* 29 de junio, fecha clave para comicios
* Alertas tempranas deben ser atendidas
La recta final para las elecciones regionales y locales de octubre está a punto de comenzar. La próxima semana, específicamente el 29 de junio, tendrán lugar cuatro hechos importantes dentro del cronograma de campaña. De un lado, vence el término para el registro de los comités de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y de comités independientes promotores del voto en blanco. De igual manera se suspenderá la incorporación de cédulas al censo electoral, pero lo más importante, sin duda, es que inicia el período de un mes para la inscripción de candidatos y listas de aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales. Por último, pero no menos trascendental, esa misma fecha empieza a regir la Ley de Garantías Electorales que impone a los titulares de los gobiernos territoriales una serie de restricciones en materia de contratación, movimientos de personal, inauguración de obras y otras medidas que tienen por objeto evitar que desde los despachos oficiales se trate de intervenir en política proselitista.
Como se ve, tras varios meses de movimientos preliminares, bien se puede afirmar que el próximo jueves la contienda para definir el mapa político regional y local comenzará en firme. Desde algunos sectores se ha advertido que el movido escenario político de las últimas semanas, así como el accidentado cierre de la legislatura parlamentaria, los escándalos que han rodeado a la Casa de Nariño, el rifirrafe por el alcance de las reformas pensional, laboral y de salud, así como otras circunstancias coyunturales en materia política, económica, social e institucional, han focalizado la atención de la ciudadanía, quitándole escenario a la campaña electoral. Por lo tanto, se están multiplicando los llamados a que la población, en los departamentos y municipios, se empiece a interesar de forma más activa en conocer quiénes son los aspirantes a gobernarlos, cuáles son sus propuestas y la viabilidad de las mismas.
De igual manera, el inicio de la recta final coincide con un incremento de las alertas por parte de la Procuraduría, la Defensoría y otras entidades no gubernamentales en torno al preocupante clima de inseguridad y violencia que se está registrando en varias zonas del país, en donde se está denunciando que grupos armados ilegales, así como facciones de delincuencia común y organizada, están tratando de interferir en la campaña, ya sea vetando candidatos, con financiación ilícita o ejerciendo presión sobre la ciudadanía, especialmente en áreas rurales.
A ello hay que sumar que instancias como la Misión de Observación Electoral prendieron algunas alertas sobre casos de posible inscripción atípica de cédulas en algunas zonas, lo que podría conllevar el riesgo de trashumancia electoral.
Así mismo resulta evidente la explosión de candidatos que planean inscribirse a nombre de grupos significativos de ciudadanos, al punto que según el último informe de la citada Misión, con corte al pasado 26 de mayo, ya van más de 1.311 comités registrados, de los cuales casi el 80 por ciento son para alcaldías. Esto significa, entonces, que frente a los comicios de 2019 ya se está registrando un aumento superior al 15 por ciento en este fenómeno. No deja de llamar la atención que el incremento de los “candidatos por firmas” se de en momentos en que hay 34 partidos políticos que ya cuentan con personería jurídica, superando con creces el número de colectividades que eran reconocidas como tales hace cuatro años por el Consejo Nacional Electoral.
Corresponde a los partidos ser los primeros garantes de la asignación de los avales. También está bajo su tutela evitar que sus aspirantes violen la normatividad referida a la financiación de campañas, publicidad política o que incurran en cualquier otro delito contra el sufragio. Si bien es cierto que el proyecto de reforma política que cursaba en el Congreso se hundió tras ser viciado por las mayorías oficialistas y que el recién aprobado proyecto de reforma al Código Electoral no aplicará para los comicios de octubre, existe suficiente legislación para que la organización electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y demás entidades que hacen parte del Comité de Garantías Electorales puedan activar planes de contingencia que permitan una puja proselitista y una jornada de urnas con niveles potables de transparencia democrática.
Aunque los últimos cuatro meses de cara a estas elecciones trascendentales arrancan en medio de un escenario muy movido y con varias alertas a bordo, que deben ser atendidas oportunamente por las autoridades, lo importante es que la ciudadanía comience a participar, de forma decidida, en la competencia no sólo en su papel de electora, sino como veedora para denunciar a tiempo cualquier asomo de trapisonda, fraude o vicio en la escogencia de los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales.