Una vez más la puja salarial está sobre la mesa. Hoy arrancan las sesiones de la Comisión Tripartita que debe definir el aumento del sueldo básico para el próximo año. Se trata de una decisión clave, pues el porcentaje de reajuste marca toda la escala de remuneración en Colombia e incluso jalona, ya sea por efecto legal o simplemente por costumbre económica, los aumentos anuales en otra clase de productos, bienes y servicios. Esto sin desconocer que algunos estudios sostienen que hoy son más los trabajadores que devengan menos del llamado “mínimo” y que éste dejó de ser una referencia clave si se tiene en cuenta que más de siete millones de personas laboran en lo que popularmente se conoce como “rebusque”, en donde los ingresos son muy variables e incluso atados a los ciclos estacionales productivos o los picos de demanda.

Los elementos objetivos de esta nueva discusión son varios. En primer lugar es claro que la inflación se encuentra controlada y prueba de ello es que el viernes pasado el Banco de la República definió la meta para 2014 y la fijó en un 3 por ciento promedio. En segundo lugar, los sindicatos sostienen que gracias a reformas como la tributaria el costo de la nómina se ha abaratado, sobre todo por el cambio en materia de pagos de contribuciones parafiscales. Ello, según las centrales obreras, abre el compás para que se piense en un incremento sustancialmente mayor a la inflación, con el fin de recuperar el poder adquisitivo del salario que -sostienen- se ha perdido en la última década. Los empresarios, a su turno, alegan que si bien la economía se ha logrado mantener en un porcentaje potable de crecimiento del PIB, no se puede desconocer que la industria, el comercio, el consumo de hogares y otros indicadores clave del sector real presentan desempeños regulares. En ese orden de ideas, advierten que un aumento desproporcionado en el salario podría complicar el sendero de recuperación en el corto plazo.

Por su parte el Gobierno afirma que la definición del aumento salarial debe tener en cuenta que la política laboral está dando resultado, y para comprobarlo pone sobre la mesa el hecho de que la tasa de desempleo ahora esté en 7,8 por ciento. Igual desde la academia, el Congreso y los centros de estudios económicos se insiste en que hay elementos que deben ser analizados a fondo como la propuesta de fijar montos de salarios mínimos regionales o hasta eliminar la existencia de una tasa oficial de remuneración mínima, pues ésta muchas veces impide la formalización laboral.

Y a todo lo anterior debe sumársele el hecho de que estamos en plena campaña electoral y la posibilidad de que se politice la discusión salarial es muy alta.

Por ahora es evidente que las posiciones de las partes en la Mesa de Concertación están alejadas por varios puntos porcentuales. Sin embargo, debe insistirse en que haya una concertación o, si es necesario acudir a definir el aumento por la vía del decreto, que el reajuste fije un punto medio entre las expectativas de trabajadores, empresarios y sindicatos.