*¿Manipulación política de posibles paros?
*Gremios y “dignidades”, brecha persistente
EL clima social en algunas regiones del país se empieza a agitar por cuenta del anuncio de varias organizaciones del agro en torno de realizar paros en las próximas semanas, alegando presuntos incumplimientos por parte del Gobierno de compromisos adquiridos en el marco del Pacto Agrario suscrito a finales de 2013. De igual manera varias de esas organizaciones de sectores agrícolas sostienen que deben lanzarse a la protesta porque es crítica la coyuntura en materia de precios, rentabilidad y cosechas, costo de los insumos, escalas de subsidio, protecciones arancelarias, recursos para innovación y otra serie de apoyos oficiales. También se denuncia que el impacto de los tratados de libre comercio en el sector de producción de alimentos se está sintiendo este año con mayor intensidad, afectando la sostenibilidad económica de miles de productores nacionales que no tienen cómo competir. Tampoco faltan los gremios y organizaciones de base campesinas que advierten una grave problemática derivada de las variaciones climáticas del primer semestre. Y a todo ello deben sumarse las muestras de inconformismo de los sectores cafetero, azucarero, arrocero, lechero y otros más, por crisis muy particulares.
Si bien el derecho a la protesta está amparado constitucionalmente y por lo tanto todo aquel que quiera manifestar su desacuerdo puede hacerlo, dentro de los cánones establecidos por la ley, no deja de ser preocupante que desde el mismo Ministerio de Agricultura no se esté descartando que detrás de varios de esos paros anunciados se escondan intereses políticos, más aún ahora en la antesala de la recta final de la campaña electoral para octubre.
No es la primera vez que se denuncia la manipulación de algunos dirigentes políticos y candidatos hacen de las asociaciones rurales, y de cultivadores para tratar de capitalizar el inconformismo y las necesidades de estas, pero no buscando una respuesta a sus exigencias, sino con una clara intención proselitista. En otras palabras, instigan y abanderan protestas agrarias solo para pescar votos. Un año atrás en el marco de las campañas del primer trimestre para el Congreso, también se convocó una serie de paros regionales que tenían como característica particular que al lado de las pancartas de los campesinos en donde se leían sus exigencias, se veían también afiches, camisetas y otros elementos publicitarios de aspirantes.
En aquellos casos en donde, de cara a los paros anunciados para las próximas semanas, es evidente esta conexión entre intereses políticos y las reivindicaciones de los cultivadores, corresponde a quienes genuinamente abanderan a estos últimos ser los primeros en denunciar tales manipulaciones y separarlos de sus pliegos de peticiones y diálogos con las autoridades e instancias gubernamentales.
Para nadie es un secreto hoy que a partir de lo ocurrido con el paro agrario a mediados de 2013, se evidenció una ruptura entre las organizaciones de base campesinas y no pocos de los gremios que decían representarlas, dando lugar al surgimiento de las llamadas “dignidades”, que desde entonces han ido tomando mayor protagonismo no solo a escala regional sino nacional, hasta el punto de que se convirtieron en interlocutoras válidas para negociaciones con secretarías y hasta el Ministerio de Agricultura. Aún hoy no se ve ese ejercicio de autocrítica que desde entonces se pidió a las cúpulas gremiales del sector del agro, pese a ser tan visible su pérdida de capacidad de convocatoria, vocería y movilización de una buena parte de sus afiliados a nivel rural.
Siendo claro que en estos momentos en que la guerrilla ha desatado una ola de ataques y acciones terroristas, en distintas partes del país, es preocupante que se anuncien paros y protestas agrarias que podrían llegar a ser infiltradas por los ilegales, como ha sucedido en anteriores ocasiones, dando lugar a lamentables refriegas entre campesinos y fuerza pública. Por lo mismo es necesario hacer un llamado a la sensatez y la cautela tanto del Gobierno, los gremios y sobre todo las organizaciones campesinas para que se busquen canales de diálogo y consenso, antes de llegar a los extremos de marchas, bloqueos de vías, y otras posibles perturbaciones. Más allá de quién tenga la razón respecto a si se están cumpliendo o no los compromisos asumidos en el Pacto Agrario, y cuál la efectividad de las políticas sectoriales para el campo que está desarrollando este Gobierno, lo urgente es evitar que al ya delicado tema de orden público se le sume uno de agitación social en los campos.