*No es lo mismo hacer leyes que empanadas

*El escudo nacional no tiene la culpa

No   es fácil hacer el balance de las actividades del Congreso en la legislatura que termina bajo la presidencia en el Senado de Roy Barreras y de Augusto Posada en la Cámara, si miramos el asunto por el número de leyes aprobadas se trata de 147 proyectos y de 84 leyes. Muchas de ellas presentadas por los legisladores, cuando existe la tendencia a que la mayoría de las leyes se presenten por cuenta del sector oficial, que tiene numerosos agentes a su servicio. Por lo que en tal sentido la actividad de los legisladores ha sido plausible, como lo señala Roy Barreras. Entre las leyes de las que  se ufanan los congresistas se destaca la  de Víctimas y el Marco para la paz, clave para las negociaciones en La Habana. Se omite hacer mención de los alcances de la reforma tributaria, que, entre otras cosas, establece  la legalización de capitales hasta noviembre, con un tributo del 10 por ciento, que se puede cancelar a largo plazo, con un porcentaje mínimo. Asunto fundamental para facilitar que los subversivos puedan blanquear sus fondos con miras a la paz negociada, lo mismo que otros sectores... El senador Barreras destaca entre varios de los logros los cambios a la Ley de Regalías. El senador sostiene en El Nuevo Siglo que se esforzó por hacerlo todo bien y cumplir a cabalidad sus deberes. Y se enorgullece de defender la familia colombiana, debido a las críticas que recibió por sus compromisos en ese sentido con elementos cristianos.

Muchas de las leyes que se aprobaron en el Congreso son extensas y cuentan con numerosos incisos, al punto que ni los ponentes recuerdan con exactitud su contenido. Habrá que esperar su paso por el tamiz de la Corte Constitucional, para conocer sus alcances, el lado positivo y negativo de las mismas. La eficiencia del Congreso, no se juzga por su número, como ocurre con una fábrica de empanadas al por mayor. En el caso de la reforma del sistema de salud subsisten las dudas en todos los sectores y se teme que se haya consagrado un híbrido. La impresión es que ninguno de los sectores a los que afecta quedó satisfecho. Habrá que hacer un análisis detallado de la misma en el futuro. El problema de la morosidad oficial en los pagos a los hospitales persiste, y habrá que ver si en la práctica bajan los medicamentos que hoy están por encima del mercado regional, como es el caso comparativo con Venezuela y el Ecuador, países en donde se consiguen por menor precio que entre nosotros, para no ocuparnos en el caso de Brasil, donde desde hace varias décadas han tenido una política nacionalista en materia de patentes y  precios módicos para los medicamentos. En el entendido que la salud del pueblo es lo primero que se debe preservar. Es de lamentar que en medicina preventiva avanzamos muy lentamente y no faltan las quejas de la sociedad por los cambios en cuanto a la tutela para obtener la atención médica. Las explicaciones que han dado los sectores oficiales, clínicos, médicos, jurídicos y los particulares, por ahora, son encontradas. Lo que resulta evidente a primera vista es que la bomba de la salud persiste, junto con los vacíos legales que facilitaron en el pasado los malos manejos, pese a la voluntad oficial por reformar a fondo el sistema, los intereses en contrario consiguieron influir en la voluntad del Congreso.

El representante a la Cámara y presidente de la misma, Augusto Posada, hace una serie de observaciones generales para El Nuevo Siglo, sobre lo que él considera más conveniente en cuanto al trabajo legislativo, que no debe medirse por la cantidad de leyes aprobadas, sino por su calidad y eficacia. Sostiene que: “estamos preparando al país para la paz y por eso se aprobó el Fuero Militar, porque les damos seguridad jurídica a los héroes de la patria, pero en ningún momento les damos una patente a la violación de los derechos humanos”. La parte final de su explicación sobre el apoyo al Fuero Militar es fútil e innecesaria, no se trata de hacerse perdonar por apoyar el Fuero Militar y es obvio que en ningún momento se plantea un fuero con impunidad.

En la misma edición de El Nuevo Siglo el senador Efraín Cepeda defiende una iniciativa sobre el cambio del escudo nacional, a raíz del fallo injusto de La Haya. El veterano senador y uno de los más activos y capaces del conservatismo se precipita a proponer mediante una ley que se borre del escudo nacional el canal de Panamá y se sustituya por el Archipiélago de San Andrés. Los países no cambian el escudo al vaivén de los pleitos internacionales. Los escudos son símbolos de la nacionalidad. Panamá es una continuación del territorio colombiano, hizo parte junto con nosotros durante tres siglos del Imperio Español, numerosas familias de Panamá y la Costa son del mismo tronco, profesamos las mismas tradiciones e ideales. Las guerras civiles y el sangriento desencuentro político, con más de 20 guerras civiles durante la vigencia de la Constitución de Rionegro, los impuestos centralistas abusivos, así como el fracaso de la obra del Canal con los franceses, más el intento de volver al sistema radical de Rionegro mediante la insurrección liberal, derivaron en sangrientos episodios bélicos en Panamá, país que desde lo geopolítico sigue siendo una extensión territorial, cultural y espiritual  de Colombia, por lo que debe seguir en el escudo como lo quisieron con buen juicio nuestros antepasados, con la esperanza de que un día por la vía pacífica y los acuerdos bilaterales podamos volver a estar juntos e integrados. Es increíble, no se hizo un debate en el Congreso sobre la pérdida de más de 70 mil kilómetros de mar por el fallo de La Haya, en tanto a contrapelo avanza el proyecto que apoya el senador Cepeda, que no nos va a restituir ni una gota de agua del mar que perdimos, y que podría ser hasta de mal agüero. Es de esperar que el senador, que es un valioso y prestigioso político, como el ponente de la iniciativa, senador Ramiro Chavarro, reflexionen y dediquen su talento e influencia a causas más positivas. El escudo no es una camiseta de quitar y poner.