Si bien es cierto que la primera temporada invernal del año debe estar comenzando en abril próximo, la presencia del fenómeno de La Niña en el arranque de este 2025 ha incrementado el volumen de lluvias en estos dos meses. De hecho, ya el Ideam advirtió días atrás esta coyuntura, señalando que no menos de 21 departamentos se verán impactados por esta circunstancia meteorológica, en tanto que en los restantes primará el tiempo relativamente seco.

En vista de lo anterior, preocupa lo que se está denunciando desde algunas regiones, sobre todo en cuanto a que los presupuestos para atender las emergencias invernales son muy bajos e incluso han sido castigados por la crisis fiscal que arrastra el Gobierno Nacional Central.

En el Congreso también se han escuchado alertas al respecto e incluso se ha citado al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para que explique cómo está la entidad en materia de recursos para hacer frente a contingencias por inundaciones, deslaves, afectación de infraestructura de transporte, de los diques y jarillones, entre otros. También se requiere saber si hay dinero suficiente para la compra y entrega de mercados, víveres y otros apoyos a eventuales damnificados.

Ya la semana pasada, en el marco de la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en Villa de Leyva (Boyacá), hubo no pocas alertas al respecto. Algunos mandatarios seccionales se quejaron del poco apoyo desde el Gobierno Nacional Central a las emergencias más recientes. Por ejemplo, la titular de Sucre advirtió sobre la falta de atención a afectados por inundaciones en la región de La Mojana.

Otros gobernadores, a su turno, denunciaron que no les han respondido desde el Ejecutivo y los ministerios sus peticiones para acceder o comprar maquinaria amarilla que es clave para mantener habilitadas las vías que son escenario de derrumbes y otras afectaciones a la banca por cuenta de las intensas lluvias.

Por lo expuesto previamente, es urgente que desde el Gobierno nacional se active un plan de prevención, mitigación y reparación de daños producidos por la temporada invernal. Ya son muchas las alertas al respecto y no se percibe una reacción contundente del Ejecutivo frente a ello. Los entes de control, especialmente la Procuraduría, deberían intervenir de manera precautelativa para asegurar que dicha estrategia se active y financie adecuadamente. De lo contrario, iríamos rumbo a una tragedia anunciada.