismo rosario de investigaciones está ‘El Cartel de la Hemofilia y de los Medicamentos’ que se conformó durante 2016 y robaba los recursos que el Estado da a la salud a través de pacientes con la enfermedad que eran usados para reclamar medicinas no contempladas en el Plan Obligatorio de Salud. Con la utilización de 38 personas enfermas, mafias que se lucran del sector de la salud presentaron 269 autorizaciones fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a un precio mucho mayor.

Otra gestión de la SIC, fue ‘El Cartel del Cemento’, en que empresas del sector como Cementos Argos, Holcim, Cémex Colombia, Cementos San Marcos y Cementos Tequendama, al parecer, hacían acuerdos de precios para mantenerlos altos. La SIC acusó a 14 funcionarios y castigó a dichas empresas con una multa de $3.183 millones en total. Tiempo después la multa contra Argos se cayó. Sin embargo, la SIC encontró probado que existió un acuerdo entre Argos, Cemex y Holcim para repartirse el mercado de cemento gris Pórtland Tipo 1 a nivel nacional de junio a diciembre de 2005, decisión confirmada por el Consejo de Estado.

Otro referente en la SIC fue ‘El Cartel del Papel Higiénico’. La entidad descubrió un cartel conformado por las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y C. Y P. Del R., quienes por más de una década fijaron artificialmente los precios de estos papeles.

De otro lado, durante un paro camionero, la SIC descubrió ‘El Cartel de la Chatarrización’, liderado por dirigentes. Fueron capturadas 20 personas por chatarrizar de manera ilegal 12 mil vehículos de carga con un costo de $600 mil millones.

Vea también: Mineducación presentará reforma al PAE

La SIC también sacó a la luz pública ‘El Cartel del Programa de Alimentación Escolar (PAE)’. Formuló pliego de cargos contra empresas operadoras en Bogotá. Las multas pueden llegar a los $73.771,7 millones por cada infracción; y $1.475,4 millones.

Por último está ‘El Cartel  del Arroz’. El Concejo de Estado confirmó las decisiones adoptadas por la Superintendencia de sancionar a cinco empresas arroceras y tres altos ejecutivos vinculados con ellas, por haber incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia económica de cartelización en el mercado de adquisición de arroz paddy verde en 2014. Las personas jurídicas sancionadas en 2005 con un total de $2.207 millones son Molinos Roa S.A, Molinos Flor Huila S.A., Arroz Diana S.A., Procesadora de arroz Ltda y Unión de arroceros S.A.