Lupa a áreas metropolitanas

Una figura desaprovechada

Cuando el país se apresta a elegir en un poco más de tres meses a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que regirán los destinos seccionales y locales desde enero de 2016, uno de los temas más recurrentes en los discursos de los candidatos, sobre todo a los dos primeros cargos, ha sido el de las dificultades para la integración con las poblaciones vecinas, más aún en momentos en que sistemas como el de la distribución e inversión de las regalías privilegian la financiación de obras y programas de amplio espectro, que tengan un efecto macro sobre una región, más que sobre un municipio o ciudad en particular.

En medio de ello uno de los temas que genera debate, sobre todo en las capitales departamentales y ciudades de alto desarrollo es, precisamente, el de las áreas metropolitanas y su verdadera utilidad. De acuerdo con la Ley 1625 de 2013, que expidió el régimen de funcionamiento de estas instancias administrativas y modernizó todo su andamiaje jurídico, un área metropolitana es una entidad de derecho público, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional, prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. En el país existen hoy por hoy 10 de estas áreas, entre ellas las que funcionan en el Valle de Aburrá, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Centro Occidente y Valledupar.

Quienes defienden la utilidad de estas áreas sostienen que en realidad se trata de una figura que ha sido desaprovechada en nuestro país, cuando precisamente la teoría administrativa moderna va en la dirección de privilegiar cada vez más los proyectos y desarrollos del concepto de ciudad-región. Aducen, por igual, que está comprobado que los proyectos de amplio espectro que más funcionalidad tienen son, precisamente, aquellos que tienen un campo de aplicación que no se restringe por pulsos territoriales y jurisdiccionales entre pequeñas entidades. Y, por último, afirman que si bien algunas de las actuales áreas metropolitanas no han sacado provecho de todo su potencial, es claro que si se aplican al nuevo marco legal del Estatuto de Desarrollo Territorial así como a la mencionada Ley 1625, pueden acceder de forma más rápida y eficiente a los presupuestos multisectoriales y multimodales que se canalizan a través de los ministerios y otras instituciones del orden nacional y descentralizado para el desarrollo regional ordenado y objetivo.

En la otra orilla se ubican los críticos de las áreas metropolitanas, según los cuales el mayor flanco débil que estas entidades arrastran es, precisamente, que reúnen a entidades municipales de distinto tamaño, estructura administrativa y poder presupuestal, lo que genera un desequilibrio en la práctica, pues es claro que, sobre todo las que se forman alrededor de capitales departamentales, la ciudad más potente termina imponiendo criterios e intereses propios. Y, también, ocurre lo contrario: que los municipios de menor capacidad financiera aspiran a que la población núcleo sea la que haga el mayor esfuerzo en materia de recursos y termine prácticamente que cofinanciando a sus socios más pequeños. Como último y principal pero, sostienen que aunque en teoría este tipo de consorcios administrativos deberían funcionar y tener efectos positivos para la ciudad-región, en realidad las rivalidades políticas, económicas, sociales, electorales e institucionales que distinguen a muchos de nuestras administraciones municipales o distritales, impiden que estas áreas funcionen como debe ser. Prueba de ello, por ejemplo, se da en sistemas como los de transporte masivo o integración vial, en donde lamentablemente la extensión de rutas, troncales, autorización de empresas y otros elementos propios de la actividad transportadora chocan fuertemente de un municipio o ciudad a otro u otra.

De otro lado, hay expertos en desarrollo territorial que consideran que en realidad las áreas metropolitanas como entidad integradora han perdido atractivo frente a otras como la de las Regiones Administrativas de Planeación Especial (RAPE), que permiten la asociación de ciudades y departamentos, o la misma preeminencia de varias capitales departamentales por tratar de convertirse en distrito.

Es claro, como se ve, que se requiere una reingeniería a las distintas figuras de integración y planificación intermunicipal que existen en el país. No parece clara la estratificación de cada una de ellas, como tampoco la posibilidad de coordinar los trabajos y metas comunes entre áreas metropolitanas, distritos y RAPE.

En momentos en que el país se dispone a renovar los mandatarios seccionales y locales, este es un debate que se debe abordar de forma seria y profunda. De lo contrario, la parcelación administrativa en el manejo de lo público, derivada de un país que tiene más de un millar de municipios, seguirá dejando a muchas poblaciones rezagadas, pese a ser vecinas de otras con las cuales podrían concretar sinergias en beneficio de sus habitantes.