* Importancia de la misión funcional
** La figura institucional del Designado
Para nadie es un secreto que la decisión de la Asamblea Constituyente de 1991 de volver a instaurar en Colombia la figura de la Vicepresidencia de la República generó honda controversia desde el mismo momento en que se puso sobre el tapete esa propuesta, pese a lo cual fue finalmente incorporada en la nueva Carta. Hoy, cuando ésta cumple 21 años de vigencia, la polémica no termina e incluso ha sido el propio Presidente de la República quien dijo estar pensando en plantear la abolición de este cargo.
Como era apenas obvio, este nuevo ingrediente encendió, otra vez, un debate que no por reiterado en las últimas dos décadas ha logrado avanzar de manera objetiva y tangible. Los defensores de conservar la figura vicepresidencial alegan que se trata de una instancia que no es ajena al devenir histórico e institucional colombiano, puesto que desde la misma génesis republicana, de 1820 en adelante, ya estaba contemplada. Incluso en la Constitución de 1886 se le dio más peso específico, y no sería sino hasta mediados del siglo pasado cuando, al tenor de las múltiples crisis de gobernabilidad causadas por los choque de presidentes y vicepresidentes en las décadas anteriores, se dio paso a la figura del Designado, entendido éste como una persona que reemplazaría al Jefe de Estado en caso de la renuncia, incapacidad grave o muerte de este último, hasta tanto se pudiera citar a la ciudadanía a las urnas para escoger a un nuevo gobernante. Los partidarios de conservar la Vicepresidencia indican que siendo Colombia un país de regiones esta figura permitía dar una mayor representación a esas zonas olvidadas. También se recalcó que tener un segundo a bordo enfatizaba el régimen presidencial imperante, permitía proyectos políticos más incluyentes y representativos del sentir nacional y ponía al país acorde con los estándares de las democracias modernas en todo el mundo, en donde este cargo era de suyo natural.
A su turno, los críticos de la Vicepresidencia siempre han insistido en dos argumentos de peso para pedir su abolición. Sostienen, de un lado, que si con la instancia del Designado la Nación se mantuvo -salvo el golpe de estado de Rojas Pinilla- por varias décadas como ejemplo de democracia estable y de tracto institucional, no había una necesidad imperiosa de cambiar el modelo señalado para aplicar un eventual reemplazo presidencial. Y en segundo lugar, los detractores consideran que, además de ser innecesario, el cargo de Vicepresidente quedó mal confeccionado en la Carta del 91, pues no se le asignó allí ningún tipo de función gubernamental específica, permanente y protagonista que permitiera diferenciar y justificar su importancia frente al papel pasivo pero institucionalizador que cumplió la Designatura por tantos años.
Más allá del contrapunteo de tesis, es claro que este último argumento se eleva como el de mayor objetividad para analizar si conviene al país mantener vigente la Vicepresidencia pues, salvo la tarea de reemplazar al Jefe de Estado en sus ausencias absolutas, el segundo a bordo no tiene misión adicional alguna, pues en el día a día gubernamental esta es una figura que opera como una especie de rueda suelta a la que hay que asignarle, según la discrecionalidad presidencial de turno, desde tareas (que en la estructura legal y constitucional ya tienen instancias y funcionarios encargados) hasta presupuestos, oficinas… Así, los vicepresidentes en los últimos 21 años han ocupado cargos tan diversos como embajadores, ministros o coordinadores de programas diversos, generándose en no pocas ocasiones choques funcionales. Además, el país recuerda más de un caso de bipolaridad en materia política y gubernamental, cuando los criterios del mandatario de turno y su segundo a bordo no coincidieron. La cuestión ha llegado a tal punto, que en los últimos años hizo carrera ya la tesis de que al “vice hay que buscarle algún oficio…”.
Visto todo lo anterior, el país está en mora de analizar de manera desapasionada y ajena a las coyunturas el devenir de la figura vicepresidencial. Al tenor de los diagnósticos, que no son nuevos, parecería claro que la abolición de la misma y el retorno a la Designatura -cuyo último titular fue el actual Jefe de Estado- podría abrirse paso sin generar ningún traumatismo institucional o mucho menos implicar un retroceso en materia de democracia participativa y representativa.