* Un cambio de estilo muy radical
* Del efectismo a la institucionalidad

Se  cumplió este fin de semana el Acuerdo de la Prosperidad número 50 durante la era Santos. Estos escenarios de contacto directo entre el Presidente de la República, los gobernadores, alcaldes y otras instancias sociales, económicas e institucionales en nivel regional y local ya son imprescindibles en el país. Difícilmente podría llegar un titular a la Casa de Nariño y abolirlos. Sería un error político de gran calado.
De allí, entonces, que la clave no es la discusión sobre si mantenerlos o no, sino en cómo hacerlos más productivos y eficaces.
Durante la anterior administración se instauraron los llamados “consejos comunales de gobierno”, que con el correr de los ocho años de ese mandato terminaron convertidos en extenuantes jornadas de 14 y 16 horas, sin agenda alguna, en donde todo el mundo hablaba, se pasaba de un tema a otro en cuestión de minutos, muchas de las intervenciones se referían a problemas personales y muy puntuales, al tiempo que se generaban circunstancias abiertamente desinstitucionalizadoras al ver al entonces Jefe de Estado dando órdenes a diestra y siniestra, muchas de las cuales correspondían por ámbito funcional a las autoridades departamentales y municipales. Si  bien el ver al Presidente de la República aplicando modelos de microgerencia gubernamental tenía un amplio eco mediático y un impacto efectista en la opinión pública, lo cierto es que, objetivamente, los Consejos Comunales terminaron convertidos en un desgaste para el Estado, que incluso afectaba la estructura jerárquica y funcional, pues muchas personas que tenían algún tipo de requerimiento, queja o exigencia ante alguna institución, en lugar de acudir a los conductos regulares, preferían esperar semanas y hasta meses para poder exponerla frente al Primer Mandatario, bajo la esperanza de que mediando una presión directa y perentoria de éste, la solución anhelada se diera en el término de la distancia. Todo ello fue lesivo para el funcionamiento institucional y la cadena de distribución de responsabilidades a escala nacional, regional y local, pues muchos funcionarios de distintos niveles en lugar de actuar unilateralmente con la diligencia propia de su cargo y función, sólo lo hacían con mayor eficacia cuando eran impelidos públicamente por el Jefe de Estado.
Con el cambio en la Casa de Nariño hace un año largo, la administración Santos decidió aplicar una reingeniería a estos ejercicios gubernamentales. No sólo determinó focalizar su agenda, evitando así la dispersión de esfuerzos y que se convirtieran en torres de babel, sino que los dividió en dos jornadas: una los viernes, en donde los sectores departamentales y municipales así como los delegados de las distintas dependencias nacionales e instancias públicas y privadas discutían con profundidad los asuntos más complejos del sector escogido, y otra los sábados, encabezadas por el Jefe de Estado, en donde, en un evento con una mayor y eficiente participación pública, se analizan los distintos acuerdos, medidas y planes de acción consensuados con anterioridad, para darles la pertinente viabilidad.  
A hoy ya son medio centenar de estos Acuerdos de la Prosperidad en 24 departamentos, en el marco de los cuales diferentes entidades del Gobierno Nacional se han comprometido con 1.932 acciones en materia de infraestructura, vivienda, educación, salud, minería, ambiente, turismo, deporte y agricultura, entre otros. El mismo Ejecutivo informa que de ese monto de acciones, 45 por ciento ya está realizado y el 55 por ciento en proceso. Además hay instancias de seguimiento mensual para que los pactos no se queden en letra muerta o a medio camino.
Puede que los Acuerdos de la Prosperidad no tengan el eco mediático y el efectismo público y no pocas veces populista que distinguió a los Consejos Comunales, pero sí son, por su especialización temática y la estructura de los mismos, más eficientes y con resultados de mayor contundencia estructural y de beneficio general. Además, no se ha visto al actual Presidente saltándose las esferas funcionales de gobernadores o alcaldes, sino tramitando a través de ellos y de las distintas instituciones, o incluso urgiendo a unos y otras a ser más diligentes, los correctivos y órdenes derivadas de los análisis serios y profundos a determinadas falencias. Eso pasa cuando se enfatiza en el fondo y no en la forma.