EL MINISTERIO del Trabajo podría imponer sanciones severas a las compañías que estén promoviendo pactos colectivos con sesgo antisindicatos, si la reforma laboral fracasa en el Congreso y si no prospera la demanda que está estudiando la Corte Constitucional.

La iniciativa busca prohibir definitivamente los pactos colectivos.

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“Si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos ceñiremos a la duda circular que se señala unos indicios cuando hay discriminación: pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo en su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedirlo los sindicatos, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”, dijo el viceministro Edwin Palma en un evento sobre derecho laboral.

Según Palma, la instrucción a los inspectores de trabajo es que no aplica el tope de sanciones de 100 salarios mínimos para ese tipo de conducta, sino que las sanciones deben ser las más altas posibles.

Un pacto colectivo es una negociación entre una compañía y sus trabajadores en la que no existe la intermediación de un sindicato y hoy es legal hacerlos o promoverlos.