* Blindar proceso de consulta previa
* Marco jurídico a principal locomotora
Si hay un tema de moda en materia económica en Colombia ese es, precisamente, el minero. Todos los días hay noticias y debates al respecto, que van desde el siempre espinoso tema de la carga tributaria sobre esta actividad, pasando por la controversia sobre cómo mitigar su impacto ambiental, hasta terminar en las nuevas posibilidades de inversión y el monto de divisas que está reportando la que es, sin duda, la locomotora más dinámica del Gobierno.
En medio de todo ese maremagno de hechos y noticias ha quedado claro que uno de los asuntos más urgentes es la necesidad de tener un marco jurídico claro, coherente y moderno. Es allí en donde se impone como tema principal un Código Minero. Como se sabe, en 2010 fue aprobada una legislación en ese sentido en el Congreso pero el año pasado la Corte Constitucional la declaró inexequible por falencias en la instancia de consulta previa. Aún así, el alto tribunal permitió un plazo de dos años para que se presentara otra ley al respecto, plazo que está corriendo aceleradamente.
Según el cronograma de la Casa de Nariño, en abril comenzará el proceso de socialización de los alcances del proyecto de Código Minero con los resguardos indígenas y las organizaciones que llevan la vocería de las comunidades de raza negra. No puede existir en esta instancia ningún tipo de error o vacío que luego pueda ser utilizado por los enemigos de la reglamentación de esta actividad para demandar por vicios de forma y fondo la eventual ley y forzar un nuevo fallo de inexequibilidad.
Sólo si ese proceso se blinda al cien por ciento será posible que cuando arranque la tercera legislatura, es decir, a partir del 20 de julio, la iniciativa legislativa pueda ser radicada e inicie un trámite parlamentario que, desde ya, se vislumbra muy complicado dadas las implicaciones económicas, sociales, tributarias, políticas, ambientales, regionales e institucionales de la actividad minera en Colombia.
Confeccionar el Código no ha sido nada fácil, pues la norma proyectada deberá ser lo suficientemente puntual para erradicar la minería ilegal y la especulación, corrupción y desorden con los títulos de exploración. Igualmente la iniciativa tiene que elevar los requisitos técnicos, de desarrollo sostenible, tecnologías limpias y capacidad económica a las empresas que estén interesadas en contratos de concesión. También deberá dotar al Estado de herramientas para declarar la caducidad de éstos cuando sea evidente el incumplimiento de normas fiscales, ambientales o laborales. No menos importante será el esquema para la formalización de la minería artesanal y el fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa sectorial de las cuales dependen miles de familias a lo largo y ancho del país.
Si bien es cierto que en el último año y medio se han tomado medidas de fondo para ordenar esta actividad, como el plan de descongestión de solicitudes de títulos mineros, las nuevas normas para tramitar y autorizar licencias ambientales, los fuertes operativos contra operaciones ilegales de extracción y la creación de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, urge que antes de terminar 2012 el país cuente con un Código Minero moderno y eficiente, pues Colombia aspira a producir este año 97 millones de toneladas de carbón y la meta en oro supera las 56 toneladas. En materia tributaria el impacto tampoco es menor: el año pasado este sector pagó más de 900 mil millones de pesos en impuesto de renta y generó regalías por 1,6 billones de pesos. De igual manera emplea de manera directa a más de 200 mil personas y el triple en forma indirecta.
Como se ve, la necesidad de que el Código Minero arranque su largo y complicado trámite no da espera, y la etapa de consulta previa será uno de las más delicadas, lo que obliga a brindar todo el proceso para que se evite hasta el mínimo error.