·       Las objeciones deberían ser totales y no parciales

·       Congreso en la mira de los colombianos de bien

Hay hoy un plebiscito generalizado en la opinión pública por los desafueros y la conspiración en que casi es inmolada la Constitución de 1991 en el trámite de la llamada "reforma de la Justicia" y el espíritu corrupto desembozado sin talanquera alguna para lograr su destrozo  y sepultura. No vale, cuando por fortuna ya existe un cuerpo social alerta y avisado de todas partes, la carrera de protagonismos para saber quién lo advirtió primero. Por nuestra parte tenemos la consciencia tranquila de que el mismo día de la presentación del adefesio, hace más de un año, titulamos un indignado editorial como "¡Contrarreforma!", registrado por la emisora W Radio, de la misma sensibilidad en la materia, advirtiendo la gigantesca contumelia  y señalando paulatinamente, como ya otros periódicos, articulistas y blogs, cada una de las emboscadas en las que se pretendía dinamitar la Constitución, deliberadamente en átomos volando.

Hacia el final del trámite, cuando las maniobras se dirigían hacia una Conciliación procedimental de peor espectro en el Congreso, imploramos en estas columnas al señor Presidente, Juan Manuel Santos, que objetara el adefesio contra-reformista como última opción al salto al vacío que parecía un hecho ineluctable. Sabíamos que recurrir a las objeciones era una alternativa audaz, pero peor era mantenerse confabulado frente a la sustitución de la Constitución evidentísima, articulando un prevaricato sin precedentes, finalmente aduciendo por su parte el Primer Mandatario lo que de conducta salvadora y en tal sentido le permitía el reglamento del Congreso, como ley estatutaria de rango constitucional que es, y apropiadamente sustentado en el insoslayable principio de legalidad. Lo hizo con todas las letras, con pleno sentido republicano, y señalando que en modo alguno estaba dispuesto a gato por liebre, mucho menos a ser partícipe de los horrores jurídicos causados por los incisos de la malhadada "reforma", aún a costa de la cabeza de su ministro del ramo quien por demás debería guardar silencio desde su retiro en aras de su decoro de todos conocido.

Por ello, sabido en la actualidad que hay en el solio presidencial guardián de la heredad, a diferencia de lo que sorpresivamente ocurrió con aquel ministro en que se confiaba como presunto protector de la Carta por ser uno de sus gestores, es notable y categórico que aún existe en el Congreso, y en ciertos anhelos de la magistratura, un fermento fétido y temerario del que han hecho gala la mayoría de congresistas al intentar semejante afrenta y estropicio. Por eso todavía se está al filo de la navaja. En tal sentido las objeciones, pendientes de formalización tanto por inconstitucionalidad como por inconveniencia, no deberían ser parciales, sino totales, entendido que todo el acto legislativo, aún en ciernes, es un misil contra la Constitución. Objetar parcialmente sería, ciertamente, dejar que el Congreso cometa otro reto más subsanando apenas lo de la referencia, lo que encarnaría, como lo hemos dicho, la revocatoria parlamentaria inmediata. Sería el peor espectáculo permitir que el Congreso, diferente de la objeción total, se salga con la suya simplemente aceptando las objeciones parciales y dejando enteramente vivo el orangután apenas quitándole un par de pelos. Positivo, en cambio, como lo ha sugerido el mismo ministro del Interior, que el adefesio vaya a pique.

Habrá, claro, nuevas oportunidades para producir las enmiendas a que haya menester, pero nunca, claro, para pasar de guatemala a guatepeor. De lo que se trata es de profundizar el cambio planteado desde 1991 y no de contravenirlo o suspenderlo, mucho menos premiando semejantes heridas en la dignidad nacional como el proceso 8.000, la parapolítica y la corrupción.