* Factores de violencia amenazan campaña proselitista
* Urge una estrategia institucional más contundente
A seis meses y algunos días de las elecciones para escoger a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, la campaña proselitista empieza poco a poco a entrar en su fase más definitiva. Candidatos y precandidatos se toman las calles y empieza el alineamiento político y ciudadano con las distintas opciones que se disputarán el favor popular en unos comicios en los que estará el juego el mapa de poder departamental y municipal.
Desde hace algunos meses se han venido prendiendo, de forma cada vez más insistente, las alarmas en torno a cómo los fenómenos de violencia local y regional comienzan a amenazar la contienda proselitista. Ese creciente deterioro de las condiciones de seguridad y orden público, sobre todo por el accionar del Eln, los grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto impacto, así como carteles del narcotráfico, minería ilegal y otras facciones de delincuencia común y organizada, ha dado lugar a varios campanazos.
Por ejemplo, en la más reciente cumbre de gobernadores, que se llevó a cabo en Quindío, los mandatarios seccionales advirtieron sobre el alto riesgo de interferencias de los actores violentos en el arranque de la contienda proselitista. Incluso urgieron del Ejecutivo una revisión del nivel de cumplimiento de los cese el fuego que suscribió con grupos subversivos y bandas criminales en el marco de su política de paz, esto con el fin de verificar las múltiples denuncias sobre la persistencia de sus actividades ilegales y actos de afectación e intimidación a la población civil en muchas zonas del país.
La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría también han alertado sobre este clima complicado en muchos departamentos y municipios que impide un normal desarrollo de la campaña. Los informes de la Misión de Observación Electoral, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y otras instancias de análisis y monitoreo no gubernamentales también dan cuenta del aumento de casos de amenazas, hostigamientos, atentados e incluso homicidios relacionados con violencia política. Ya varios partidos y movimientos significativos de ciudadanos han llamado la atención de las autoridades y la Fuerza Pública en torno a la necesidad de contar con medidas de protección para sus candidatos y directivos en determinadas zonas en donde se vislumbra un alto nivel de riesgo para la actividad proselitista.
Ayer se puso en marcha la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que no solo debe hacer un diagnóstico periódico del avance de la campaña, sino tomar las medidas precautelativas para evitar que los violentos y los corruptos continúen maniobrando para sabotear o influir de manera ilícita en la competencia democrática para renovar los ejecutivos y legislativos territoriales, el próximo 29 de octubre.
El Ministerio del Interior, la organización electoral, la cúpula de la Fuerza Pública, los entes de control y vigilancia, así como los delegados de los partidos y movimientos políticos analizaron el cúmulo de denuncias sobre los peligros que están rodeando la actividad proselitista. Se elaboraron los respectivos mapas de riesgo electoral departamento por departamento, estableciéndose que, por el momento, hay 90 municipios en situación de alerta, pero en tres semanas se tendrá un diagnóstico más preciso. Por ahora, Chocó, Norte de Santander y Meta son algunas de las zonas en donde más alarmas tempranas están encendidas.
Si bien es cierto que no se ha tomado decisión alguna en torno a la necesidad de trasladar puestos de votación o tomar otro tipo de medidas más complejas, es claro que la situación es preocupante. Más aún porque no solo está el peligro de que actores armados traten de infiltrar o interferir directamente en la campaña, apoyando o vetando candidatos o condicionados sus actividades políticas, sino porque hay denuncias ya del riesgo de financiación ilegal, trasteo de sufragantes, inscripción anómala de firmas y otros delitos contra la transparencia del sufragio. En medio de un auge de rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería criminal, esta circunstancia no se puede desconocer ni subdimensionar.
Como es apenas obvio, ayer todas las autoridades que asistieron al Comité de Garantías Electorales se comprometieron a trabajar para que la contienda y la jornada del 29 de octubre se realice dentro de un marco pacífico, democrático y transparente. Para ello se adoptarán prevenciones desde ya en materia de organización electoral, vigilancia judicial y accionar de la Fuerza Pública. Sin embargo, resulta evidente que sin implementar una estrategia interinstitucional más contundente, efectiva y con altos efectos disuasivos, el clima de la campaña continuará enrareciéndose y la posibilidad de una cita a las urnas con garantías reales será cada vez más complicada de concretar.