¿Se aleja Colombia de recuperar el grado de inversión? | El Nuevo Siglo
DE LO que haga de ahora en adelante el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, depende que la economía tenga un rumbo positivo. /Archivo
Domingo, 6 de Agosto de 2023
Redacción Economía

La incertidumbre política pero principalmente el manejo de la economía, son los factores fundamentales que tienen en cuenta las firmas calificadoras a la hora de decidir sus calificaciones de deuda soberana.

Ante este panorama, se confía que las firmas mantengan estables sus notas ante la coyuntura del país, por lo menos eso es lo que consideran los expertos.

Colombia perdió el grado de inversión en mayo de 2021, luego de que Fitch y Standard & Poor’s recortaran la calificación de crédito hasta el nivel de BB+, tras casi una década en que la deuda del país mantuvo una consistente tendencia al alza y encaró el choque económico de la pandemia en 2020 en una posición fiscal relativamente debilitada.

Desde ese momento, uno de los objetivos que las autoridades han establecido ha sido la recuperación del grado de inversión mediante la estabilización y recuperación de las finanzas públicas.

Sin embargo, esta posibilidad está lejana. No en vano esta situación incrementó el pago de intereses del país por la deuda. En 2022 se pagaron $ 42 billones por el servicio de la deuda de unas obligaciones totales de $ 956 billones, es decir casi US$ 200.000 millones.

De acuerdo con los investigadores del Bancolombia, y al analizar la gestión para recuperar las notas positivas de las calificadoras, “ante esto y dadas las necesidades de desarrollo social, consideramos que, si bien en Colombia no se deberían fijar los esfuerzos de las políticas públicas únicamente en las finanzas, sí deben ser consideradas de forma prudente y lo más realista posible en la definición de las medidas que se propongan ‒desde el punto de vista de los ingresos y costos asociados‒”.

Resultados

Señalan que “en particular, lograr resultados fiscales que impidan que la deuda pública crezca (como porcentaje del PIB) debe ser un objetivo, no únicamente con dar cumplimiento justo a las metas que establezca la regla fiscal, sino incluso con esfuerzos adicionales en los momentos en que sea necesario ‒en particular en un contexto en el que las altas tasas de interés pueden hacer que el pago de intereses del país sea tal que, a pesar de que se cumpla la meta fiscal, en algunos años el nivel de deuda podría crecer‒”.

Las últimas decisiones de las calificadoras se presentaron en junio pasado, cuando Fitch Ratings reafirmó la nota de Colombia en BB+ con perspectiva estable. La agencia calificadora tuvo varios factores, entre los que destacaron los fundamentos crediticios estables y el incierto futuro de las reformas.

“Las calificaciones de Colombia reflejan el historial de estabilidad macroeconómica y financiera del país, respaldado por un banco central independiente con un régimen de objetivos de inflación y una moneda de libre flotación”, explicó Fitch en un comunicado. “Las calificaciones se ven limitadas por los altos, aunque decrecientes, déficits fiscales, que ya han dado lugar a aumentos relativamente grandes de la deuda y la carga de intereses en los últimos años”.

“Se prevé que durante el próximo año persista la incertidumbre política, sobre todo en lo que respecta a las industrias extractivas. Sin embargo, la administración Petro se ha comprometido a respetar el marco fiscal y monetario de Colombia, incluida la independencia del banco central y la regla fiscal actualizada, agregan.

Luego de esa decisión, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “la ratificación de la calificación del país en BB+ perspectiva estable demuestra la confianza por parte del mercado y de los inversionistas a las instituciones que se han mantenido en el país y a la política económica que está llevando a cabo el Gobierno Nacional”.



Riesgos

Renzo Merino, analista de riesgo soberano de la calificadora para Colombia, se refirió a las razones que llevaron a la calificadora a ratificar su postura sobre Colombia, pero también a los riesgos que hay en el panorama para el país.

“Para quienes analizamos al país desde fuera, el periodo 2021 -2023 ha sido un lapso de tiempo marcado por incertidumbre, por las protestas, elecciones y reformas. Con nuestro mensaje de calificación hemos tratado de mirar qué implica esto para el perfil crediticio esta coyuntura y destaco que Colombia por varias décadas ha tenido un récord por un manejo macroeconómico prudente”, dijo Merino.

El analista de Moody’s se refirió a los contrapesos en el Congreso y las Cortes en el proceso político que ha tenido el país en los últimos meses y aseguró que, más allá de lo que se propuso en las elecciones, para la calificadora es importante el marco institucional.

“Ya vemos que estos contrapesos están operando en una forma que están llevando a una moderación en esas propuestas de cambios”, indicó Merino.

También se refirió a la regla fiscal y aseguro que es uno de los elementos que ha estado analizando la firma calificadora. “Lo que observamos desde la administración actual es que hay un compromiso con la regla, lo cual es importante, porque nos da una predictibilidad en los números fiscales y nos permite comparar a Colombia con sus pares”, indicó.

Merino también habló de las políticas que se han tomado en presencia de “desbalances macroeconómicos”, como la posibilidad de que el peso siga ‘flotando’ libremente a pesar de los choques fiscales, o que el Banco Central se ha mantenido como independiente.

Sin embargo, el experto también presentó algunos cuestionamientos sobre el diseño y la implementación de las políticas, como si es suficiente una moderación de las propuestas.

Prudencia

Marino aseguró que el gran reto del gobierno es que tendrá que mantener un manejo macroeconómico prudente, responder a las presiones sociales frente al riesgo político y fomentar la confianza frente a los inversionistas.

Según el experto, eso ayudaría a reducir la volatilidad financiera. “Para nosotros, mantener la fortaleza fiscal de Colombia es importante, para mantener el perfil crediticio”, dijo.

Según Merino, la inversión será un factor crítico para lograr un crecimiento “elevado”, y también destacó que el diseño y comunicación de las políticas será clave para los inversionistas, y será “fundamental que se respete el marco institucional del país como sustento del perfil crediticio soberano”. El vocero de Moody’s calificó como clave el respeto al equilibrio de poderes.

Sobre esta base y luego de que el Gobierno publicara el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023 hace algunas semanas, la duda sobre la posibilidad de recuperar el grado de inversión y el momento en que se podría lograr se mantiene sobre la mesa.

Las calificaciones

La última vez que Colombia perdió su grado de inversión fue en 1999 y se tardó 12 años en recuperar la calificación. De acuerdo con Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, si el Gobierno hace el ajuste fiscal necesario, se podría recuperar el grado de inversión en dos o tres años

Standard & Poor’s (S&P) rebajó hace dos años la calificación crediticia de Colombia, de BBB- a BB+ con perspectiva estable, con lo cual el país ‒tristemente‒ perdió el grado de inversión que mantuvo por más de una década.

Fitch Rating también hizo lo suyo, mientras que Moody’s, la tercera de las grandes calificadoras del mundo, le mantuvo la calificación y, de hecho, se la ratificó recientemente, no sin antes advertir que había que estar alerta con el déficit y la deuda del país, además de enfatizar en la necesidad de avanzar en las reformas sociales.

En las metodologías de calificación de riesgo se mide no solo la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones –respecto a capacidad económica, balanza de pagos, flujos de inversión o estabilidad económica–, sino también el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad política.

Como la calificación crediticia es una especie de nota de las agencias sobre la capacidad que tiene un deudor de pagar sus deudas, la pérdida del grado de inversión implicará que los prestamistas extranjeros cobren mayores tasas de interés para darle crédito a Colombia, pues hay mayor percepción de riesgo de impago. De esta forma, el Gobierno tendrá que usar un mayor porcentaje del presupuesto en el pago de la deuda. Este mismo efecto se extendería a la deuda privada.