* Logros y peros de un ente trascendental
* Las reformas estructurales pendientes
Hace dos décadas el país vio nacer una de las entidades más importantes creadas por la Carta del 91 y que tuvo, durante la Asamblea Constituyente, a Álvaro Gómez Hurtado como uno de sus principales inspiradores e impulsores. Se trata de la Fiscalía General de la Nación que al tenor del mandato superior fue instituida como una entidad de la Rama Judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, “cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia”.
Como toda institución nueva y más aún bajo un modelo funcional estatal también debutante en muchas de sus instancias, es claro que el arranque de la Fiscalía, y sobre todo bajo un sistema inquisitivo híbrido, generaba más dudas que expectativas positivas. Sin embargo, poco a poco el ente acusador fue tomando cuerpo y fortaleciendo sus estructuras así como su recurso humano. No fue un proceso fácil, más aún en un país en donde a cada problema los congresos de turno le suelen crear un tipo penal… De esta forma, el rosario de reformas a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y demás legislaciones se ha convertido en una de las principales talanqueras para el papel de la Fiscalía como motor de una administración de justicia pronta, eficaz y ejemplarizante.
Sin embargo, tal como se deduce de los informes publicados esta semana por este Diario en torno de la visión de ex fiscales generales, ex magistrados y expertos penalistas sobre la labor cumplida en estos 20 años por la Fiscalía, es visible que, en general, la valoración de la gestión es positiva. Bajo el sistema judicial que imperaba antes de la Carta de 1991 difícilmente el país habría llevado a buen término megaprocesos penales como el ‘Proceso 8 mil’ o la parapolítica, por sólo mencionar dos de los de mayor impacto en estas dos décadas.
Al hacer un corte de cuentas es evidente que la entidad acusadora está todavía en evolución. La coexistencia de modelos de procesamiento penal (el de la originaria Ley 600 y después bajo la Ley 906 de 2005), las deficiencias en materia de Policía Judicial, las falencias aún persistentes en la implementación cien por ciento del Sistema Acusatorio Penal, el que la llamada prueba testimonial continúe teniendo más peso práctico que la prueba técnica, el trecho pendiente en cuanto a un mayor fortalecimiento científico y humano del Cuerpo Técnico de Investigación, así como los flancos débiles funcionales derivados de la estrechez presupuestal para ampliar la planta de personal y la cobertura, se erigen como los principales obstáculos en el desarrollo de la Fiscalía en momentos en que cumple sus primeros 20 años. En un país en donde se calcula que más de 100 mil “noticias criminales” llegan al mes a la entidad, es obvio que los índices de congestión en los despachos de los fiscales son muy difíciles de disminuir. El ciudadano confía en la entidad pero su principal queja se refiere a la falta de celeridad que, en su perspectiva, es sinónimo de impunidad. También es evidente que la implementación de la justicia transicional o la aplicación de figuras como el Principio de Oportunidad aún generan múltiples controversias en una opinión pública que exige más mano dura contra violentos, corruptos y delincuentes comunes. A ello debe sumarse que, como le pasa a toda institución en Colombia, en algunas épocas la politización asomó así como la infiltración criminal y el tráfico de influencias.
No obstante al hacer el corte de cuentas es claro que la Fiscalía General generó un cambio positivo en la administración de justicia en Colombia. Miles de hombres y mujeres han sido el valiente motor de un esfuerzo institucional que ha evitado que el país se fuera por el despeñadero de la cooptación criminal y el Estado fallido. Es cierto que se requieren reformas, unas estructurales y otras más funcionales. La Fiscalía aún no es el eje central de la aplicación de la Política Criminal estatal, pero sin duda los logros alcanzados pesan más que las críticas y deficiencias. La vigencia de la Carta del 91 tiene en esta institución una prueba más del punto de inflexión que marcó en la historia de una nación que aunque aquejada por violencias cruzadas sigue siendo viable.